La ley de cuotas no es un favor, es un derecho. Sin embargo, algunos políticos aún no entienden la importancia de esta norma y utilizan a la mujer como "relleno" para su ascenso al poder.

En época electoral simplemente es vista como la cuota de género o el descarte para llenar las listas y en ese sentido falta mucho trecho para alcanzar la equidad de género, políticamente hablando.

Por ello, a través de derechos de petición a las alcaldías de los 27 municipios, así como a la Gobernación de Caldas, la abogada Jeniffer Cotacio Monsalve, con doble titulación como magíster en Derecho Internacional y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, adelantó un informe.

Buscaba saber cómo está el departamento en relación con la Ley de cuotas, que se basa en la Ley 581 del 2000, por medio de la cual se pretende garantizar una participación paritaria de las mujeres en cargos de máximo nivel decisorio en las diferentes ramas y órganos del poder público, teniendo una participación mínima del 50%.

"Necesitamos lograr una igualdad real y no formal. Las mujeres no podemos ser utilizadas para elegir a estos mandatarios y luego no poder participar en la toma de decisiones de la administración pública. La participación paritaria de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio ha sido una lucha que por años hemos ejercido muchas mujeres en Colombia, no se trata solo de cumplir una ley, se trata de la garantía de unos derechos que por naturaleza nos pertenecen", enfatizó Cotacio Monsalve.

Los municipios que puntean

Según el informe, ocho municipios tienen un porcentaje alto de participación de la mujer en cargos de máximo nivel decisorio. Manzanares ocupó el primer lugar con un 83%, seguido de Belalcázar (80%), Pensilvania (75%), Chinchiná (66,7%) y La Merced (66,7%).

Si se comparan estos datos con los arrojados en el 2024, se observa que Manzanares y Belalcázar mejoraron sus puntajes, pues ambos registraron un 60% teniendo un aumento de 20 puntos, mientras que Pensilvania, Chinchiná y La Merced se mantuvieron en su valoración.

"Es importante saber que se entiende el concepto de máximo nivel decisorio como quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Es decir, en el orden territorial corresponde a secretarios de despacho, gerentes y directores, presidentes de establecimiento público, tal y como lo establece el Decreto 859 del 2025.

Lo anterior para clarificar que el máximo nivel decisorio corresponde a la mayor jerarquía que está referida a los empleos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, cuya responsabilidad comprende la dirección y la orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales como lo indica el mencionado decreto".

Los de menos

Aunque la ley contempla sanciones que incluyen hasta la suspensión del cargo, hay mandatarios que no cumplen con ella.

Según Cotacio Monsalve, "quien engalana esta vergonzosa lista de no contratar a las mujeres en los altos cargos es la Gobernación de Caldas. De los 15 cargos que hay de secretarios de despacho. 10 son ocupados por hombres y tan solo 5 por mujeres. ¿Será que al gobernador no le gusta trabajar con las mujeres tan competentes que tiene el departamento?".

Ellas son Sandra Patricia Álvarez Castro, secretaria de Integración y Desarrollo Social; Luz Elena Castaño Rendón, secretaria de Cultura; Tania Echeverri Bedoya, secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación; Paola Andrea Loaiza Cruz, secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, y Sandra Milena Ramírez Vasco, secretaria Jurídica.

LA PATRIA dialogó con Ronald Fabián Bonilla, secretario Privado y gobernador encargado, quien expresó que el nivel decisorio de la Gobernación está conformado por las secretarias de despacho y las jefaturas de oficina. Los primeros se consideran el máximo nivel decisorio y los segundos otros niveles decisorios, es decir, que también las jefaturas de unidades son procesos decisorios.

"El primer argumento que habría que contradecir es en los procesos que se han dado porque no están mirando la génesis del proceso con la Ley 581 del 2000. Cuando llegamos encontramos 15 secretarías de despacho y 9 jefaturas de oficina para un total de 24 cargos de nivel directivo decisorio. Para este Gobierno, de esos 24 cargos, tenemos el 54% de cuota femenina: cinco mujeres secretarias de despacho y ocho mujeres jefes de oficina. Es decir, que estamos demostrando que el Gobierno inicia con la Ley 581 del 2000 con un cumplimiento no del 30% como dice la ley, sino del 50%".

En desacuerdo

En el segundo lugar está Supía y para obtener respuesta al equipo de la abogada tuvo que interponer una acción de tutela. En la Alcaldía de ese municipio, de los siete cargos con lo que cuentan, cinco son ocupados por hombres y solo dos por mujeres. Estos últimos son liderados por Bibiana Yaneth Pérez Alcalde, secretaria de TIC y Educación, y Luz Aidé Tapasco Ayala, comisaria de familia.

En relación con el 2024, Supía no mejora, continúa con el mismo porcentaje (28,6), mientras que La Dorada salió de la lista, pero la Administración municipal debe trabajar para contar con más mujeres en sus despachos. El año pasado obtuvo un porcentaje del 16,7%, mientras que este 2025 registra un 33,3%.

Héctor Mauricio Torres Álvarez, alcalde de Supía, le indicó a LA PATRIA que no estaba de acuerdo con los resultados del informe porque el equipo de Cotacio Monsalve no está midiendo los cargos de nivel directivo, que también deben importar.

"Por ejemplo, en el hospital tengo una gerente, una subgerente administrativa y financiera. En la Empresa Municipal de Aseo la gerente es una mujer y ahí no me están contando eso. La inspectora de Policía es mujer y ella se está refiriendo sino a una parte de la Administración municipal y no está teniendo en cuenta todos los cargos del nivel directivo".

Agregó que como alcalde se describió como un hincha de que las mujeres lo acompañen porque, según él, tienen un sexto sentido en el manejo, en esa sensibilidad, en lo social y son mil veces más honradas que muchos hombres.

"Ojalá mirara el entorno. En la Alcaldía, ¿cuántos empleados hay?, ¿cuántos empleados y contratistas hay en el Hospital?, ¿cuántos empleados de planta y contratistas hay en la empresa de Aseo? Y le garantizo que más del 70% de contratistas y funcionarios son mujeres. Respeto la apreciación de ella, mandó unos derechos de petición y se le han contestado".

Tenga en cuenta 

La Ley de cuotas tiene su inspiración en el artículo 43 constitucional: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
 

Sanciones

Dentro del informe de ley de cuotas en Caldas también se detallan algunas sanciones de la Procuraduría que se han realizado por su incumplirla:

• 11 de noviembre del 2023. Exalcalde de Santa Marta Rafael Alejandro Martínez (2016-2019) por incumplimiento de la ley 581 del 2000, al designar a 3 mujeres y a 9 hombres en los empleos de máximo nivel decisorio de la Alcaldía durante el 2016, vulnerando con esto el principio de igualdad y la inclusión de la mujer, clasificándose su falta como grave al “atentar contra el buen funcionamiento del Estado”

• Sanción del 8 de enero del 2024 al exalcalde de Cauca entre el 2016 y el 2019, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, por no cumplir con el porcentaje de mujeres con cargos de otros niveles decisorios, al tener en ese momento solo dos cargos de ese rango y ninguno de ellos ser ocupado por una mujer, determinando que fue una falta grave con culpa grave y al no estar en el cargo actualmente, la sanción dada será de lo equivalente a los salarios devengados para el momento de la falta, siendo un total de 14 millones 192 mil pesos.
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• Sanción del 13 de junio del 2024 a la exdirectora general del Instituto Nacional para Sordos (INSOR) Natalia Martínez Pardo (2019-2022), por la omisión de la aplicación del porcentaje de participación mínima de la mujer en cargos de otros niveles decisorios, al ser solamente dos cargos y ninguno de ellos ocupados por una mujer, determinando que fue una falta gravísima a título de culpa gravísima, por lo que fue destituida e inhabilitada.

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