COLUMNISTA INVITADO: La política de la salida de Guido Echeverri

Juan Guillermo Vieira*

El fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del gobernador Guido Echeverri tiene una serie de implicaciones políticas.

Supone una confrontación de fondo entre dos valores fundamentales para el ejercicio del gobierno y el funcionamiento de la democracia: la legitimidad y la legalidad. La primera, sin duda, se hace evidente justo después del fallo. Los diversos sectores de la sociedad caldense han manifestado que el gobernador había recuperado la confianza en su gobierno, después de administraciones bastante cuestionadas y generadoras de desencanto público. En relación a la legalidad, si bien el exgobernador no tiene ningún cuestionamiento legal, sabiendo de su inhabilidad continuó con el proceso político electoral que lo llevó al cargo, y fue este el criterio en el que se basaron los magistrados, por encima de lo que podríamos denominar el interés público, que en la coyuntura actual preferiría que el fallo hubiera dado mayor peso a la legitimidad que a la inhabilidad concreta aducida para anular su elección.

El significado de que los caldenses no cuenten con el gobernador que eligieron para cuatro años se manifiesta en la interrupción de un proyecto de gobierno específico en el cual el elegido expresó sus propuestas, englobando en ellas su interpretación de las necesidades y problemáticas regionales, y sus concepciones transformadoras de la realidad. Todo esto, suponemos, quedó plasmado en el Plan de Desarrollo, la guía de gobierno con la que debería ser evaluado.

Esta interrupción tiene implicaciones serias en la continuidad de las políticas públicas, por lo que conlleva la llegada de un gobernador encargado y la elección de uno nuevo, con los cambios administrativos subyacentes: desde los cambios en gabinetes hasta la llegada de nuevas prioridades, estilos de gobierno y la reacomodación de las relaciones de poder que circundan la distribución de entidades, puestos y recursos públicos. Tal vez sea el punto de mayor traumatismo.

Son también los ciudadanos comunes y corrientes los que manifiestan algunos riesgos políticos que están en el ambiente. Por ejemplo, que los actores políticos tradicionales, en su afán de botín político, agudicen el trauma y no logren ponerse de acuerdo en la elección de candidatos de convergencia, no solo para ellos, sino para toda la sociedad caldense, algo difícil pero que de algún modo sucedió con el Dr. Guido Echeverri.

También son relevantes algunas implicaciones derivadas de la necesidad de hacer nuevas elecciones, según manda la ley. Por un lado, los costos económicos que si bien provienen del fisco nacional no dejan de ser recursos públicos; pero más importante políticamente es el desgaste de unas elecciones atípicas que, según revelan la historia y la evidencia empírica, no logran convocar el mismo nivel de participación ciudadana, y menos el involucramiento social para conocer las nuevas propuestas en disputa. Esto tiene implicaciones en la democracia local y de legitimidad para el nuevo gobernador.

Por último, es muy probable que la elección y ejercicio del gobierno entrante estén determinados por los apoyos del gobernador saliente, así regrese a su puesto de rector universitario, o cuando menos por cómo los candidatos se perfilen respecto a la gestión de Echeverri, ya sea prometiendo o asegurando continuidad total o parcial de su programa de gobierno, o haciendo cambios más superficiales que de sustancia, por ejemplo en denominaciones de proyectos. Si no se da un candidato de unidad, es muy improbable que surja alguno con posibilidades serias, distanciado radicalmente del gobierno que acaba de terminar.

El nivel de simpatía con que deja el cargo lo convierte en un actor importante, tanto que, de querer y pretender nuevamente a la dignidad de gobernador, estaría casi asegurada su reelección, ya no por los 8 mil votos de diferencia con que ganó, sino por muchos más.

A quien llegue como gobernador en propiedad se le impone como gran reto proyectar la imagen del reemplazado; también, sacar adelante la coalición política que le permita un mínimo de gobernabilidad y, tal vez lo más importante, pero difícil sin las dos anteriores, sacar adelante el proyecto de gobierno, que sin duda estará muy de la mano del que está en marcha. Si para los tres niveles de gobierno se discute la opción de alargar los períodos con la justificación de que cuatro años no bastan, qué se podrá decir para los dos años y medio que le esperan al nuevo mandatario caldense.

*Profesor Programa de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Manizales.