Mucho se habla desde hace tiempo acerca de supuestas medidas y estrategias para lograr que cese el hacinamiento en las cárceles colombianas. Pasan los años, las décadas, los gobiernos y no pasa nada. Todo sigue igual o peor que antes, con presos que en su día a día no tienen las condiciones mínimas de salubridad, de higiene. No hay dignidad humana en su encierro que, tal vez merecido, solo debería significar perder el privilegio de la libertad, pero no su condición de ser humano.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, en 1996 se tenían en Colombia 44.398 prisioneros; en el 2012 eran 116.848, y actualmente hay 122.169. La población carcelaria sigue en aumento constante, mientras que la infraestructura carcelaria es prácticamente la misma de hace 30 años. Por eso, no resulta coherente que haya políticas tendientes a llevar más personas a las cárceles en lugar de buscar otras alternativas más consistentes para luchar contra el consumo de drogas, por ejemplo.

En el caso de Caldas, el problema no es menos importante: Hay 4 mil 28 personas presas donde solo caben 2 mil 851, un hacinamiento del 41,28%, sin que se tengan decisiones inmediatas que apunten a brindar alguna solución, y los planes de largo plazo no parecen concretarse. Desde la década pasada se habla de una nueva cárcel para el Eje Cafetero, que estará situada en Pereira, pero cuando esté lista solo podrá recibir 500 de los casi 1.200 que sobrepasan las cifras actuales. Es decir, en el mejor de los casos, resuelve menos de la mitad del problema.

Las autoridades celebran cada que pueden la creciente cantidad de capturas, gran parte de ellas correspondientes a delitos relacionados con estupefacientes. De hecho, una tercera parte de los hombres y mujeres que están presos en la región tienen esa causal en su prontuario. El peor caso de hacinamiento en Caldas es el de la cárcel de varones La Blanca donde su capacidad está desbordada en un 108,4%, con 726 internos más de su capacidad, que es para 670, y todavía hay 73 capturados más esperando un espacio en ese penal; de manera temporal están en la Estación Manizales.

Debemos recordar que hace dos años el sindicato de empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se negó a recibir más presos en la cárcel La Blanca de Manizales, donde en las condiciones actuales un espacio de 2,3 metros por 2,8 metros es compartido por cuatro reos, de los cuales una tercera parte están sindicados de diferentes delitos, a la espera de condena o absolución. El escenario presente es similar, o incluso peor al del 2017, y las posibilidades de lograr cambios favorables no se ven a la mano.

Lo más triste de esta historia sin fin es que nuestras cárceles no son para nada lugares de rehabilitación, sino que en la práctica son escuelas del crimen donde personas que cayeron allí por equivocación o por faltas menores encuentran un ambiente propicio para que sus conductas cambien para mal. Además, por el resentimiento que les genera tener que convivir en condiciones tan precarias con personas que no conocen y que en numerosas ocasiones matonean y maltratan a los que no tienen un carácter criminal propiamente, terminan cometiendo nuevos errores en lugar de corregirlos. Nos falta en Colombia una política criminal coherente y sensata que tienda a que en el futuro las cárceles se vuelvan lugares exóticos, ojalá despoblados, donde sus infraestructuras tengan otro destino diferente al castigo inhumano de hoy.