Algo está fallando en el control para que se presente un nuevo caso de manipulación de los recursos del Estado por una funcionaria que termina apoderándose de millonarios dineros. En esta oportunidad el caso se presenta en la Personería de Manizales, en donde la directora financiera venía cometiendo un fraude continuado, al parecer, desde hace cinco años. Aunque el asunto por fin se identificó y empiezan las investigaciones, lo que se tendrá que revisar es si hace falta mejorar el nivel de los controles que se hacen en estas dependencias que manejan su propio presupuesto.
Esto lo decimos porque debemos recordar casos similares de pagadores o tesoreros o encargados de las finanzas que terminan apoderándose de los recursos públicos no son nuevos. Nos acordamos de lo sucedido en administraciones anteriores en entidades como Assbasalud y como el Instituto de Cultura y Turismo -entre los más sonados-, en donde también se registraron defraudaciones continuadas, que ocurrieron, y que no lo advirtieron las personas encargadas de haberse dado cuenta. Con esto los problemas escalan a defraudaciones millonarias.
También vale la pena preguntarse en dónde está la Contraloría y cómo funcionan los controles internos de todas las dependencias. Si una empresa privada cuenta con la revisoría fiscal para advertir de este tipo de hechos, por qué en lo público los mecanismos similares no funcionan. Hay una responsabilidad por la falta de rigor en las auditorías o por no ser más asertivos en la forma en que se realizan los controles. La confianza depositada en las personas que manejan el presupuesto o que tienen acceso a las cuentas públicas no debe brindársele de tal forma que se abandone el control de tutela que le asiste al nominador.
Es necesario que los ciudadanos estén tranquilos de que el dinero de sus impuestos se maneja bien. Hay corrupción tanto de quienes se apropian de multimillonarios presupuestos como de quienes se quedan con recursos que no alcanzan los niveles de los grandes escándalos del país. Manejar lo público entraña una doble responsabilidad, no solo la de cumplir la función para la cual se fue designado, sino que conlleva además la obligación de hacerlo con probidad. Recuperar la confianza en lo público debería ser una meta de todo funcionario, para que la ciudadanía pueda creer de nuevo en quienes nos gobiernan y administran los recursos.
El caso sucedido en la Personería de Manizales debe ser investigado con todo el rigor y se tienen que identificar las causas de él, además de llegar a quienes son también responsables, sea porque hayan tenido complicidad, si es que la pudo haber, o sea porque dejaron de hacer el control que les corresponde. Para que durante casi cinco años se haya dado tal apropiación de recursos públicos sin que hubiera sido advertida, es porque alguien no estaba haciendo lo que le correspondía, el control de tutela o de revisoría posterior. Y eso es lamentable, no puede ser que cada tanto tiempo aparezca un nuevo escándalo de este tipo en entidades con autonomía presupuestal. La Contraloría tiene la palabra y sirve de advertencia para los gobernantes que están por posesionarse que identifiquen este tipo de situaciones y les pongan coto de una vez.
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