La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, puso en funcionamiento el sábado 21 de febrero la intersección vial de Galicia, en Pereira, una obra ubicada en uno de los puntos más críticos para la movilidad entre la vía Cerritos–Pereira.

La funcionaria aseguró que el proyecto busca reducir la siniestralidad y mejorar los tiempos de desplazamiento en el sector. “Esta es una intervención que permite salvar vidas. Aquí había unos indicadores muy graves de siniestralidad vial y de fallecidos en siniestros viales”, afirmó la ministra durante el acto oficial.

Según explicó, en este punto los conductores podían tardar hasta 40 minutos para atravesar el tramo. Con la obra en operación, el tránsito fluye de manera continua.

La intervención incluyó la construcción de dos glorietas, un deprimido, ciclorrutas, pasos peatonales, zonas verdes y espacio público. El proyecto se ejecutó en articulación con Invías y Findeter, dentro del programa Vías del Samán.

La ministra indicó que la inversión alcanza los $80.000 millones, aunque en otros apartes mencionó una cifra cercana a $82.000 millones. También afirmó que la obra beneficiará a 32.000 habitantes y a 11.000 vehículos que circulan a diario por el corredor.

$80.000 millones invertidos en la intersección de Galicia
11.000 vehículos transitan a diario por el corredor

Rojas explicó que el programa Vías del Samán permite utilizar recursos futuros de peajes administrados por la Nación para ejecutar obras en el presente. “El Gobierno Nacional toma recursos futuros de peajes administrados por Invías y puede hacer obras en tiempo actual, en tiempo real”, señaló.

Además de Galicia, el Ministerio avanza en la intervención de Romelia–El Pollo, un tramo de 2,1 kilómetros con una inversión global anunciada de $200.000 millones. También proyecta la intervención del puente La Fabiola, que iniciaría en marzo.

La visita de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, para poner en circulación el intercambiador de Galicia no fue de buen recibo por las autoridades de Risaralda.

Reclamo público del gobernador de Risaralda

La puesta al servicio de la comunidad del intercambiador vial generó una reacción inmediata del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, quien publicó un video en sus redes sociales en el que exige respeto institucional.

El mandatario departamental afirmó que el acto se realizó sin invitar a las autoridades territoriales y cuestionó el origen de los recursos. “Cinco años tiene el proyecto Vías del Samán y la única obra que tenemos en Risaralda es la intersección de Galicia, que ha sido financiada por el peaje que pagan quienes usan la vía que conecta Cerritos”, expresó.

También señaló: “Ministra, usted que inaugurará la obra de la intersección de Galicia, es una decisión intempestiva porque el comité directivo había planteado una programación previa a las inauguraciones. Esta se hará sin la presencia de las autoridades locales, territoriales que no fueron invitadas”.

El gobernador insistió en que el recaudo del peaje Cerritos–Cartago aporta de manera principal a la financiación del proyecto y sostuvo que el Gobierno Nacional no ha facilitado el avance de otras obras estratégicas.

Preguntas sobre proyectos pendientes

Patiño cuestionó el avance de otros frentes del programa. “¿Qué está pasando con el sector de la Romelia al Pollo? ¿Qué está pasando con la segunda calzada Cerrito–La Virginia?”, manifestó.

Según indicó, para completar el tramo de Romelia–El Pollo se requieren cerca de $600.000 millones, mientras que la segunda calzada Cerritos–La Virginia resulta estratégica para la movilidad de carga del centro del país.

El mandatario pidió claridad sobre la financiación y ejecución de estos proyectos y reiteró que la obra inaugurada constituye, hasta ahora, la única culminada en el departamento dentro del programa.

Tensión institucional en Risaralda

La puesta en marcha del intercambiador se convierte en un hecho político además de técnico. Mientras el Ministerio resalta la reducción de tiempos y la seguridad vial, desde la Gobernación reclaman participación y reconocimiento del origen de los recursos.

La controversia deja en evidencia un ambiente de tensión entre el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales, en medio de un proyecto que impacta la movilidad regional y el recaudo de peajes.

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