La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Anserma (Caldas), Ómar Andrés Reina Muñoz, y el enlace de las Juntas de Acción Comunal (JAC), Luis Arbey Hernández Martínez, por presunta indebida participación en política, en hechos que son materia de verificación del ente de control.

De acuerdo con la información, esta denuncia fue instaurada por el ciudadano Rubén Darío Osorio, quien señala posibles conductas relacionadas con participación de funcionario público en política.

La Procuraduría busca establecer si se permitió el proselitismo ante líderes de las Juntas de Acción Comunal, pese a la prohibición legal de utilizar cargos públicos con fines políticos

El mandatario se refirió al panorama que enfrenta su Administración y aseguró que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de acciones que, según él, han generado presión constante sobre su gestión. “Hoy hay más de 20 procesos activos en la Procuraduría y más de 70 denuncias en la Contraloría, muchas de ellas anónimas, lo que evidencia una persecución política por vías judiciales”, indicó.

Según Reina, varias de estas denuncias han buscado frenar obras que actualmente se ejecutan en el municipio, entre ellas la pavimentación del acceso al cementerio San José, la vía hacia Siracusa, la remodelación del estadio municipal, las intervenciones en el centro histórico, así como las obras en las calles 19 y 23 y la recuperación de la carrera séptima.

El alcalde sostuvo que, aunque la crítica y la oposición hacen parte del ejercicio democrático, le preocupa lo que calificó como actuaciones de mala fe para obstaculizar el desarrollo local. “Tratar de parar las obras a punta de denuncias es querer lograr en los juzgados lo que no han podido en las urnas”, afirmó.

Asimismo, señaló que la situación ha generado un desgaste institucional que también impacta a los organismos de control, los cuales —según dijo— reciben hasta diez denuncias semanales relacionadas con Anserma. “No es justo ni para la comunidad ni para nosotros querer detener el progreso a punta de terrorismo judicial”, puntualizó.

Uno de los casos que mencionó es el de la plaza de mercado, que actualmente enfrenta el riesgo de cierre tras una acción popular interpuesta por la Procuraduría Ambiental ante un juzgado de Manizales, lo que podría afectar a comerciantes y ciudadanía en general.

*Con información del Informador de Occidente.

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