La construcción de 940 metros lineales de placa huella entre las veredas Alto de La Mina y La Quiebra de Naranjal, en Chinchiná, arrancó el 27 de septiembre de 2022 y terminó en febrero de 2025, 29 meses después de su inicio.

Aunque la obra finalizó, el proceso de cobro no se ha cerrado, pues al contratista aún le adeudan parte del contrato.

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad que financió esa placa huella, se comprometió a girar los recursos pendientes el mes entrante. Ya hay un CDP apropiado.

Esa placa huella se debía entregar en cuatro meses, es decir, en febrero de 2023. Sin embargo, el contratista inicial, el Consorcio AOR Chinchiná, solo ejecutó 310 metros de los 940 metros lineales contratados y manifestó que no continuaría con los trabajos. Por esa razón la obra quedó suspendida hasta agosto de 2024, cuando se reactivó.

En ese momento intervino el Consorcio C&R, al que la Alcaldía de Chinchiná le cedió el contrato para encargarse de finalizar los 630 metros lineales que faltaban. La interventoría la hizo la firma Gavinco.

No obstante, un mes después de reiniciar labores surgió un nuevo inconveniente administrativo que detuvo el avance.

Firma de nuevo contrato

El 21 de junio de 2023 se suscribió un nuevo contrato para terminar la placa huella, con fecha de finalización prevista para el 27 de marzo de 2025.

El contrato se firmó por $1.057 millones 490 mil y tuvo una adición de $139 millones 116 mil, por lo que la construcción de la placa huella terminó costando $1.196 millones 606 mil.

El acta de liquidación menciona que a C&R le abonaron $528 millones 745 mil por actas de obra y a la fecha le adeudan $667 millones 820 mil.

Los representantes del consorcio reclaman la cancelación de este dinero junto con los intereses de mora generados desde el 27 de marzo de 2025 hasta la fecha.

Según el contratista, los trabajos los entregaron antes del plazo pactado.

Además, aseguraron que los recursos quedaron “fenecidos”, es decir, pasaron de una vigencia a otra sin ser comprometidos.

La Contraloría interviene

La Contraloría Seccional Caldas, en respuesta a una solicitud del Consorcio C&R, informó que "persiste el incumplimiento en el pago de actas aprobadas por $666 millones 820 mil. Por ello ordenó cancelar la totalidad de esa suma, más intereses de mora".

Los representantes del consorcio señalaron que varios trabajadores los demandaron por retrasos en los pagos de las liquidaciones. Aseguraron que ya subsanaron cerca del 90% de las obligaciones laborales con recursos propios, aunque siguen debiendo a proveedores. Agregaron que llevan más de un año esperando el pago.

El DPS responde

El Departamento de la Prosperidad Social respondió a una solicitud de DENUNCIE, indicando que no se ha realizado la transferencia total de los recursos como se había anunciado inicialmente. No obstante, informaron que ingresaron recursos bajo la figura de reserva presupuestal por $452 millones 734 mil.

“Ese valor corresponde al pasivo exigible del 4º y 5º hito final del 100% de lo ejecutado”, informó la entidad.

El Departamento de la Prosperidad aclaró que este monto adeudado se tramita como pasivo exigible y no corresponde a una reserva presupuestal. Recordó que no existe relación contractual entre el contratista de obra y Prosperidad Social.

Se pronuncia la Alcaldía

Jorge Castañeda, secretario (e) de Planeación de Chinchiná, indicó que hay unos recursos denominados “fenecidos” que aún no han sido girados.

Señaló que desde la Administración Municipal se han enviado derechos de petición y se han realizado gestiones ante el DPS, para que paguen pronto.

Según Castañeda, en la última comunicación con Prosperidad Social le indicaron que el Tesoro Nacional no había expedido el CDP para efectuar el desembolso.

Sin embargo, indicó que este jueves se estableció contacto con el nuevo supervisor del convenio del DPS, quien manifestó que en los próximos días deberían realizar el giro al municipio. “Una vez se reciban los recursos, serán transferidos al contratista”, dijo.

También explicó que se trabaja para subsanar la situación y cerrar el tema financiero.

Indicó que el contrato de obra ascendió a $1.057 millones y que, para el municipio, la deuda sería de $604 millones, mientras que para el DPS es de $475 millones.

“Es un proceso de conciliación que se está adelantando, pero mientras se define el tema jurídico se espera hacer un pago importante al contratista. Las cifras finales aún no se han acordado”, señaló.

Además, mencionó que podrían emprender acciones legales contra el DPS para lograr el desembolso de los recursos pendientes, aunque esta opción aún no está confirmada.

También indicó que, de los $139 millones correspondientes a mayores y menores cantidades de obra, ya se pagaron $94 millones para cumplir con el alcance físico de los 940 metros lineales exigidos por el DPS. “Se le deben al contratista $44 millones, que se cancelarán en el proceso de liquidación. Estos le corresponden al municipio”, informó.

CDP

• El Sistema de Seguimiento a la Inversión de la Nación (SSI Nación), certificó que existe apropiación presupuestal disponible por $452 millones 734 mil para cubrir parte del dinero adeudado por la construcción de la placa huella entre Naranjal y Alto de La Mina, en Chinchiná.
• Si se pagan esos recursos, al contratista le seguirían debiendo $214 millones 85 mil, más los intereses de mora que reclaman.
• El DPS giró anteriormente $725 millones 706 mil para cubrir los gastos de esa placa huella.
• El otrosí número 7 del convenio 623, entre el DPS, el Fondo de Inversión para la Paz y el Municipio de Chinchiná, señala que el valor total del convenio para esta placa huella fue de $1.200 millones 510 mil, de los cuales se han desembolsado $725 millones 706 mil.

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