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Foto | Rubén Darío López | LA PATRIA
El Concejo de Pensilvania aprobó en plenaria de noviembre pasado el presupuesto para el 2023, sobre el que hay señalamientos de la Gobernación de Caldas.
RUBÉN DARÍO LÓPEZ y MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | PENSILVANIA Y MANIZALES
Si bien Pensilvania tiene este año un presupuesto de rentas y gastos aprobado por el Concejo, que goza de presunción de legalidad y está rigiendo, la Gobernación de Caldas considera que tiene dos artículos que no son legales porque le conceden al alcalde facultades muy amplias.
Se trata del Acuerdo 025 que aprobó el Concejo de Pensilvania el 21 de noviembre del 2022 por $29 mil 612 millones 559 mil 923, y que el alcalde, Jorge Orlando García Restrepo, sancionó -firmó- el 2 de diciembre. Le otorgaron, como lo solicitó, facultades para intervenir y modificar el presupuesto de manera integral y al parecer pagar cuentas adeudadas de vigencias anteriores.
El Acuerdo pasó el 15 de diciembre a la Gobernación para revisión de legalidad y fue cuando la Secretaría Jurídica encontró que los artículos 10 y 11 quebrantan la Constitución, la Ley 1551 del 2012 y el Decreto 111 de 1996. Esto llevó a solicitarle al Tribunal Administrativo de Caldas que revise el Acuerdo y emita un fallo de su validez.
Sin límites
El proyecto de Acuerdo lo radicó la Alcaldía, y de los 13 concejales de Pensilvania lo aprobaron 9 de las bancadas de Gobierno; los 4 restantes, que son de oposición y del Partido Centro Democrático, votaron negativo por considerar que se podrían estar violando normas vigentes, expresó el concejal José Augusto Valencia López.
Según la Gobernación, se autorizó al alcalde de Pensilvania para que ajuste el Presupuesto General de Rentas y Gastos del 2023 y pueda realizar traslados, adiciones, reducciones e incorporaciones de manera integral. También lo facultó para hacer los movimientos presupuestales relacionados con el pago de vigencias expiradas en el evento de requerirse pagar compromisos asumidos en vigencias anteriores y que no se encuentren en la reserva presupuestal.
"En ambos artículos se da la facultad expresa de modificar el presupuesto, sin limitación alguna, pudiéndose generar la posibilidad de afectar partidas de rubros que no corresponden a la naturaleza del gasto correspondiente o la partida global asignada previamente en el presupuesto aprobado por el Concejo", menciona la Gobernación.
La solicitud la radicó la Gobernación en el Tribunal el 30 de enero. Sobre esta demanda fueron notificados el Concejo, el alcalde y la Personería. Se espera que el fallo salga en unos 20 o 30 días determinando si ambos artículos son legales o ilegales.
Argumenta Jurídica
La secretaria Jurídica de Caldas, Sandra Milena Ramírez Vasco, indica que la solicitud se hizo porque los artículos 10 y 11 del Acuerdo 025 le dan facultades muy amplias al alcalde de Pensilvania para modificar el presupuesto.
"Hay un antecedente jurisprudencial que establece que estas autorizaciones generales y sin especificidad, que los concejos dan a los alcaldes para hacer traslados, incrementos, reducciones o modificaciones de los presupuestos municipales contravienen principios democráticos y de legalidad. La jurisprudencia señala que a quien le corresponde determinar cómo se invierten los dineros del erario público es a los concejos y que no pueden entregarle esas facultades tan amplias al ejecutivo (alcalde)".
Ramírez Vasco agregó que si el Tribunal Administrativo de Caldas ratifica la invalidez de los dos artículos, como lo expone la Gobernación, la consecuencia sería que el alcalde de Pensilvania, para hacer cualquier tipo de traslado o movimiento presupuestal, tiene que solicitarle autorización al Concejo, pues los artículos en discusión saldrían de la vida jurídica.
Nada debajo de la mesa: Concejo
El actual presidente del Concejo de Pensilvania, Óscar Mauricio Gómez Cardona, del Movimiento Pensilvania primero -partido que avaló al alcalde-, indica que las facultades otorgadas al alcalde por un año las han autorizado desde el 2020 sin ninguna novedad, ni alteración a la norma.
"Consideramos que el alcalde debe estar facultado para hacer estos movimientos y para que pueda con mayor comodidad desarrollar su gestión, sin decir que el Concejo no esté pendiente de su proceder. Nuestro actuar ha sido legal. Seguimos haciendo un ejercicio juicioso de vigilancia a las ejecutorias del alcalde, no nos estamos desprendiendo de nuestra responsabilidad, ni se está haciendo nada por debajo de la mesa; estamos obrando de buena fe, confiando en las capacidades del alcalde".
Por agilidad: alcalde
El alcalde de Pensilvania, Jorge Orlando García Restrepo, expresa que por agilidad cada año le han pedido al Concejo que les autorice facultades para contratar y mover el presupuesto según las necesidades del Municipio. "Igual, los recursos que nos llegan tienen una especificidad, según su origen, y tenemos que regirnos por normas superiores que nos indican cómo gastarlos. Se hace por agilidad, pues muchas veces uno tiene que hacer rápido un movimiento para algún proyecto o convenio y si el Concejo no se encuentran sesionando se pierde la oportunidad. Por primera vez la Gobernación encontró que dos artículos no estaban ajustados a la norma. Las facultades no están dirigidas a pagar deudas. Si el Tribunal encuentra que estos artículos no son legales, ajustaremos todo".