La Unidad para las Víctimas rechazó de manera enfática la amenaza de la que fue víctima una de sus colaboradoras en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. 

La situación, ocurrida el miércoles 21 de mayo de 2025, encendió las alertas cuando un grupo de hombres con el rostro cubierto, vestidos con prendas alusivas a la guerrilla del Eln, se comunicó a través de videollamada con el esposo de la funcionaria para advertirle que ella tenía 12 horas para abandonar el municipio o su vida correría peligro.

Ante la gravedad de la amenaza, la Unidad, en cabeza de su director general Adith Rafael Romero Polanco, activó de inmediato la ruta de atención prioritaria, notificando a la Fiscalía General de la Nación, a la Estación de Policía local y a la Alcaldía de Pueblo Rico. 

Esto permitió que se iniciara una investigación formal sobre los hechos.

Según los hallazgos de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial y Criminal), la amenaza correspondía a una modalidad de extorsión y no a una acción directa de grupos armados organizados, aunque en el municipio existen antecedentes de presencia de estructuras armadas ilegales. 

Desde ese momento, tanto la funcionaria como su familia han recibido atención y acompañamiento por parte de la Policía, además de apoyo psicosocial brindado por la Unidad para las Víctimas.

Katherine García Ochoa, directora territorial de la Unidad en el Eje Cafetero, explicó que las amenazas a la funcionaria ponen en evidencia dinámicas de la delincuencia que afectan el bienestar de los ciudadanos.

“Pese a que en este municipio habitan estructuras de grupos armados, en esta ocasión la amenaza no fue encabezada por ellos. Sin embargo, esta situación pone sobre la mesa el debate de otras dinámicas de delincuencia que están en todo el país y que deben ser atendidas para que otras personas no sean víctimas de esta modalidad”.

El hecho se da en un contexto donde Risaralda ha sido escenario reciente de situaciones relacionadas con el conflicto armado, como el confinamiento y desplazamiento de comunidades indígenas del resguardo Gitó Dokabú, en Santa Cecilia, en febrero de este año, y el asesinato del firmante de paz Arley de Jesús Holguín, el pasado 17 de junio. 

Sin embargo, en este caso puntual, las autoridades han determinado que se trató de una amenaza extorsiva sin conexión directa con estructuras guerrilleras.

La Unidad para las Víctimas reiteró su llamado al respeto por los funcionarios y contratistas que prestan servicios en los territorios más vulnerables del país, y reafirmó su compromiso con la protección de quienes enfrentan intimidaciones por parte de la delincuencia o de actores armados ilegales.

*Realizado con información de la Unidad para las víctimas 

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