Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 23 2024
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Abril 23 2024
DIEGO FERNANDO HIDALGO
LA PATRIA | MANIZALES
"De información contenida en diferentes investigaciones adelantadas por la Fiscalía en el Eje Cafetero identificamos la presencia de dos organizaciones criminales en Caldas: Los Paisas o La Empresa, del Magdalena Medio; y el frente Manuel Hernández El Boche del Eln", le respondió en entrevista escrita a LA PATRIA el fiscal General, Francisco Barbosa.
La respuesta sorprende, si se tiene en cuenta que las autoridades del departamento han negado esa situación, pese a los recientes operativos contra ese grupo ilegal en límites con Risaralda, como se contó en la edición del pasado jueves, tras el hallazgo de explosivos en Quinchía (ver casos en www.lapatria.com).
"De La Empresa hemos detenido a Camilo o Gongo, Gordo Lindo, Margoriet, Babillo, Nelson, Ardilla, Chape, Mechis, entre otros. Desde el 2008 se han logrado 56 sentencias condenatorias. Del Eln sabemos que desde hace 20 días el tercer cabecilla del frente, Carlos Alberto Ramírez Machado, alias Wilson o el Pereirano, hace presencia entre Riosucio y Mistrató, extorsionando a mineros y comerciantes. Lo acompañan unos 10 hombres. Esperamos detenerlos pronto", aseguró el Fiscal.
Barbosa respondió otros interrogantes de este medio solo sobre casos relevantes de Caldas.
Muchas investigaciones por corrupción toman tiempo. Un propósito es que se agilicen no solo investigaciones que estaban rezagadas, sino darle énfasis a lo que está ocurriendo en corrupción. En el caso de las sillas del Estadio formulamos imputación de cargos y acusación contra 12 personas. El juicio oral se inició el 4 de marzo de 2016 y se ha suspendido en reiteradas ocasiones. Ni siguiera tenemos fecha fijada para su continuación. En el caso del Transporte Integrado de Manizales estamos en juicio y para el pasado 30 de marzo estaba prevista la audiencia de alegatos finales, pero fue aplazada por el juzgado. Estaré encima de esos procesos.
Las decisiones están orientadas a hacer justicia y no tienen ningún sesgo político. El "desarchivo" al que se refiere no es uno formal, tal y como está regulado en las normas procesales, sino uno material, en virtud del cual se impulsan casos que estaban suspendidos en el tiempo sin ninguna decisión de fondo que los haga avanzar. Para ello existen unos criterios objetivos de priorización de situaciones y casos en los que la ciudadanía demanda una respuesta pronta. Lo importante es esclarecer lo sucedido.
En septiembre de 2018 la Contraloría de Caldas revisó el contrato de arrendamiento para la estación de Camino de La Palma en el teleférico del parque Los Yarumos y encontró irregularidades consistentes en que, pese a que vencía el 20 de diciembre de 2017, el arrendatario siguió ocupando el local sin que existiera renovación del contrato y sin pagar lo adeudado.
Las autoridades no habrían realizado ninguna gestión para que se cancelara lo adeudado ni para recuperar el local. En este momento adelantamos varias actividades investigativas para verificar si efectivamente se incurrió en alguna irregularidad penal.
Estar encima de las investigaciones y atender el reclamo ciudadano de forma permanente. Si se presentan hechos como los descritos y esto se atribuye a la Fiscalía se iniciarán sanciones disciplinarias e incluso de carácter penal. Del mismo modo se deben evaluar los hechos y las circunstancias, así como si la irregularidad es atribuible de forma dolosa o culposa al servidor.
Sí, tenemos un fiscal destacado para el Eje Cafetero que, con un grupo de Policía Judicial verifica la contratación de Caldas. Hasta el momento hay uno con posibles alertas, examinado por los funcionarios del Grupo de Contadores Forenses. También se ha abierto una indagación preliminar por el posible delito de prevaricato por omisión, que está en etapa de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.
La Corte Suprema de Justicia ha señalado en varias decisiones que los fiscales actuamos como un primer filtro de legalidad de los procedimientos realizados en la investigación. Esto quiere decir que, incluso antes de someter el caso a la revisión de un juez de control de garantías, debemos mirar si se reúnen todos los elementos de la imputación jurídico-penal y si se respetaron los derechos del procesado. Es muy importante construir correctamente los casos para que la imputación quede debidamente realizada. Por ello no podemos tomar decisiones apresuradas para evitar absoluciones y demandas contra el Estado.
Es natural que se evalúen los funcionarios permanentemente. Para la seccional escogí a la doctoa Liliana Castañeda, una persona con una larga trayectoria en la Fiscalía General. Lleva 15 años en la entidad en donde se ha desempeñado desde Fiscal local hasta fiscal especializada. Es una abogada con especialización en derecho constitucional y maestría en derecho penal. Una funcionaria que liderará esa seccional con trabajo y tesón.
Sobre la polémica generada por el caso de la alcaldesa Claudia López, el Fiscal argumentó que iniciar indagaciones es propio de sus competencias constitucionales. "No es persecución contra nadie. Ajeno a las discusiones o reyertas políticas, mi compromiso es aplicar las normas penales en el marco de la ley y las funciones que me corresponden. Nadie en este país está por encima de la ley, ni va a conculcar o limitar mis competencias.Nuestras actuaciones no obedecen a aplausómetros o críticas de turno.
Pero aprovechando su pregunta quisiera precisar que abrir una indagación no significa ni imputar ni condenar. Lo que ocurre es que cuando se inicia una investigación puede llevar a una imputación o no de cargos, conforme a la ley 906 de 2004. En el caso de la alcaldesa Claudia López se inició una indagación porque es mi obligación hacerlo conforme al artículo 250 de la Constitución Política que señala que la Fiscalía General está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito. Esto significa que, cuando el ente acusador tiene conocimiento de la posible comisión de un tipo penal, debe adelantar la respectiva investigación para verificar o descartar su realización.
De otro lado, es importante precisar que el delito de violación de medidas sanitarias se ha aplicado en 626 ocasiones desde que se inició la pandemia. Hace tres o cuatro meses era irrisoria la aplicación de este tipo penal. Hoy, con la nueva realidad que vivimos, esa norma es fundamental. El derecho debe ser dinámico y entender las nuevas dimensiones de aplicación. En eso, la Fiscalía es clara en sus actuaciones y está leyendo la realidad del país; sin excesos como tampoco sin privilegios. Una condición profesional, social, humana no es una variable diferenciadora para la aplicación de las normas desde la Fiscalía.
En la vereda Súmera Baja (Quinchía), distante a 21 kilómetros de Anserma y 25 de Riosucio, el Batallón San Mateo de Pereira encontró depósitos con explosivos y balas, gracias a información de una fuente humana.
Los uniformados hallaron 81 kilos de explosivo anfo y 59 cartuchos calibre 5.56. Se presume que pertenecen al frente Manuel El Boche, del Eln. En esa zona entre Anserma, Riosucio, Guática y Quinchía han ocurrido casos que preocupan a la comunidad por la posible presencia del Eln.
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