Una sensata lucha contra las drogas

A pocos días de que el Colegio Electoral de los Estados Unidos proclame al demócrata Joe Biden como nuevo presidente de ese país, la Comisión sobre Política de Drogas del Congreso estadounidense publicó su informe acerca de cómo combatir el tráfico de drogas allí y en toda América Latina. Este organismo bipartidista dedica un capítulo a la situación de Colombia, en el que no solo se refiere a la persecución de los carteles de narcotraficantes, sino también a la problemática social que implican los cultivos de coca y de marihuana en nuestro país.
En ese sentido, y dando con ello un espaldarazo al Acuerdo de Paz con las Farc, se afirma allí que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los que los exguerrilleros trabajan hacia rumbos legales, se deberían replicar en diversas regiones de Colombia en donde se tienen problemas con la siembra de cultivos ilícitos. De hecho, pide formular una estrategia que integre la interdicción de drogas, la seguridad y el desarrollo alternativo en un enfoque integral y focalizado que aborde las necesidades específicas de las comunidades afectadas por organizaciones criminales.
Como parte de la cooperación entre los dos países, esa comisión aconseja convocar una conferencia internacional con representantes de otras naciones donantes, organizaciones multilaterales y el sector privado para coordinar esfuerzos que ataquen las raíces del problema en comunidades hoy intimidadas por los carteles, y apoyar a los excombatientes en la construcciòn de proyectos de vida consistentes para que no regresen a las actividades criminales. En ese sentido, la ruta de la erradicación en acuerdo con los campesinos es la recomendada, lo mismo que la destrucción de laboratorios y el bloqueo a los precursores químicos más que el ataque a los cultivos como se hace ahora. El nuevo camino sería más rentable y más efectivo para golpear las finanzas de las mafias.
En ese sentido, los recursos de la cooperación deben orientarse más a la construcción de carreteras en las regiones apartadas en las que reina la coca, para proporcionar empleo inmediato mientras se afianzan los esfuerzos a más largo plazo, orientados a que los campesinos sustituyan los cultivos. De igual manera, y en consonancia con lo planteado en el Acuerdo de Paz, recomienza avanzar más rápido en la titulación de tierras, que es el primer paso para la reforma rural integral que está planteada.
Este informe da un viraje al propósito del Plan Colombia y apunta más al Paz Colombia que surgió en el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde luego que, en el libre ejercicio de la soberanía y el bienestar del país, la administración del presidente Iván Duque debe analizar qué aplica y qué no de esas recomendaciones. Lo cierto es que está demostrado que el esquema de lucha contra el narcotráfico que se viene aplicando desde hace cinco décadas fracasó, y es fundamental avanzar por un camino que además de golpear a las mafias fomente el desarrollo económico y social de Colombia.

De hecho, los Estados Unidos ha gastado 11.600 millones de dólares en dos décadas tratando de eliminar el tráfico y la producción de drogas ilícitas en Colombia, pero los resultados son precarios. Ese dinero invertido de la manera en que ahora se recomienda podría arrojar mejores resultados en una más sensata lucha contra el narcotráfico en nuestro país.