Con la entrada en vigencia del Decreto 0271 de 2026, las administraciones municipales del Quindío deberán asumir un papel clave en la inclusión social de los recicladores de oficio, una población que históricamente ha trabajado en condiciones de vulnerabilidad.

La nueva normativa establece la creación de una red de protección que permitirá a estas personas acceder a servicios de salud, programas de pensión y otros beneficios sociales, sin modificar la forma en que desarrollan su actividad.

En el caso del departamento, las alcaldías tendrán la responsabilidad de identificar y actualizar el censo de recicladores, así como adelantar los trámites necesarios para que quienes aún no estén afiliados puedan ingresar al régimen subsidiado de salud. Este proceso será fundamental para mejorar su acceso a servicios médicos y garantizar su permanencia dentro del sistema.

Además, la información recopilada servirá para que entidades nacionales puedan vincular a esta población a programas como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Colombia Mayor, orientados a brindar apoyo en la vejez a trabajadores con ingresos bajos.

El modelo está dirigido a personas que dependen del reciclaje como sustento diario, especialmente aquellas vinculadas a organizaciones del sector y cuyos ingresos no superan el salario mínimo. En municipios del Quindío, donde esta actividad tiene un papel importante dentro del manejo de residuos, la medida representa un avance en términos de inclusión.

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Otro de los aspectos relevantes es que las asociaciones de recicladores deberán gestionar la afiliación de sus integrantes a riesgos laborales, garantizando mayor protección frente a accidentes durante el ejercicio de su trabajo.

A diferencia de otros esquemas, el financiamiento de este modelo no saldrá directamente del bolsillo de los recicladores. Los recursos provendrán del componente de aprovechamiento del servicio de aseo y de las actividades propias de las organizaciones, evitando afectar sus ingresos.

Desde el Gobierno Nacional se ha señalado que esta iniciativa busca reconocer el aporte ambiental de los recicladores y mejorar sus condiciones de vida, sin imponer cambios que desconozcan la realidad de su labor.

La implementación de esta estrategia comenzará en julio de 2026, tiempo en el que las entidades territoriales deberán realizar los ajustes necesarios para poner en marcha este sistema que pretende cerrar brechas sociales en el país y, en particular, en regiones como el Quindío.

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