Desde tiempo atrás se viene pensando en la necesidad de hacer una reforma a la Policía Nacional. Sin embargo, la muerte del abogado Javier Ordóñez tras ser golpeado y atacado por dos policías con armas taser, y luego de la violenta reacción de los uniformados a un ataque de manifestantes, cuyo saldo fue 13 jóvenes muertos con armas de fuego en Bogotá y Soacha (Cundinamarca), el 9 de septiembre, puso en primer plano un asunto que hasta hace poco no era visto como una prioridad.
Desde diversos sectores se clama por una reforma estructural y operacional de la Policía para evitar que se repitan hechos tan graves como los de la semana pasada, y hasta el propio Gobierno nacional, aunque a regañadientes, dice tener una idea de reforma que está dispuesto a impulsar. Lo cierto del caso es que la brutalidad policial en el país, así sea expresión de una minoría en esa institución, es algo que requiere atención e interés del Ejecutivo, porque no hacerlo equivaldría a cohonestar con ese tipo de comportamientos censurables.
De ninguna manera puede permitirse generalizar acerca de las actuaciones criminales de algunos miembros de la Policía, como tampoco puede ignorarse que el ataque a los CAI y demás bienes públicos son acciones desmedidas que tienen que ser rechazadas con todo el vigor por la ciudadanía. Sin embargo, un enfoque de este tipo tampoco puede identificarse con quienes piensan que las cosas están bien en esa institución; es importante aplicar los remedios oportunos a las irregularidades que hay antes de que la situación pueda descarrilarse y resulte más difícil aplicar soluciones.
El hecho puntual de que 13 personas hayan muerto por balas oficiales y que otras 67 hayan quedado heridas por esas mismas armas de fuego explica que la Policía debe ser reformada desde sus raíces. Algo está fallando en la selección, formación y entrenamiento de los agentes, hay un evidente desenfoque frente a la defensa de los derechos humanos y, a la luz de las diversas denuncias que aparecen por presunto abuso de autoridad, pareciera que el hecho de hacer parte de las Fuerzas Militares le haya quitado la identidad que debería tener como cuerpo civil. También es fundamental que las investigaciones internas tengan resultados, porque ser tolerantes con los abusos termina generando una cultura que promueve, así no sea su intención, la brutalidad policial.

Estas situaciones anómalas también expresan de manera elocuente que cuerpos especiales como el Esmad son los llamados a intervenir en momentos en que reine la anarquía y la acción vandálica, para que haciendo uso de métodos fuertes, pero no letales garanticen de mejor manera el orden público. Poner a los agentes de la Policía ante estas revueltas, sabiendo que no están entrenados para esos choques y en cualquier momento pueden echar mano de sus armas de dotación, como ocurrió, es algo que tiene que estar por encima de los protocolos vigentes; para eso se requiere un cambio estructural, sea por vía de doctrina o su paso del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, por ejemplo.