$314 billones es el presupuesto que el Gobierno Nacional tiene previsto para el 2021, un aumento cercano al 8,3% con respecto al que se ejecuta este año, con los más recientes ajustes y adiciones. El Congreso de la República comenzará el respectivo debate, que promete ser intenso, ya que allí se establece un incremento considerable de la deuda pública y poder así sostener los distintos programas para atender la emergencia de covid-19. Además, se busca que haya una inversión significativa en proyectos que apuntan a la reactivación. De $52,8 billones de inversión (que se incrementa en un 10% con respecto al año pasado) $4,3 billones irán directamente a la recuperación de la economía.
Así, las obras de infraestructura que demandan una buena cantidad de mano de obra deben tener impulso. También se tendrá que seguir apoyando a los sectores productivos que han resultado más golpeados durante la actual emergencia, fortalecer las estrategias para la protección del empleo y dar alivios a las poblaciones más vulnerables. Las inversiones en vivienda, transformación digital y transición energética también son clave en las circunstancias actuales. El apoyo al sector agrícola, que es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, y que tiene perspectivas positivas para el mercado exterior, debe ser prioritario.
La deuda, sin embargo, se llevará una gran tajada del dinero y todo indica que hacia el futuro seguirá en alza. Serán $76 billones para la deuda, lo que significa un incremento del 41,6% con respecto a la actual vigencia. Habrá que ser muy eficientes en la ejecución de este presupuesto, para que no solo se haga todo lo que está previsto en las partidas, sino para que se cuente con las fuentes necesarias de financiación, tomando en cuenta que hay asuntos fiscales que se verán golpeados como efecto de la pandemia. La venta de activos también tendrá que analizarse muy bien, de tal manera que solo se salga de lo que es improductivo en lo público.
Hay que ser muy responsables en el equilibrio que debe tener este presupuesto, ya que tiene que garantizarse que habrá cómo pagar las deudas asumidas, sin poner en riesgo el futuro de las finanzas públicas. Los esfuerzos tendrán que doblarse para asegurar los recaudos de impuestos, que todos aquellos que evaden o eluden sus obligaciones tributarias sean obligados a realizar sus aportes al fisco. Debe lograrse que una vez superada la emergencia de salud el país pueda volver a crecer a un buen ritmo, y con mayor equidad. Para finales de este año se estima un decrecimiento de 5,5% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, y hay que aspirar a que al final del 2021 haya una compensación a esa caída.
El Congreso de la República tiene la responsabilidad de dar un debate muy serio y profundo a este proyecto, pensando en que a la vez que se necesita que la economía se recupere rápido, se ataquen la pobreza y las desigualdades. Una situación como la que estamos viviendo, necesita del compromiso del Estado en pleno y de la sociedad para que Colombia pueda retomar rápidamente el rumbo del desarrollo con bienestar para todos.
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