LA PATRIA | MANIZALES

En 10 días, al menos 12 mil internos saldrían de las cárceles del país, beneficiados con la Ley 1786 del 2016, que les otorga la libertad a aquellas personas a las que no se les ha resuelto su situación jurídica. La norma se prorrogó por un año, pues debía arrancar el pasado 6 de julio.

Según Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez, secretario de Gobierno de Caldas, en el Departamento, en este momento, se beneficiarían 342 personas de las diferentes cárceles. Sin embargo, desde esta semana la Fiscalía iniciará un proceso para evitar que eso se dé y bajar la cifra, al menos, a 30 detenidos.

En diálogo con Colprensa, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó: “Sin atender la realidad procesal del país, se establecieron normas en las que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año. Eso va a dar lugar a excarcelaciones masivas".

Efectividad

Reiteró que las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año. "Al menos 100 mil audiencias están represadas por cuenta de la falta de alternativas del sistema judicial".

Ni Inpec, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Judicatura cuentan con cifras actualizadas de los internos que saldrían, los delitos que van a ser cubiertos por la norma, ni los penales que tendrían que abrir sus puertas para las excarcelaciones.

"Si bien hay personas esperando por un juicio, ellos no deben cargar la crítica situación que padece la justicia”, precisó el exministro de Justicia, Yesid Reyes.

Dos datos

• La Ley se creó para evitar que inocentes paguen días y hasta años de cárcel sin que sean sentenciados como culpables o inocentes.
• Por cuenta de privaciones injustificadas de la libertad, el Gobierno ha tenido que enfrentar demandas que rondan los 45 mil millones de pesos.

Quiere la libertad

Ubaldo de Jesús Velásquez Henao permanece hace 28 meses en el patio Uno de la Cárcel La Blanca. Lo sindican de homicidio, tentativa de homicidio, venta de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

Lo señalan de hacer parte de la banda delincuencial Los R6, al mando de alias Jéferson, que sembró terror en Chinchiná y sus alrededores.

Desde el centro penitenciario le dijo a LA PATRIA que no pasa nada con su proceso. Según la página de la Rama Judicial, el 2 de julio del 2015 se dio ruptura procesal para el juicio oral en contra de Ubaldo de Jesús y otra persona. Por eso espera beneficiarse con la Ley 1786 del 2016.

"Tengo tres hijos: dos mujeres de 13 y 15 años, y uno de 12. Me detuvieron en una finca entre Risaralda y Arauca. Unas personas aseguran que participé en un homicidio. Una está en Picaleña y otras dos acá en La Blanca. Todos aceptaron cargos. Dicen que mandé matar a una persona y entregué el arma", explicó.

Aseguró que vivió tres meses en Chinchiná y en los bajos habitaban los responsables del crimen. "Les vendíamos la comida y por eso nos involucraron con esa banda. A mi mujer también la detuvieron, pero aceptó cargos por sugerencia del abogado de oficio, que porque así le daban 48 meses y domiciliaria para poder cuidar a los niños".

Explicó que le han negado la solicitud de vencimiento de términos en dos veces, que quiere salir de La Blanca y luchar por la familia. "Fui soldado profesional cinco años y tres meses, no tengo problemas con nadie".
*La foto y el nombre se publican con autorización del interno.

Ver documento: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Ley-1786-1-julio-2016.pdf