En un operativo interinstitucional adelantado el sábado (14 de febrero), la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda) ordenó el cierre de dos establecimientos dedicados a actividades webcam, tras evidenciar incumplimientos en la documentación requerida para su funcionamiento.

La intervención fue realizada entre las Secretarías de Gobierno y Salud, en compañía de la Policía Nacional. 

En total, fueron inspeccionadas tres viviendas del municipio donde se desarrollaban estas actividades comerciales.

Melissa Carmona Gómez, secretaria de Gobierno de Dosquebradas, explicó que en dos de los inmuebles no se cumplían los requisitos legales.

“Este grupo interdisciplinario tuvo la oportunidad de acceder a tres viviendas del municipio en las que se desarrollan actividades comerciales de webcam, identificándose que en dos de ellas no contaban con la documentación legal que permite desarrollar la actividad económica”, indicó.

Durante el procedimiento también se revisó la documentación de las personas que prestaban servicios en estos lugares, para prevenir delitos como la trata de personas y la explotación sexual infantil.

Paola Osorio, gestora de Convivencia de la Secretaría de Gobierno, señaló que el operativo incluyó orientación preventiva.

“No solo verificamos el cumplimiento de la norma, también protegimos la integridad y los derechos de las personas que se encontraban en el lugar. Invitamos a los propietarios a ponerse al día en lo legal y a denunciar cualquier situación sospechosa, ya que la trata de personas es un delito y en Dosquebradas estamos trabajando para prevenirla y combatirla”, afirmó.

Las autoridades anunciaron que este tipo de controles continuarán en distintos sectores del municipio con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la protección de los ciudadanos.

La Alcaldía recordó que en el país la trata de personas está tipificada en el artículo 188A del Código Penal (Ley 599 de 2000), con penas que pueden ir de 13 a 23 años de prisión para quienes capten, trasladen o reciban personas con fines de explotación.

Además, la Ley 679 de 2001 establece medidas para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el abuso sexual a menores.

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