La Defensoría del Pueblo emitió una alerta a tres municipios de Risaralda donde alerta del riesgo que tienen las localidades por la presencia de grupos armados como el Eln y el Clan del Golfo. 

La entidad señaló que la alerta existe debido a las “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)” en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico. 

Según el organismo, el escenario de riesgo se configura por las pretensiones de consolidación del Ejército de Liberación Nacional (Eln), a través del frente Manuel Hernández ‘El Boche’, principalmente en Pueblo Rico y Mistrató, y por la expansión e incursión del Clan del Golfo, mediante su subestructura Edwin Román Velásquez Valle, en los tres municipios.

La Defensoría advierte que la competencia por el control territorial podría generar un recrudecimiento de la violencia en el corto plazo, debido a la importancia estratégica de estos municipios como corredores que conectan a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para economías ilícitas, especialmente las relacionadas con actividades mineras.

La situación de riesgo afecta de manera particular a niños y adolescentes que pueden ser reclutados por las estructuras criminales. 

Además advierte del riesgo que tienen “lideresas y líderes sociales, mujeres, autoridades locales, comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos y firmantes del Acuerdo de Paz asentados en el territorio”.

De acuerdo con el trabajo de campo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la alerta cubre amplias zonas rurales y urbanas. Aproximadamente son 190 veredas, 34 barrios y consejos comunitarios. 

“54 veredas, un resguardo indígena (pueblo Embera Chami) y 31 barrios del casco urbano de Belén de Umbría; para 59 veredas, 2 resguardos (Embera Chami) y 5 barrios de la zona urbana de Mistrató, y para 81 veredas, 2 resguardos (Embera Chamí y Embera Katío) y 3 consejos comunitarios de Pueblo Rico”.

La Defensoría señaló que estos grupos armados ilegales imponen normas de conducta, profieren amenazas incluso contra alcaldes y funcionarios públicos, y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos, afectando principalmente a comunidades étnicas y campesinas.

El informe también evidencia un aumento significativo de homicidios con arma de fuego en estos municipios: mientras que en 2023 se registraron 15 casos y en 2024 fueron 14, en 2025 la cifra ascendió a 39 homicidios, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al acumulado de los dos años anteriores.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que, de manera articulada y con un enfoque de derechos humanos, implementen acciones inmediatas de prevención y protección, atendiendo las 30 recomendaciones incluidas en la Alerta Temprana 001 de 2026.

El organismo insistió en que es perentorio fortalecer la capacidad institucional, con el fin de garantizar la seguridad humana y la protección integral de las comunidades de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico.

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