LA PATRIA | MANIZALES
A principios de abril, la Policía de Manzanares recibió una llamada en la que indicaban que un hombre agredía a golpes a su compañera sentimental. Al sujeto lo detuvieron, lo llevaron a la estación para judicializarlo por violencia intrafamiliar, pero quedó libre. El motivo: la afectada se echó para atrás y declaró a su favor.
Situaciones como estas quedarían atrás con una nueva ley, aprobada el martes pasado, que le permitirá a la Fiscalía agilizar las investigaciones y combatir la impunidad en este delito.
"Una vez se cumpla el trámite de conciliación, contaremos con nuevas herramientas jurídicas para avanzar en la judicialización de los responsables de los casos conocidos y garantizar la protección de las víctimas que deciden denunciar a sus agresores", explicó la Fiscalía.
En el último año, la Fiscalía logró 4.111 condenas por violencia intrafamiliar en el país. Ahora da penas entre 4 y 8 años por agredir a un miembro del núcleo familiar.
Del Eje Cafetero, Caldas es el departamento que menos casos de violencia de este tipo registró el año pasado y en lo que va de 2019. Lo mismo ocurre entre las capitales (ver infográfico).
Establece que podrá practicarse la prueba antes del juicio. Esto busca ayudar a las víctimas y que no se retracten posteriormente. Además, la prueba podrá ser usada en cualquier etapa del proceso para evitar la revictimización.
La responsabilidad penal no solo recaerá en cónyuges o miembros del núcleo familiar. También entre exparejas, en las relaciones extramatrimoniales con vocación inequívoca de estabilidad o entre personas que tienen hijos en común.
Se aumenta la pena cuando el señalado, dentro de los 10 años anteriores, hubiese sido condenado por delitos contra la vida e integridad personal o por reincidir en hechos de violencia intrafamiliar..
Las audiencias se realizarán a puerta cerrada y se facultará al juez para someter a reserva los datos personales de las víctimas, sus descendientes y personas que tengan bajo su cuidado.
El proceso se adelantará bajo el procedimiento penal abreviado previsto en la Ley 1826 del 2017. La acción penal siempre la realizará la Fiscalía.
La plenaria de la Cámara adicionó dos artículos nuevos enfocados a que el Estado elabore y ponga en marcha una política pública contra la violencia intrafamiliar. Además, crear una comisión estatal de seguimiento al cumplimiento de la Ley.
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