De 100 tutelas a EPS en Caldas, 60 terminan en desacato

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

El derecho más invocado el año pasado en Caldas fue a la salud. De acuerdo con el reporte que entregó el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, de las 35 mil 829 tutelas que interpusieron, el 18% fue por esta causa, le siguen, los derechos a la vida y a la seguridad social con un 15%.

Lo que más preocupa, según la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, es que el 98% incumple, porque las EPS esperan a que les tramiten el incidente de desacato y expone que de 100 tutelas que falla un juez, 60 terminan en el desacato.

Paula Castillo, encargada de tutelas en la Dirección Territorial de Salud de Caldas, explica que no es que se esté incumpliendo, sino que hay un represamiento más que todo en medicamentos porque los prestadores no dan a basto para hacer una entrega oportuna. “Interponen la tutela y cuando sale deben esperar al menos una semana para el suministro, pero los usuarios no esperan y entonces interponen el incidente de desacato”.

Tendencia

Tras comparar los periodos 2017 y 2016 se mantiene una tendencia respecto a las más demandadas por los ciudadanos en Caldas: Asmet Salud, Salud Total, Salud Vida, Nueva EPS y Medimás (que remplazó a Cafesalud). No obstante, Salazar percibe que ha habido más diligencia de dos EPS: Medimás, que redujo las quejas y da mayor respuesta y cobertura y Coomeva, que ha mejorado su gestión.

El informe también destaca un incremento en las quejas contra las EPS Asmet Salud y Salud Vida, “derivados de problemas administrativos y financieros que vienen presentando”.

Para reducir el número de tutelas, José Norman Salazar, director del Centro Nacional de Derecho Médico, propone que a las EPS hay que exigirles una red local completa y buscar mecanismos que eviten que cualquier dificultad termine en tutela.

En esa dirección, la magistrada María Eugenia López habla sobre la Oficina de gestión de tutelas en el Palacio de Justicia. Consiste en que cada EPS tenga un representante con poder de decisión, para que dé solución a los usuarios antes de interponer la tutela. Esto, asegura, dará una respuesta rápida a los usuarios, ganan las instituciones tuteladas y se beneficia la rama judicial porque dará más tiempo a los jueces para dedicarse a lo fundamental, los procesos.

Primeras

En cuanto al registro en los primeros lugares de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) en el 2016 y la Supersalud en el 2017, la explicación de la magistrada López se sustenta en que tanto jueces como magistrados incrementaron el numero de vinculaciones para la Superintendencia Nacional de Salud, como una medida para iniciar investigaciones ante la vulneración constante del Derecho fundamental a la Salud.

Entre tanto, el director de la DTSC, Gerson Bermont Galavis, manifiesta que por ser un ente rector siempre será objeto de vinculación de EPS e inclusive de IPS.

Sobre los señalamientos que hace Asmet Salud (Ver recuadro Territorial no paga), añade que el dolor de las EPS y que cree que es justificado, es que los jueces ordenan suministrar el tratamiento integral, incluido lo No POS y que éstas tienen que suministrarlo y recobrarlo al ente territorial.

“La DTSC le debe a Salud Vida casi $35 millones y a Asmet Salud por lo menos $156 millones. El año pasado a esta última le pagamos $1.372 millones de atenciones No POS”.

Bermont concluye que a los jueces les han dicho que los vinculen de acuerdo con las competencias, pero que ellos en su defensa del usuario lo que garantizan es la prestación del servicio de forma integral.

Territorial no paga

Ana María Correa, directora regional de la EPS, sostiene que el 89% de las tutelas del 2017 es por No POS. “Nos están sancionado, pero la responsabilidad recae es en la Territorial de Salud de Caldas. Mientras el juez sanciona a la EPS, nosotros hacemos el trabajo adecuado, pero como la Territorial no le paga a nuestro proveedor de medicamentos, es difícil que hagamos la entrega efectiva. Además, la Territorial cuando responde las tutelas no asume su responsabilidad como ente de pago y casi siempre arremete contra las EPS. En algunos casos nosotros pagamos y al recobrar a la DTSC, no paga”.

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Solo en el 2017 se interpusieron 6 mil 352 tutelas por la vulneración al derecho a la salud, un 4% menos que en el 2016.