Un fallo demorado y traumático

Manizales solo tendría 11,33 hectáreas de suelo para expandirse en el futuro, de acuerdo con el dictamen del Juzgado Quinto de Manizales que declaró la nulidad del artículo séptimo del Acuerdo 573 del 2003, correspondiente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de esa época. Es un fallo que llega después de 16 años y que genera dudas acerca de lo establecido en el nuevo POT aprobado hace dos años, donde las zonas de expansión de El Rosario y del Kilómetro 41 fueron consideradas vigentes.
Este pronunciamiento también tendrá efectos alrededor de la zona de expansión de La Aurora, donde se desarrolla el polémico proyecto de Tierraviva, el cual se encuentra suspendido por varias medidas cautelares, a la espera de que se resuelva de fondo una acción popular que pide cerrar la posibilidad de que ese lugar pueda intervenirse para construir. La determinación de primera instancia se basa en supuestas irregularidades en la expedición del POT 2003, al no considerarse otras normas que debieron tomarse como fundamento y al no existir pruebas de estudios técnicos y de una consulta ciudadana que debió convocarse para cambiar el POT del 2001.
Puede ser que desde lo jurídico haya argumentos para la reciente decisión, eso es algo que deberá analizarse, pero genera muchos traumatismos la extemporaneidad del fallo. ¿Cómo puede explicarse que pasen tantos años, en los que incluso se emite un nuevo POT siguiendo todos los procedimientos legales, y que se genere ahora una sensación de inseguridad jurídica que causa gran daño al propósito de desarrollo de la ciudad? ¿A este ritmo, cuánto más habrá que esperar para conocer el final del conflicto que se ha dado alrededor de la reserva de Río Blanco? La celeridad y oportunidad con la que debería actuar la justicia no se cumplen y causan nuevas incertidumbres que opacan el progreso.
Desde instancias de la Administración Municipal ya se anunció una apelación al dictamen del Juzgado Quinto, lo cual nos parece pertinente. Es un trámite que debe hacerse de la manera rápida, para evitar que siga pasando el tiempo sin que haya definiciones totales de este caso. No es conveniente que se amplíe el limbo en el que nos encontramos; tenemos que poder desatar este nudo gordiano y recuperar la sensatez en un asunto tan vital para Manizales.
Sin más demoras se necesita claridad acerca de la validez total de lo establecido en el POT del 2017, ya que hay planes parciales aprobados en las zonas de expansión que no tenían reparos hasta ahora, y que deben ser respetados. Esas autorizaciones gozan de presunción de legalidad, gracias a que fueron tramitadas siguiendo todos los parámetros de ley. Si bien es necesario acatar lo dispuesto por la autoridad judicial en este caso, resulta urgente que en un fallo de segunda instancia, que deberá emitir el Tribunal Administrativo de Caldas, se aporten las claridades necesarias, sin más dilaciones. Estos organismos de justicia deben actuar con mayor eficiencia, sin dar más largas. Ya muchos inconvenientes se generan con tanta paquidermia.

Si hay coherencia en el dictamen, en el sentido de referirse a lo ocurrido en el 2003, las zonas de expansión aprobadas en el POT del 2017 no deberían sufrir ninguna alteración, por ser precisamente el nuevo POT un remplazo del que fue cuestionado. Lo anulado ahora no debería tener efectos, ya que el actual POT ya había anulado lo actuado en el 2003. Aunque las zonas de expansión de El Rosario y Kilómetro 41 son alejadas del actual casco urbano de Manizales, no contar con ellas limitaría demasiado las posibilidades de crecimiento de la capital caldense, algo que no se compadece con la importancia de nuestra ciudad y que frenaría las posibilidades de desarrollo.