El Programa de Alimentación Escolar (PAE), una de las principales estrategias del Estado para garantizar la permanencia de niños y jóvenes en las aulas, volvió a quedar en el centro del debate nacional. La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $53.117 millones en la ejecución del programa en diferentes regiones del país, y alertó además por el inicio tardío de la entrega de raciones frente al calendario académico 2026.

De acuerdo con el organismo de control, durante auditorías practicadas a 68 entidades territoriales se detectaron más de 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones, asociados principalmente a sobrecostos, pagos sin soportes de ejecución y fallas en la ejecución contractual.

El Quindío, dentro de la revisión por regalías

El departamento del Quindío aparece dentro de las revisiones adelantadas sobre recursos provenientes del Sistema General de Regalías, junto a Nariño, Meta y el municipio de Arauca. En este grupo, la Contraloría identificó cinco hallazgos por $28.863 millones, derivados de deficiencias en distintas etapas contractuales y en el cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales del programa.

Los informes técnicos fueron remitidos a los procesos administrativos correspondientes, con el objetivo de determinar responsabilidades y eventuales sanciones fiscales.

El ente de control también recordó que las fallas en la planeación del programa no solo tienen implicaciones administrativas, sino sociales, ya que el PAE busca garantizar la alimentación de estudiantes en condición de vulnerabilidad y contribuir a su permanencia en el sistema educativo.

Retrasos en la alimentación escolar

Otro de los puntos que generó preocupación fue el inicio inoportuno del programa en el calendario académico 2026. Según la Contraloría, cerca de 783.000 estudiantes se verían afectados porque la alimentación escolar no comenzó al mismo tiempo que las clases en varias Entidades Territoriales Certificadas.

Entre los territorios señalados aparece Armenia, junto con otras ciudades como Palmira, Yopal, Facatativá y Buenaventura, lo que evidencia que la situación tiene alcance nacional.

El organismo de control advirtió que estas demoras afectan la permanencia escolar y la calidad de vida de los estudiantes, especialmente en contextos donde el PAE representa una parte importante de la alimentación diaria.

Finalmente, la Contraloría hizo un llamado a las entidades territoriales y al Gobierno Nacional para mejorar la planeación, evitar sobrecostos y garantizar que el programa inicie oportunamente, recordando que aún falta cobertura para más de un millón de menores en el país.

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