JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Después de la aprobación del cobro de plusvalía de la capital de Caldas en el Concejo de Manizales, ahora el estudio se tendrá que actualizar.

Aunque para algunos usuarios se tomaron decisiones al revés, pues primero se debieron plantear algunos cambios para luego llevarlo al Concejo, este será el nuevo paso que asumirá la administración municipal.

¿Por qué la revisión?

Según el secretario de Planeación, Daniel Quiceno, la decisión se tomó, debido a que persisten las críticas y reclamos frente a que el actual contenido del 2019, entregado por el contratista Jorge Eliécer Gaitán, no refleja los valores reales por concepto de liquidación de plusvalía, ni se encuentra ajustada a los postulados normativos que regulan la materia, (Ver recuadro ¿Qué es la plusvalía?).

Bajo estas condiciones, según Quiceno, lo correcto en política y administración es actualizarlo, para que una vez se tenga el estudio y la reglamentación se proceda al proceso de liquidación. "No es una condición, pero una vez se hizo el análisis correspondiente, creemos que hay causales y motivaciones para pensar que se tiene que actualizar", reconoció.

También aclaró que no se trata de un nuevo estudio, sino de una actualización de la información que se sumará a los avalúos del catastro multipropósito, como punto de comparación para efectos de determinar el valor de la plusvalía.

¿Qué es actualizar?

A la consulta de en qué consiste dicha actualización, el secretario explicó que el objetivo es revisar las actuales variables económicas y macroeconómicas, determinar la vigencia de esos valores y si la metodología que se utilizó fue la correcta o incorrecta o si se requiere modificar o complementar. "Es tratar de subsanar lo que hoy se encuentra de manera indebida, con la finalidad de que no hayan reparos en la nueva liquidación, conforme con la política de hacerlo de manera mancomunada y en conjunto con las personas que resulten vinculadas en los procesos", aseguró.

Según Quiceno, la meta es que se logre este instrumento de cobro y que no se vaya a una demanda por años sin poder cobrar esta contribución que se contempla como un medio de desarrollo para el territorio.

¿Y un nuevo estudio?

La duda de varios usuarios y expertos como Jorge Mejía Arango, exsecretario de Obras Públicas y miembro de Junta de Camacol, es por qué no se hace un nuevo estudio, ya que el actual es viejo, y tiene tarifas exageradas, por lo que rebajar el impuesto del 50% al 30% tampoco tiene sentido, pues quedó demostrado que tiene una serie de inconsistencias.

Aluden el mismo informe de la Alcaldía que en mayo pasado revocó por acto administrativo el cobro de plusvalía, al aclarar textualmente que: "Es claro que para esta Secretaría que el ejercicio allí realizado no cumple con la finalidad prevista en su objeto". Por el contrario, dice la misma Alcaldía, "se presta para generar confusiones en los ciudadanos beneficiados con dicha participación, por cuanto los criterios tenidos en cuenta para calcular y liquidar esa participación no son claros ni comprensibles para el titular del predio beneficiado...".

Aún así, el secretario sostuvo que no se trata de arrancar de ceros, sino construir sobre lo que ya se ha hecho, evitando además el riesgo de caer en un posible detrimento patrimonial.

Mal el acto administrativo

Explicó que la falta de valores reales no es porque el estudio esté mal, sino porque el acto administrativo quedó mal planteado, con cobros que se pusieron como ejemplos, pero no eran cifras reales de lo que se debía cobrar.

Consideró que con esos cambios, las personas interesadas e involucradas pagarán con satisfacción. "Muchos me ha dicho que están dispuestos a pagar, pero lo justo y es a lo que queremos llegar", aseguró.

En medio de la explicación, varios usuarios insisten que fue un proceso que se hizo al revés.

Primero se tenía que aprobar

César Díaz, concejal del Partido Liberal y ponente del proyecto, sostuvo que la aprobación se hizo, ya que el objetivo fue reducir el monto del cobro del 50% al 30% y además facultar al alcalde para su reglamentación, actualización y cobro. Además se exoneraron a varias personas a quienes se les estaba cobrando, simplemente por heredar un bien.

El valor

Según la Secretaría el nuevo contrato de actualización tendría un costo de entre $100 millones y $150 millones. La meta es tenerlo listo para septiembre y que para finales de este año se empiece a cobrar.

Intentos fallidos

* El proceso ha sido esquivo desde el 2003, por razones que van desde la falta de estudios técnicos, el impacto en el bolsillo de los propietarios, hasta los costos de operar el cobro y la poca claridad jurídica para su aprobación.

* Inicialmente el estudio que se realizó entre el 8 de octubre del 2018 y el 31 de enero arrojó que había 3 mil 954,02 hectáreas de predios o zonas susceptibles de plusvalía, para 455 lotes, 58 urbanos y 397 rurales. En el estudio de Jorge Eliécer Gaitán se habla de 312 predios que producen plusvalía.

* En esta administración se han hecho tres intentos. Finalmente el cobro se aprobó la semana pasada en el Concejo, bajando el cobro del 50% al 30%.

¿Qué es la plusvalía?

La plusvalía es un impuesto que grava el aumento de valor de un inmueble durante los años de posesión hasta su transmisión por su aprovechamiento, ya sea por compraventa, donación o herencia. El POT, aprobado en el 2017, precisa que hay cuatro hechos generadores de plusvalía:

1. Cambio de suelo rural a expansión urbana.

2. Cambio de suelo rural a suburbano.

3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación.

4. La ejecución de manera directa o indirecta por el Municipio de las obras públicas.

Cuándo se cobra

El secretario de Planeación, Daniel Quiceno, explicó que en el nuevo acuerdo quedó claro que el cobro de plusvalía solo se hace efectivo cuando el propietario vende el predio o se hace un aprovechamiento comercial del bien.