Problemas con la transparencia

La Ley 2013 del 2019, mejor conocida como la Ley de Transparencia, establece como obligatorio que los servidores públicos publiquen sus declaraciones de bienes, renta y conflictos de interés en el momento en que se posesionan en un cargo, con el fin de que los ciudadanos verifiquen que a su salida de la administración pública no haya incrementos en sus patrimonios personales que no cuenten con respaldo y justificación. En Caldas, solo 9 de los 27 alcaldes municipales ingresaron sus datos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
 Razón tienen organismos de control político y veedurías ciudadanas al exigir que quienes no lo hayan hecho empiecen a cumplir lo dispuesto en la norma y que, en aras de una democracia más fuerte, abierta y participativa, que cumpla los principios de transparencia y publicidad, se pongan al día y no evadan esta responsabilidad. En este caso vale la pena reconocer que solo los alcaldes de Aranzazu, Salamina, Manizales, Supía, Palestina, Aguadas, Marquetalia, Victoria y Neira cumplieron con ese propósito de manera oportuna, y es lamentable que lo demás mandatarios, lo mismo que los secretarios del gabinete departamental tampoco lo hayan hecho.
 Resulta llamativo que, como lo señala la Corporación Cívica de Caldas, en la Gobernación se haya notado diligencia a la hora de publicar el año pasado las declaraciones de los funcionarios en la página web oficial, pero que no se haya hecho lo mismo en la plataforma del SIGEP, donde se exige por ley. Hay que valorar de mejor manera el control social que deben hacer los ciudadanos a los funcionarios públicos, para que la transparencia no se quede solo en discursos, sino que realmente corresponda a una cultura, una costumbre que se arraigue y se convierta en una práctica cotidiana.
 Una actitud proactiva en el sentido de mostrar de manera clara el patrimonio con el que se llega a un cargo, y el que se tiene cuando se sale de él debería ser algo natural, de iniciativa de los mismos funcionarios. Comportamientos diáfanos en este sentido no pueden ser escudados en supuesto olvido o desconocimiento de lo que debe hacerse, cuando es evidente que es un asunto de negligencia. Lo que ocurre en Caldas es una muestra de lo que pasa en el resto de Colombia, donde según la Función Pública solo el 32,4% de los alcaldes, el 25,9% de concejales y el 55,3% de los diputados hicieron el registro de manera correcta.
 
En un país como el nuestro, en el que infortunadamente tenemos tantos problemas de corrupción, el hecho de que los funcionarios públicos pasen por encima de la Ley de Transparencia y traten de evadir lo ordenado en ella deja la sensación de que hay mucho por esconder. Como sociedad tenemos el gran desafío de cimentar pronto una cultura de la transparencia que resulte espontánea, bajo la lógica de que quien llega al Estado debe ser un servidor público en la dimensión exacta de esa expresión, y por tanto, estar dispuesto rendir cuentas y actuar sin ocultamientos como una conducta natural y propia de su misión.