LA PATRIA | Manizales

Un regalo de Navidad o un freno a la generación de empleo y competitividad nacional.

Así lo ven varios empresarios y dirigentes gremiales, luego del incremento del salario mínimo que anunció el presidente Gustavo Petro el pasado martes, en medio de críticas y cuestionamientos contra los empresarios y gremios del país.

Aunque el DANE habla de unos 23 millones 393 mil de personas ocupadas a octubre, se estima que solo 3 millones 700 mil devengan el salario mínimo (cerca el 16%). Mientras tanto, unos 10 millones (cerca del 41%), perciben ingresos inferiores a ese valor.

Por esta razón, para varios empresarios y analistas esto termina perpetuando las desigualdades, puesto solo beneficia a unos pocos, pero imposibilita que los demás puedan acceder a un salario con vinculación formal, más en un nación donde el 55,6% está en la informalidad. Es decir que de 5,5 de cada 10 personas que laboran son informales.

LA PATRIA consultó a varios gremios y sindicatos para conocer su opinión. Esto dijeron.

Juan Carlos Franco Duque, director de Fenalco Caldas

Vemos con mucha preocupación este ajuste porque carece de rigor técnico y económico ante una inflación que rodea este año el 5,0% y una baja productividad del 1,75%. Son parámetros que se deberían tener como base y no manejarlo como una medida, posiblemente, populista para cerrar la brecha social que no ha sido capaz de manejar el Gobierno. Hay alto riesgo de que el trabajo juicioso que adelanta de manera independiente el Banco de la República se vea afectado y se aumente la inflación. Además se debería entender que este es un país en el que cerca del 90% de las empresas son pequeñas y medianas y ese aumento de costos hace que se pierda empleo. Estamos a favor del bienestar de los empleados, pero también de la sostenibilidad, de la competitividad y de la generación de mano de obra y esto puede generar más informalidad.

Juan Felipe Jaramillo Salazar, analista económico

Los sindicatos, al centrarse en la defensa de los derechos de los trabajadores formales suelen dejar de lado a los millones de trabajadores informales que representan el 56% de la población ocupada y a aquellos que ni siquiera perciben un salario mínimo, y que según el DANE representan un 43% de los trabajadores colombianos. Este enfoque perpetúa las desigualdades en un mercado donde la informalidad sigue siendo el mayor obstáculo para la inclusión y la anhelada justicia social que pregonan. Esto aumenta las barreras para generar empleo formal y frena la creación de nuevo empleo en el 2025, al encarecer la contratación y profundizar los problemas de un mercado laboral, afectado por el bajo crecimiento económico y la pérdida de dinámica en sectores claves en absorción de empleo como son la industria, la construcción y el comercio.

Óscar Arturo Orozco, miembro nacional de la CUT

Valoramos este ajuste que decretó el Gobierno y en el que los empresarios se hubieran podido comprometer más para llegar a un acuerdo conjunto que dignifique medianamente las realidades de vida de millones de trabajadores en el país. Aunque unas centrales pidieron un incremento del 12%, había toda la intención para seguir dialogando, pero los empresarios no tuvieron la voluntad. Ellos han tenido varias reformas a su favor que acabaron con la rectroactividad de las cesantías, el contrato a término indefinido y el recorte de las horas extras, bajo el pretexto de que se iba a generar más empleo, lo cual no fue cierto y pauperizó las condiciones laborales. La queja de que un aumento impacta el empleo termina hablando muy mal de esos empresarios, ya que eso demuestra que lo sustentan con salarios precarios y condiciones irregulares.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Las decisiones populistas terminan siendo fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro. Casi siempre se trata de hacer anuncios que mucha gente puede celebrar, pero terminan en generando inmensos costos para toda la sociedad en el futuro, especialmente para los más vulnerables. Eso no es nuevo, eso ya lo han puesto en práctica muchos mandatarios de muchos lugares del planeta, y los resultados siempre son más pobreza, menos desarrollo, más desempleo, más costo fiscal para el Estado, y finalmente desespero de los gobernantes.

Rodolfo Correa Vargas, presidente de Acopi

Ahora al Gobierno le tocará asumir el costo político y a los trabajadores y empresarios el económico. Es una decisión que representa un aumento real del 11%, ya que vía incremento del auxilio de transporte (23,45%) se llega a $200 mil, para un salario total de $1 millón 623 mil 500, pero que sumándole todos los factores laborales le representará a cada empresario un costo real de $2 millones 417 mil mensuales. Eso se escapa de todo presupuesto que teníamos desde la pequeña y mediana empresa y va a tener unas repercusiones muy serias en materia de la meta inflacionaria propuesta por el Banco de la República. Con esto, los empresarios solo tienen dos caminos para sobrellevar esta situación: reducir los puestos de trabajo o aumentar los precios, ante el incremento en los costos de la producción que tienen que ser solventados.

Felipe Montes Trujillo, presidente Comité Intergremial de Caldas

Me parece que fue una decisión populista de un presidente que ya empezó campaña hace rato, que estará en ella en el 2025 y que no generará ningún beneficio para la generación de empleo en Colombia, ante un incremento demasiado alto. El presidente está jugando a la política con los salarios de los empleados, pensando en su propio beneficio y el de su grupo político, pero no en función de país sino en su continuidad. Es lo que nos toca pagar por este mandatario que se eligió.

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