Absolución por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos le dio un juzgado de Chinchiná a Carlos Alberto Ocampo Vasco, quien fue alcalde de Palestina. Además, a Otoniel Fabián Aristizábal Vargas, secretario de Gestión Social; y Carolina Bernal Mejía, gerente de una empresa contratista.

La investigación se inició el 18 de agosto del 2009, cuando un ciudadano solicitó investigación penal y disciplinaria en contra del mandatario de la época. Según él, el alcalde celebró el contrato de servicios profesionales 113, fechado del 17 de junio de ese año, por $35 millones, con la empresa Servicios Integrados de Salud Guarín & Asociados, para la atención integral de la población pobre no afiliada del municipio en actividades No POS. Incluida capacitación en salud e higiene oral, amén de desparasitación interna y externa, actividades que debían ser realizadas por profesionales de ese ramo adscritos al hospital local: odontólogos, médicos e higienistas orales, a través del régimen subsidiado y plan de atención básica, hoy en día regentado por la Territorial de Salud del Departamento, violándose de tal manera el régimen de la contratación pública.

El juicio arrancó el 19 de septiembre del 2022 y finalizó el martes con sentido de fallo absolutorio.

Jaime Novoa, abogado de víctimas, explicó que el juzgado consideró que si bien no se utilizó el mecanismo contractual adecuado, la situación no fue un actuar doloso del alcalde y el secretario, sino una inducción a error, fruto de una asesoría jurídica inadecuada en materia contractual.

"Al no encontrarse estructurado el actuar doloso o intencional, la jueza consideró que debía absolver a estos exfuncionarios. El contrato se ejecutó debidamente, no hubo apropiación de capitales, sino una indebida selección del tipo contractual", anotó.