Un traslado enfrenta a empleada y a directivos de Rama Judicial

LA PATRIA | MANIZALES

Lucía Mora Otálora obtuvo mediante concurso de méritos, en el 2014, un puesto en la Rama Judicial como citadora en un juzgado de Palmira, en donde residía desde hace 20 años.

Por ese mismo tiempo se enfermó de cáncer y a par que batallaba contra la enfermedad seguía con sus labores. El año pasado, su esposo obtuvo un traslado de la empresa en la que labora a Manizales, por lo que buscó la manera de poder trabajar en la capital caldense.

Investigó y en diciembre supo de tres vacantes que podría suplir, por lo que le solicitó a la Unidad de Carrera Judicial ocupar una. Esta dependencia, que funciona en Bogotá, se encarga de ubicar a los empleados cuando piden un traslado.

Debido a la demora para ocupar un nuevo cargo, desde enero tramitó una licencia no remunerada por tres meses. Interpuso una tutela y sostiene que dilataron su proceso. En abril, la sala cuarta del Consejo de Estado falló a su favor y ordenó que en 48 horas siguientes deberían ubicarla.

Sin embargo, no le cumplieron y recurrió a un incidente de desacato, que tampoco se ha cumplido. La sala ordenó el cumplimiento transitorio por los derechos a la salud, la vida, la integridad personal y la unidad familiar.

No pueden decidir

Pese a la decisión, el Consejo Seccional de la Judicatura en Caldas se niega a cumplir y basa su razón en el artículo 131 de la ley 270 de 1996, que explica que los únicos habilitados para posesionar a los funcionarios en los juzgados son los jueces.

La magistrada María Eugenia López, presidenta de la Corporación, explicó que no es competente para decidir el traslado porque eso lo hace la Unidad de Carrera Judicial, que ya se negó en una oportunidad, razón por la que Lucía entabló la tutela.

"En primera instancia nos ordenaron ubicarla acá, impugnamos y no podemos proceder porque no somos nominadores, eso compete a los jueces y así se lo expusimos al Consejo de Estado. Hay que esperar que la última instancia la defina, no tengo capacidad jurídica ni legal porque no tengo ese poder nominador", concluyó la magistrada.

A la espera

Será la Sala Quinta del Consejo de Estado la que decida en segunda instancia la suerte de la empleada.