LA PATRIA | MANIZALES

Hugo Gómez Zapata, uno de los seis concejales del Partido Liberal en Norcasia, negoció un preacuerdo con la Fiscalía. Junto a él serán condenados su esposa, Luz Bania Londoño Puerta; y Jorge Andrés Mejía Arango, alcalde de la población entre el 2005 y el 2007.

Los hechos se originaron por una tienda en Norcasia, de nombre Las Américas, propiedad del concejal. El 17 de enero del 2007 simuló vendérsela a su suegra, pero en realidad siguió como dueño. Incluso, vivía ahí.

El 1º de enero del año siguiente simularon de nuevo que la suegra se la vendía a un hombre. Lo mismo pasó en julio del 2010, pero la supuesta compradora era una mujer. El 12 de julio del 2013 se solicitó la cancelación de la matrícula mercantil y, sorpresivamente, en esa misma fecha, Luz Bania Londoño Puerta, esposa del concejal, se registró como dueña de Tienda Roja Norcasia, en el mismo lugar de Tienda La América.

Todos esos negocios jurídicos buscaban eludir la inhabilidad del demandado para contratar con el Municipio entre el 2003 y el 2011, desde su tienda. Fueron, al menos, cuatro contratos por $41 millones 500 mil, entre ellos para la entrega de mercados, por ejemplo, según reza en la demanda de pérdida de investidura, que finalmente no prosperó (ver recuadro Mantuvo la investidura).

Proceso

En primera instancia, un juzgado de La Dorada negó el preacuerdo. Sin embargo, la defensa de los procesados apeló ante el Tribunal Superior de Manizales, que lo avaló. Así las cosas, la condena sería de 34 meses para la pareja; y de 36 para el exmandatario por violación al régimen de inhabilidades, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Para llegar a una terminación anticipada del proceso, se pactó con la Fiscalía que el cargo para el exalcalde sería como cómplice y no de autor de la serie de delitos. Así mismo, una multa de 37 salarios mínimos mensuales vigentes y la inhabilidad por 44 meses.

El concejal y su esposa también pasaron de autores a cómplices. No se establecieron multas, ni inhabilidades. El juzgado, en primera instancia, negó el preacuerdo porque consideró que estas personas incrementaron su patrimonio, fruto del delito, y no lo reintegraron en los términos exigidos. El ente acusador argumentó que eso no se demostró, lo que apoyó el Tribunal al avalar el pacto. Al tiempo, llamó la atención de juez porque "las formas de expresar sus razones no fueron las más adecuadas, que desdicen de la seriedad argumentativa".

El proceso regresó al juzgado de La Dorada, que debe continuar con la lectura de la sentencia.

El abogado Alejandro Franco explicó que las condenas por delitos contra la administración pública generan una inhabilidad permanente para ocupar cargos públicos, por lo que le tocaría al Concejo dictar la resolución de destitución, en caso de que la sentencia quede en firme.

En votación le sigue María Nora Saldaña Rodríguez, con 79 sufragios. Leidy Yohana Sánchez Valencia, presidenta del Concejo, no conocía la situación ayer.

Mantuvo la investidura

El 17 de febrero del 2014, el Tribunal Administrativo de Caldas decretó la pérdida de investidura del entonces concejal Hugo Gómez Zapata por violación al régimen de inhabilidades. Sin embargo, el 4 de diciembre de ese año, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó la decisión, pues no se logró demostrar que el político intervino en la celebración del contrato de suministro del 3 de noviembre del 2010.

Criterios

• El exalcalde contrató a dedo a Luz Bania Londoño Puerta. Ni siquiera la invitaron a participar como oferente.
• No se hicieron los estudios de conveniencia necesarios.
• Para el contrato no había certificaciones de disponibilidad presupuestal.
• No se hizo consulta de precios y condiciones del mercado.
• Con el contrato se favoreció a un concejal.