LA PATRIA | MANIZALES

A Jhonattan Manuel Vásquez Duque, de 36 años, elegido el 27 de octubre como mandatario de La Merced por el Partido Liberal, se le complicó más su situación.

Al proceso que afronta por doble homicidio, y por el que está detenido desde el 1.º de octubre, se le suma otro. La Fiscalía 11 seccional Caldas lo citó a indagatoria por otros dos crímenes (ver recuadro Los casos).

Sus procesos corresponden al anterior sistema penal (Ley 600), según el cual las primeras etapas las adelanta un fiscal. Lo señalan de homicidio en persona protegida, delito que hace referencia a la muerte de ciudadanos en desarrollo del conflicto armado. La pena estipulada oscila entre 40 y 50 años. Lo sindican por nexos en el pasado con el frente Cacique Pipintá de las Auc en Caldas.

Tiene medida de aseguramiento preventiva en la cárcel La Blanca, de Manizales. Uno de sus abogados explicó que por el primer caso la Fiscalía cerró la investigación y pasará a resolver si lo llaman a juicio o no. Sin embargo, aclaró que interpuso recurso de reposición para pedir que se sigan recolectando pruebas, solicitadas por la defensa. Para eso se cuenta con 10 días.

LA PATRIA le preguntó sobre el nuevo proceso, pero indicó que eso hace parte de la reserva del sumario.

El mercedeño ya había salido avante de un señalamiento por supuestos vínculos con las Auc, caso que fue archivado. Su padre, el exconcejal de ese municipio Rubio César Vásquez Arias, sí resultó involucrado. En mayo del 2011 lo condenaron a seis años de prisión por concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.

Esto no significa que sea culpable de los delitos, sino que se trata de investigaciones penales en contra, pero se sigue presumiendo de su inocencia. Serán jueces de la República los que decidan si lo condenan o lo absuelven.

No se podría posesionar

Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE), expresó que si el alcalde tiene una medida privativa de la libertad es importante acordarse que en procesos electorales anteriores, la Superintendencia de Notariado y Registro les solicitó desde el 2015 a los notarios y a los jueces que no vayan a las cárceles a hacer la posesión de los mandatarios.

Agregó que si al candidato le retiran la medida de privación de libertad antes del 1.º de enero, puede posesionarse y tendría que esperar la decisión del juez. Al no estar condenado podría conformar los equipos de gobierno e iniciar empalme con la administración saliente. Si lo condenan, el municipio se iría a una elección atípica para escoger a otro alcalde. “Nombraría entonces el gobernador a un encargado".

Los dos casos

1. En la mina (por este caso está detenido)

Lo señalan dos exintegrantes de las Auc. Habría participado en la muerte violenta de Joaquín Emilio Sánchez Marulanda y su hijo, Georgi Emilio Sánchez Restrepo, el 2 de septiembre del 2004, en una mina situada cerca de La Felisa.

Una fuente contó que no los asesinó, sino que los señaló. Es decir, actuaba como informante. Habría acompañado a alias Víctor hasta el sitio y le dijo quiénes eran, pues el paramilitar no los conocía. Señalaban a los muertos de colaborar con la guerrilla. A quienes acusaban de esto, los paramilitares los ultimaban.

Tío y sobrino

Para el próximo lunes lo citaron a interrogatorio. Lo señalan de participar en el secuestro y posterior asesinato de Libaniel Largo León y su sobrino Emerson Leao Largo Castañeda, exsoldado del Batallón Ayacucho. Los secuestraron en Supía y los asesinaron en La Merced.

Al primero lo ultimaron a golpes y lo enterraron; al segundo le dispararon, lo quemaron y lo desaparecieron. Ocurrió en julio del 2004. Por estos hechos ya condenaron el 22 de mayo del 2017 a alias Jhónatan, Alberto Guerrero y Víctor, exintegrantes del bloque Cacique Pipintá de las Auc.

El 14 de febrero del 2016, en una entrevista con este medio, alias Jhónatan dijo que enterró en una fosa a José Libaniel, el 17 de julio del 2004, en Supía. Y que al exsoldado lo sacó de esa misma población y lo desapareció cerca de La Merced.