LA PATRIA | MANIZALES

Paola Andrea y Sergio Armando Gañán son dos jóvenes del Resguardo Ancestral de San Lorenzo, ubicado en Riosucio, Caldas. Tienen la misión de localizar los cadáveres de sus paisanos asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado. La búsqueda la hacen con la Justicia Especial para la Paz y en el camino también desentierran verdades de los conflictos que durante décadas han afectado al pueblo emberá chamí. A Paola Andrea y a Sergio los acompaña el médico tradicional Alexander Largo, quien hace un ritual para sanar la tierra cuando encuentran un lugar de enterramiento. Dicen que esa sanación terminará cuando se extraigan todos los cuerpos y se devuelvan a sus familias.

En el Territorio Ancestral de San Lorenzo, entre Riosucio y Supía (Caldas), todo se hace en comunidad. Hasta la búsqueda de sus desaparecidos. En el Cabildo Central, a dos cuadras del parque, el 11 de agosto del 2021 me encuentro con Paola Andrea Gañán y Sergio Armando Gañán, dos jóvenes cabildantes. En sus relatos reposan la memoria de un pueblo indígena agredido y la demanda de encontrar a quienes fueron desaparecidos por la fuerza durante el conflicto armado que tuvo una fuerte expresión en las montañas de esta comunidad indígena emberá chamí.

En los últimos años estos jóvenes se interesaron por la reparación de las víctimas. Luchan por recuperar la memoria sobre lo que sucedió, para que no se repitan hechos de violencia en una comunidad que arrastra miedos y secuelas psicológicas a causa del accionar de los actores armados del conflicto, quienes anduvieron por las veintiuna comunidades que integran San Lorenzo.

En el comedor del cabildo, Paola Andrea y Sergio Armando comienzan estas narraciones. Había pasado el mediodía y desde la cocina preguntan si queremos café. Sergio Armando sostiene un cuaderno con apuntes señalados cuidadosamente, de las capacitaciones que recibió de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para que no se le escapen los detalles de la labor que debe cumplir para ayudar a encontrar a indígenas del pueblo emberá chamí que fueron desaparecidos en San Lorenzo.

Paola Andrea inicia la conversación. Dice que San Lorenzo se levanta de ese dolor y en un intento por sanear el territorio ancestral debe guiar el camino para encontrar ciento veinticinco cuerpos de jóvenes y de adultos asesinados y enterrados en sus tierras.

Costa Rica es una comunidad de San Lorenzo. La habitan doscientas treinta personas y cincuenta y seis familias. En este territorio ancestral no se habla de veredas ni corregimientos, son palabras que no existen. El reconocimiento jurídico de San Lorenzo como territorio ancestral le ha permitido organizarse y nombrarse como lo indica su tradición, en este caso como comunidades.

En Costa Rica vive Paola Andrea, quien tiene veintiocho años. Ella es la voz representativa de un grupo de jóvenes, cuyos ojos infantiles vieron en la década del 2000 el desfile de sujetos, vestidos de camuflado y con fusiles en las manos, que entraron a las casas y levantaron campamentos en los patios de las viviendas. Ninguno fue invitado ni bien recibido, porque perturbaban a la comunidad.

Paola Andrea participa en la búsqueda de los cuerpos de aquellos coterráneos suyos que fueron desaparecidos. También va detrás de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Con el cabildo comunitario hemos ido a mostrar posibles sitios donde se puedan hallar algunos cuerpos que generan impactos negativos en la siembra y quejidos de las almas, son almas que quieren ser guiadas, que están penando. No queremos que a nuestros niños les toque lo que vimos nosotros”, comenta.

Desde junio del año 2021 la JEP custodia lugares donde posiblemente están enterrados cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Se hallarían en dieciocho puntos de interés forense, identificados por la comunidad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en San Lorenzo. En este proceso trabajan Paola Andrea y Sergio Armando.

Ellos recorren las comunidades en busca de testimonios que ayuden a localizar sitios puntuales o fosas donde posiblemente estén enterradas víctimas de la guerra. “Es algo que nos gusta hacer, pues nuestras comunidades quedaron muy afectadas psicológicamente. Uno siente secuelas de ver lo que les pasó a nuestros comuneros”, expresa Paola Andrea; también se refiere a la forma en que los asesinaban, pues eran mensajes contundentes para imponer el silencio a quienes quedaban vivos.

Paola Andrea y Sergio Armando, al igual que sus autoridades, ven como un logro que la JEP haya puesto sus ojos en San Lorenzo. Así, con este acompañamiento, han comenzado el tortuoso, pero esperanzador camino de hallar ciento veinticinco cuerpos, de los 82.998 desaparecidos que dejó el conflicto en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Resistencia

En San Lorenzo la resistencia se engendra, se siente, es una actitud de los indígenas para vivir en comunidad, para reconocerse y reconocer el pasado que los impulsa en el presente y los proyecta en el futuro. Eso sienten Paola Andrea y Sergio Armando, quienes saben que los apuntes de sus cuadernos son un tesoro. Es un esfuerzo, de mucho estudio y voz para ser ejemplo y animar a la lucha colectiva en sus comunidades de la alta montaña, necesaria para encontrar a sus vecinos desaparecidos. 

Sergio Armando es de Aguas Claras, una comunidad cercana al casco urbano. A su tío Jaime Antonio Gañán Largo lo reclutó la guerrilla cuando tenía quince años. “Los actores armados engañaban a los muchachos con promesas; como ellos no tenían oportunidades, se iban a sus filas y muchos no volvieron. Mi abuela murió en el 2020 esperando a mi tío”, cuenta Sergio. El joven, de 23 años, regresó del servicio militar obligatorio y ahora representa a su comunidad en la búsqueda de la verdad y de personas desparecidas que se presume están enterradas en distintos lugares del Resguardo Ancestral de San Lorenzo.

La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas realizaron en febrero del 2021 una de las dos jornadas de identificación de parajes donde presuntamente se hallan restos humanos. El desafío es de talla mayor; por eso, se conformó un equipo amplio e interinstitucional. Participan la comunidad y organizaciones como el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), de la Universidad de Caldas, el Movice, el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y Équitas, una organización forense que asesora al Cridec.

Las comisiones caminan por cerros, quebradas, cultivos de pancoger, árboles frutales, potreros y trochas de este rincón caldense en la cordillera occidental, con el propósito de identificar los puntos y desde la medicina tradicional ayudar al equilibrio de cada lugar. Cada ruta está acompañada por maestros espirituales, autoridades tradicionales, la Consejería Indígena, cabildantes, fiscales comunitarios, consejeros del Cridec y la Guardia Indígena.

El trabajo de Paola Andrea y Sergio Armando es previo. “La primera vez que los funcionarios vinieron a buscar los cuerpos se perdieron. Para la segunda se escogió un grupo más selecto”. La tarea es dispendiosa, pues la gente siente temor de ser involucrada en un proceso jurídico, solo por ayudar a localizar un sitio donde podría haber alguien enterrado. En esa labor de generar confianza han sido cruciales los cabildantes de las veintiuna comunidades. El itinerario de los muchachos los llevó a encuentros con personas que conservan la ilusión de que su ser querido esté vivo.

Sergio Armando coincide con Paola Andrea en que no quieren que la historia se repita. “Tengo satisfacción porque la comunidad ha sido muy receptiva a la hora de brindar información. Nos dicen dónde, posiblemente, hay un familiar o una fosa común y siguen pendientes de noticias de ellos”. Ahora, los familiares de desaparecidos acuden, de manera ansiosa, a preguntarle a Sergio Armando ¿qué han dicho?, ¿qué se ha sabido? “La gente ya lo referencia a uno por este trabajo comunitario”, manifiesta. Sergio Armando ayuda a encontrar a familiares de otras personas, aunque de su tío Jaime Antonio no se sepa nada. Él no pierde la esperanza de encontrarlo algún día, por eso transforma esa ilusión en energía para ayudar a los demás. 

El joven, como sus compañeros, tiene claro el pasado con la guerra que puso entre la espada y la pared a gente inocente. “Los señalaban de colaboradores, de un bando o del otro, solo porque pasaban cerca o simplemente porque los saludaban”. En la comunidad de Sisirrá, por ejemplo, vecinos aseguran que son trece los jóvenes, de entre los quince y los dieciocho años, de los cuales no se volvió a tener noticia, tras el auge del reclutamiento en el 2001, el 2002 y el 2003. ¿Dónde estarán? La pregunta se la han hecho una y mil veces. La incertidumbre, en el caso de sospechas de fosas, es si los enterraron en su propio territorio o en otra parte del país, pues en departamentos como Chocó, Caquetá y Meta han hallado a comuneros de San Lorenzo.

Las edades no son datos de poca monta, Sergio Armando intuye que la falta de oportunidades los convirtió en blancos para los actores armados bajo la promesa de un empleo; luego fueron nombres de desaparecidos y después cifras. La disputa por mantenerlos en el recuerdo seguirá con ellos y con otros jóvenes por muchos años. “Dentro de cada comunidad hay estos procesos. En la mía (Costa Rica) hay veinticinco jóvenes que están en la Guardia Indígena y en reuniones comunitarias vamos involucrando a los niños y niñas. Los que fueron más afectados son los que tienen la vocería en esos relatos colectivos”, explica Paola Andrea.

En el Parque de San Lorenzo, luego de conversar con Paola Andrea y Sergio Armando, me encuentro a Rubén Darío Gañán, con quien minutos antes hicimos un ritual de armonización, en el sitio sagrado Aguas Saladas. Es el coordinador de la Consejería de Aplicación de Justicia Propia en el territorio ancestral. Rubén Darío acompaña a la JEP en este proceso que, reitera, es una conquista del movimiento indígena que pide verdad, justicia y reparación, sobre la base de su cosmovisión, sus creencias y sus costumbres. Comenta: “Por ahora son dieciocho puntos, pero hay más. Apenas la gente se está concientizando de que debe contar. Primero se sacaron seis cuerpos de víctimas del conflicto. Solo uno era de San Lorenzo y otros (los cinco) de municipios de Antioquia”. Por las dinámicas de la guerra, en este territorio, corredor estratégico entre Chocó, Risaralda, Caldas y Antioquia, hay cuerpos de víctimas de orígenes diferentes al de esta comunidad. “Espiritualmente debemos seguir saneando nuestro territorio”, aclara Rubén Darío. La conversación con Rubén Darío concluye justo cuando suenan las campanas de la iglesia en un territorio que también se reconoce con tradición católica.

 

El texto sobre San Lorenzo hace parte del libro Defender el territorio, que es el tercero de la colección editorial Defender y es publicado conjuntamente por Hacemos Memoria y el programa Somos Defensores.

Las heridas de San Lorenzo

Me siento a conversar con un hombre de rasgos indígenas y con la piel tostada por el sol. Sus manos son las de una persona de contextura fuerte. Se llama Luis Albeiro. Su apellido, como el de muchos por allí, es Gañán. En Riosucio son comunes los Tapasco, los Bueno, los Largo, y no necesariamente son familiares. Su voz me lleva por el pasado y el presente, por lugares distantes y cercanos, y siempre bajo la sombra de un San Lorenzo aún herido.

Refiere que un sábado de 1999, a las seis y media de la tarde, la comunidad indígena de Pasmí sintió que la habían matado dos veces. Encerrados en la escuela, los habitantes escucharon los primeros disparos. Segundos después oyeron otras detonaciones. Cuando los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) les ordenaron que salieran del centro educativo, corroboraron las sospechas: los guerrilleros mataron a Reynaldo y a Aldemar Gañán Salazar. Los cuerpos quedaron distanciados por cincuenta metros y entre sus muertes hubo cerca de cincuenta segundos.

Es miércoles y San Lorenzo destella escenas de su cotidianidad. Los estudiantes del colegio están en clase, los camperos llegan de la zona rural, los comerciantes reciben a sus clientes, un grupo de jóvenes parqueados en moto conversan en una esquina donde funciona un taller de mecánica. Parece la vida de un pueblo que respira paz. Las voces de esta historia, sin embargo, dan cuenta de un pasado distinto, insisten en que es necesario abrir las páginas de dolor, también de dignidad en medio de la guerra, en busca de la reparación.

Luis Albeiro Gañán Salazar y sus dos hermanos eran tenderos reconocidos en la comunidad indígena Pasmí, caserío ubicado a tres kilómetros del centro poblado de San Lorenzo. Las casitas están rodeadas de cañaduzales, cafetales y cerros que son sagrados para el pueblo emberá chamí. Luis Albeiro se acomoda en su silla Rimax:

—¿Qué quieren saber para yo saber cómo les empiezo a contar? —pregunta; es una interpelación previa porque la historia del asesinato de sus allegados, su desarraigo y su estigmatización no está oculta, y la forma en que la narra interfiere en la jerarquía que les da a los hechos de dolor.

—Por donde usted quiera —respondo.

—Yo daría fe de lo que he vivido —complementa Luis Albeiro y comienza una narración que dimensiona las violencias que se perpetraron contra el pueblo emberá chamí y que le dejaron heridas que hoy intenta curar.

La tienda de Luis Albeiro, tras dos reconstrucciones, quedó convertida en la casa familiar. Su hogar sufrió el paso de todas las violencias armadas. De esas atrocidades tiene recuerdos frescos, que de tanto repetir los puede transmitir de manera cronológica y exacta.

Como dijo José Jairo Tapasco, gobernador del Resguardo Indígena de San Lorenzo, en la audiencia de la JEP del 16 y el 17 de julio del 2021, el pueblo emberá chamí fue una de las comunidades caldenses que más sufrió los embates de los actores del conflicto armado, quienes entre 1985 y el 2005 perpetraron desapariciones, reclutamientos y masacres. “Por eso, hemos reclamado que haya justicia. No se han saneado esas heridas”, comentó. Lo puso en cifras: de las cuatrocientas desapariciones reportadas en Riosucio hasta el 2021, ciento veinticinco ocurrieron en San Lorenzo.

Sobre sus tiempos como tendero, Luis Albeiro dice: “Esto nació a raíz de que han entrado todos los grupos armados, sobre todo guerrilla”. Resume como si se tratase de una clase de historia local: “Primero pasó el M-19, no mucho, por allá en los años setenta. Luego la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el 83 y el 84, inclusive reclutó a compañeros...”. Hace una pausa para asegurar que cada vez las cosas se ponían peor: “Me empezaron a llegar mensajes anónimos, según eso eran amenazas del Ejército. Me ha gustado vender parva, gaseosa, granos. Me iba a surtir a Riosucio y decían que yo le traía comida al EPL”.

Un relato similar tiene Arbey Gañán, el consejero de Derechos Humanos del Cridec, quien contó durante la primera audiencia de la JEP en el territorio el 16 de julio del 2021: “Guerrilleros y paramilitares entraron a la zona por ser estratégica para sus desplazamientos y montañosa para el cultivo ilícito (plantaciones de coca). Los grupos armados de derecha e izquierda transitaron por aquí dejando un sinnúmero de víctimas indígenas”.

Acompaño a Luis Albeiro a Pasmí. Él se recuesta en un árbol, rodeado de hojarasca, en busca de sombra. Cuatro gallinas coloradas y una blanca escarban, buscan lombrices. “No puede decir uno que fue el Gobierno —dice Luis Albeiro, quien retoma su relato del conflicto armado en San Lorenzo—, pero me hicieron desplazar. Me fui un domingo de 1986. Al martes me llamaron que habían ido a allanar mi casa, que porque yo tenía armamento. No encontraron nada”.

Luis Albeiro volvió a su tierra en 1996, y resume sobre su retorno: “Uno es de donde es”. La casa donde funcionaba su tienda en Pasmí quedó abandonada tras su éxodo. Cuando regresó en 1996 pudo repararla con unos recursos. No obstante, el territorio todavía era violentado por los actores armados del conflicto: amenazas, desplazamientos, reclutamientos, panfletos con ultimátum, tomas y masacres seguían perpetrándose.

Luis Albeiro recuerda los hechos de 1999, cuando mataron a sus dos hermanos, y cuenta los presuntos motivos por los que los acribillaron. A Reynaldo, porque era colaborador del ejército; él viajaba a Manizales a consultas médicas, pero la guerrilla decía que en realidad iba a la ciudad para entregar información en un batallón del ejército. Y a Aldemar, porque intentó defender a su hermano mayor. “Eso nos dijo la guerrilla cuando nos reunió afuera de la escuela, cerca de los cadáveres”.

Esas muertes marcaron el segundo desplazamiento forzado de Luis Albeiro. En el primero lo señalaron de colaborar del EPL. En el 2000 la guerrilla lo obligó a irse de Pasmí porque, según ellos, así como su hermano Reynaldo, era informante del ejército. “Me fui para Armenia, inclusive allí me cogió el terremoto del Eje Cafetero. Uno en el éxodo sufre mucho, porque uno no puede venir, y más con hijos pequeños; yo tenía tres”.

Luis Albeiro respira profundo y reflexiona sobre una realidad que va de la mano con el drama de los indígenas y de miles de campesinos colombianos. “Éramos humildes, uno no dice que pobre porque hay gente en condiciones peores, pero no había plata”. A su memoria llega el martes en que dejó por segunda vez su tierra, aconsejado por su familia y por vecinos que ya olfateaban la tragedia. En la tarde del lunes vieron a dos guerrilleros rondando la casa. Al día siguiente de su partida mataron a su tío, quien también estaba amenazado.

Luis Albeiro camina por un jardín y llega a la huerta casera. En medio de cultivos de plátano, yuca, café y hortalizas saca frases que aportan nuevos contextos de este San Lorenzo. “Por acá también estuvieron los paras, no asentados, pero estuvieron”. Desde el 2010, en su segundo retorno a Pasmí, ha escuchado que los pobladores del territorio que sufrieron por los desplazamientos, las desapariciones, las amenazas y los asesinatos deben ser reconocidos como víctimas por el conflicto armado. Es una opinión a la que se adhiere.

Sus palabras son respaldadas por el gobernador José Jairo Tapasco: “Desde hace tiempo hemos querido que las víctimas del conflicto sean reparadas por parte del Estado”. La razón la redondea Arbey, de Derechos Humanos del Cridec: “Es un conflicto que no nos ha dejado avanzar en el desarrollo étnico, político, cultural y espiritual”.

Luis Albeiro se sienta en su casa en Pasmí, en un corredor adornado por geranios. Reposa y echa otra mirada atrás, al pasado difícil. “Hubo un momento de tanta intimidación que a los viejos les decían que si votaban por Uribe los mataban o los reclutaban también, que así no combatieran los ponían de rancheros (cocineros)”.

La guerra se degradó tanto que los indígenas no podían salir ni a la esquina: nuestras reuniones comunitarias y nuestros bailes en los kioscos quedaron prohibidos. “Las Farc hacían lo que querían, de la tienda se me llevaban los enlatados, gaseosas. Y nos decían: ‘Ustedes por aquí no han visto nada’. Uno quedaba aterrado, pues decíamos: si el Gobierno no es capaz con sus armas, menos nosotros solos e indefensos”.

Luchas ancestrales

Un camino sin pavimentar conduce desde Pasmí, donde vive Luis Albeiro, hasta la zona urbana de San Lorenzo. Luego, una carretera serpenteante lleva hasta La Herradura, en la conexión del territorio con la Troncal de Occidente, una vía que conecta a Medellín, Manizales, Armenia y Cali. Un paneo desde allí muestra un San Lorenzo de laderas forradas en café, caña y plátano, primeros renglones productivos de los indígenas emberá chamí de esta zona.

La resistencia de los emberá chamí ocurre desde hace varios siglos. Los títulos de la comunidad datan de la época de la colonia española, en 1627, y se perdieron en las luchas de independencia de la corona española a principios del siglo xix. El 18 de marzo de 1835, cuenta la historia reseñada por el Cridec en su página web, se expidió un nuevo título, ratificado en 1889.

Sin embargo, como recuerda Arbey Gañán, consejero de Derechos Humanos del Cridec, en 1943 los actores políticos disolvieron los resguardos de San Lorenzo y de Escopetera Pirza. En adelante, el pueblo indígena emberá chamí de Caldas emprendió una lucha para exigir reconocimientos étnicos y territoriales. “Pasaron treinta años para que se volviera a hablar de comunidades indígenas”, expresó Gañán en la audiencia de la JEP en el territorio, en la que participaron representantes del Cabildo Central de San Lorenzo.

Arahugo Gañán es otro líder indígena visible en Caldas: ocupó una curul en la Asamblea Departamental en el periodo 2009-2012, fue presidente del Cridec y gobernador del Resguardo Indígena de San Lorenzo. “Buenos días a todos”, saluda y sonríe a su llegada a la sede del Cabildo Central, en el centro poblado de San Lorenzo, una casa para el encuentro de los indígenas, el mismo lugar donde hablé con Sergio Armando y Paola Andrea.

A este lugar entran y salen constantemente comuneros, miembros y dirigentes de la Guardia Indígena. En la cocina preparan café para ofrecer a cualquier persona que llegue, es un hogar para todos. Arahugo, un apasionado al hablar de su pueblo, sus costumbres, sus luchas y sus resistencias, recibe un café en aguapanela. Se dirige al tambo, un espacio construido en guadua y equipado con sillas, para atender a quienes necesitan de su ayuda como dirigente. 

Arahugo fue una de las voces fuertes durante la audiencia de la JEP e hizo en ese momento una de las reflexiones más potentes que dan piso sólido a su lucha. “Mucho antes de que el hombre blanco llegara a nuestras tierras, nosotros estábamos aquí. Hemos cedido nuestros territorios para que ellos puedan vivir y convivir en este lugar que se llama San Lorenzo, Riosucio, Colombia. Es el hombre blanco el que no ha entendido. Hoy compartimos la preocupación que hay por la expansión y continua intención de quitarnos nuestras tierras”.

Arbey, el consejero de derechos humanos del Cridec, hace una exposición rápida de las consecuencias y los desenlaces de estos sucesos. “Eso hizo que estos territorios fueran ocupados por colonos llegados de Antioquia; entre ellos, miembros del ejército y de la Iglesia católica. En la recuperación de esas tierras, nuestros líderes empezaron a ser perseguidos y estigmatizados por quienes gobernaban el país”.

Las circunstancias obligaron a que muchos se refugiaran en las parcialidades y los asentamientos de Cauromá, La Trina y Damasco. “Hubo persecuciones a muchos de nuestros dirigentes que hoy no están, que nos acompañan con sus espíritus y nos dan valentía y fuerza para seguir luchando por nuestra dignidad”, expresa Arbey.

Los anhelos por la recuperación territorial han tenido su respaldo en el Cridec, consolidado en los años ochenta, justo cuando en el país tomaba fuerza el conflicto armado y a la vez surgían movimientos sociales. Así, la resistencia contra el exterminio y en busca de autonomía tomó un carácter regional, nacional e internacional.

El Cridec agrupa diecisiete cabildos del departamento. Se basa en los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. La organización resalta a sus mayores Gabriel Campeón, Gilberto Motato, Noé Motato, Luis Ángel Chaurra, Clímaco Marín, Jesús Antonio Gañán, Faustino Rotavista, Eulalia Yagarí y Silvio Tapasco, por fomentar la unidad necesaria para fortalecer en ese momento histórico (los años ochenta y comienzos de los noventa) la recuperación de las tierras desde los ámbitos jurídico, territorial, cultural e identitario.

Arahugo está seguro de que esa manera de pensar ha tenido un costo, materializado en violencias, persecuciones y estigmatización. Ilustra la situación con el caso del docente Rey María Salazar, quien en agosto de 1988 fue retenido por militares en un retén y posteriormente asesinado. Amnistía Internacional reseñó en 1990 el caso del profesor, junto con el de otros líderes, en el documento llamado Colombia: violaciones de derechos humanos contra miembros de comunidades indígenas en el departamento de Caldas. “El profesor fue castrado, chuzados sus dedos con agujas, fue un mensaje para quienes pensaban de manera diferente”, explica el exgobernador indígena.

La detención, la tortura y el asesinato de Rey María enviaron un mensaje de silencio y terror a la comunidad. Siete años después, el Consejo de Estado emitió un fallo condenatorio en contra de la Nación, que determinó que la responsabilidad directa es del mayor del ejército José Vicente Urbina Sánchez, adscrito a la Octava Brigada con sede en Armenia.

Movimientos

El 13 de marzo de 1988 se materializó un suceso histórico para la democracia colombiana: se celebró la primera elección popular de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Estos cargos eran escogidos a dedo, como dicen popularmente, por el presidente y los gobernadores.

Los indígenas vieron la posibilidad de entrar en la dinámica administrativa de su país por vía de la participación electoral, pero encontraron un camino largo y sangriento. “Fuimos muy buenos para ellos (los blancos) hasta que decidimos participar en el sagrado derecho a elegir y ser elegidos”, recuerda Arahugo.

En 1988 denunciaron ante Amnistía Internacional las violaciones a los derechos humanos, luego de que torturaron y mataron a Gilberto Motato, candidato a la Alcaldía de Riosucio, en un caso ocurrido el 22 de marzo de ese año. El 9 de abril del 2002 ejecutaron a la gobernadora del resguardo de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña, María Fabiola Largo, quien también aspiraba al cargo.

Otro hecho brutal contra las aspiraciones políticas de los indígenas de Riosucio ocurrió en La Herradura, un paraje de la Troncal de Occidente, entre Supía y Riosucio, donde está la entrada a una carretera despedazada que conduce a San Lorenzo y que es una muestra de la negligencia y el olvido de la Gobernación de Caldas, institución que apenas en el 2021 anunció la inversión de mil quinientos millones de pesos destinados a reparaciones sobre esa vía, luego de una denuncia del diario La Patria de Manizales.

En La Herradura, el 8 de junio del 2003, paramilitares e integrantes del ejército mataron a Gabriel Ángel Cartagena, una de las esperanzas de los indígenas caldenses, cuando “alrededor de las 13 horas [según un artículo periodístico de Verdad Abierta] a la altura del paraje La Herradura, unos hombres vestidos de militar, entre los cuales había varios de civil, atacaron el vehículo con armas de largo alcance y granadas”. En el carro igualmente se transportaban Hugo Tapasco, Diego Suárez y Fabio Hernán Tapasco, quienes también fallecieron en los hechos. Gabriel Ángel Cartagena, miembro del Partido Comunista Colombiano (PCC), se dirigía hacia San Lorenzo en una visita como candidato a las elecciones para la Alcaldía de Riosucio.

Arbey Gañán, desde el Consejo de Derechos Humanos del Cridec, señala que con las muertes de Gilberto Motato y María Fabiola Largo, del resguardo de La Montaña, y de Gabriel Cartagena, de Cañamomo Lomaprieta, le truncaron a la comunidad la posibilidad de alcanzar puestos en espacios de representación; tales hechos son una muestra de que los indígenas que aspiraban a un cargo de elección popular eran estigmatizados y perseguidos. “Ellos tres nos representaron en esos escenarios, además de numerosos líderes representativos, cabildantes, profesores, lideresas y médicos tradicionales, también perseguidos”, explica Arbey.

La situación a comienzos de la primera década del siglo xxi llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara una medida cautelar, vigente desde el 2002, con el fin de reforzar y garantizar la seguridad de los dirigentes indígenas durante los periodos electorales. “Eso demuestra que el conflicto no es de ahora”, reflexiona de nuevo Arbey.

A pesar de la persecución, la estigmatización y los asesinatos, la lucha política del movimiento indígena de Caldas ha dado sus frutos, por ejemplo con las elecciones de Darío Edgardo Tapasco como alcalde de Riosucio en el 2003, Abel David Jaramillo en el 2011 y Bernardo Arley Hernández en el 2015, tras vencer en las urnas a los candidatos de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el de la U. Asimismo, con curules en el Concejo del municipio, en la Asamblea Departamental de Caldas y en la Cámara de Representantes.

La violencia política contra el pueblo indígena emberá chamí todavía tiene una sombra en el territorio que se expresa en la estigmatización y que les preocupa porque puede desatar acciones contra los cabildantes. Por eso los indígenas de San Lorenzo combaten la violencia denominada simbólica, que vive en las palabras y que se reproduce con expresiones como cuna de guerrilleros, que desconoce la historia de dolor y que reproduce y perpetúa el racismo.

Un hecho reciente, ocurrido el 4 de mayo del 2021, demuestra que la sombra de esa violencia contra los indígenas sigue presente. En una sesión ordinaria del Concejo de Riosucio, Álvaro Antonio Guapacha, concejal por el partido Cambio Radical, señaló a los pueblos indígenas del municipio como terroristas por participar en las movilizaciones del 28 de abril en la Plaza de la Candelaria.

Las autoridades tradicionales indígenas de Caldas denunciaron el discurso por considerar que contiene manifestaciones de estigmatización, racismo y discriminación. El 14 de julio hubo una audiencia de conciliación y se acordó que el concejal se disculparía y se retractaría de lo dicho, pero no ocurrió así.

Saneando el territorio 

El centro forense integral Équitas, que lleva diecisiete años al servicio de la investigación sobre la violación de derechos humanos, consolidó un listado de 125 personas desparecidas en San Lorenzo, incluidas dentro de las 7.246 de Caldas y las 482 de Riosucio.

Diana Arango, la directora ejecutiva de Équitas, expuso en la audiencia de la JEP del 16 de julio las características del fenómeno: 119, de las 125, siguen desaparecidas; 91 están sin clasificar; 26 fueron forzadas y 2 corresponden a reclutamientos ilícitos. El 25 % de las desapariciones en San Lorenzo ocurrieron entre el 2000 y el 2009; y el 15 %, entre 1980 y 1989, es decir, en la época de acontecimientos relatados por Luis Albeiro, Paola Andrea, Sergio Armando y las autoridades del resguardo. Llamó la atención en un aspecto fundamental, relacionado con lo que califica como altos niveles de impunidad. “Tanto para el departamento de Caldas, como para los municipios no se identifica en más del 70 % el perpetrador de los hechos”.

En la salida de San Lorenzo está el cementerio. Líderes indígenas le informaron a Équitas sobre cuerpos inhumados de personas no identificadas, principalmente en hechos que ocurrieron en los periodos de violencia que limitaron e impidieron los procedimientos técnicos de criminalística y los análisis médico-legales pertinentes.

Estos horrores de las amenazas, los reclutamientos, las desapariciones, las tomas, las detenciones ilegales, las masacres, la violencia política y la estigmatización han estado y están en la memoria de la lucha colectiva y eterna de San Lorenzo: una violencia sistemática que, según el médico tradicional Alexander Largo, ha enfermado la dana eoro (madre tierra). Con plantas de ruda, altamisa, salvia y rituales el médico Alexander trata de sanear el territorio donde se encuentran los espíritus de ciento veinticinco cuerpos, aunque podrían ser más. Claman por una ceremonia que les permita trascender a una dimensión no terrenal.

Por un sendero de Aguas Claras, donde vive Sergio Armando, el muchacho que trabaja en la búsqueda, da pasos el médico tradicional, siempre hacia arriba, en busca de Agua Salada, un sitio sagrado. A medida que uno se adentra en la cuesta, con árboles, manantiales y cultivos a lado y lado, comprende el significado y la dimensión de las palabras emberá-chamí: gente de cordillera.

Alexander es el consejero mayor de la Escuela de Medicina Jaivia (espíritus buenos), que ya suma veintidós graduados. En la organización los médicos son los guías y vigilantes de la armonía y la salud. Ellos, con su sabiduría heredada de maestros antiguos como Hermenegildo Gañán, han percibido que el conflicto armado y todas las violencias dejaron una tremenda carga de mala energía en el territorio ancestral. “Donde hay enterrados muertos de la violencia no pelechan el plátano, la yuca, el maíz, la caña, la guadua, es como algo seco”, explica Alexander.

Para cada lugar y para cada víctima hay un ritual con semejanzas y diferencias, y se hacen con el propósito de contrarrestar la mala energía que emerge de allí. El médico saca ruda, salvia, altamisa, hace sahumerios, hasta ahí todo es igual. Lo que cambia son algunos rezos y rituales particulares, que guardan en secreto, para cada sitio y para cada espíritu, y que solo los puede hacer un mayor con experiencia y sabiduría, como Alexander.

Paola Andrea, la joven cabildante de Costa Rica, ha recogido testimonios que dan cuenta de apariciones y ruidos misteriosos en patios, cultivos y pasos en caminos, donde supuestamente hay enterradas víctimas del conflicto. “Escuchamos cosas, vemos cosas, creemos que hay algo aquí”, le comentan a la lideresa. Esas manifestaciones para los indígenas significan que un espíritu deambula por ahí porque aún no ha sido enterrado con el ceremonial respectivo. “Algunos se atemorizan al pasar por ciertos lugares”.

Aguas Saladas tiene una cascada cristalina. Su vecino es un chorro de agua salada. Allí los indígenas reciben un baño del médico Alexander para llenar sus espíritus de energía buena, de armonía de los cuerpos humanos con los elementales de la naturaleza. El médico señala con el dedo, en orden, los cerros Buenos Aires, Viringo y San José. “Estamos blindados —dice Alexander—. El Buenos Aires nos protege, por él no han vuelto los conflictos y ningún grupo armado”. El blindaje energético del resguardo lo complementan la desembocadura donde se encuentran los ríos Aguas Claras y Las Estancias.

La misión de los médicos es identificar los sitios de ocultamiento de los cuerpos y sanear el territorio. Su labor es reconocida por la JEP. El gobernador del resguardo, José Jairo Tapasco, explica que fueron tres años de acercamientos y reuniones con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas hasta llegar al proceso actual que permite continuar el camino de reclamación por las víctimas masacradas.

Las primeras búsquedas con los organismos forenses dejaron claro que sería necesaria la participación de la comunidad y el reconocimiento de esa labor espiritual que cumplen los médicos indígenas. El paisaje ha cambiado, la vegetación no es la misma y hallar fosas es complicado. Por la topografía montañosa del territorio ancestral de San Lorenzo los funcionarios se perdían o la misma naturaleza no quería que los cuerpos fueran encontrados sin que primero se sanara la tierra y se devolviera el orden a la vida natural. Por eso, resulta clave el papel de jóvenes como Paola Andrea y Sergio Armando, y de médicos como Alexander.

Una experiencia que ya es leyenda ocurrió en El Tablazo, un caserío en la parte alta de San Lorenzo, cerca de Costa Rica, donde la violencia golpeó duro. La JEP, los médicos tradicionales y el resto del personal viajaron al lugar en una jornada radiante de sol. Se presumía un hallazgo importante. Sin embargo, el día y las cosas cambiaron cuando se acercaron a la zona. Truenos, rayos y lluvia se desataron justo cuando arribó la delegación. “Nos tocó devolvernos, nos estábamos perdiendo, tuvimos que salir por Caramanta (Antioquia)”, recuerda el coordinador de la Consejería para la aplicación de justicia propia, Rubén Darío Gañán.

Según Alexander, el médico tradicional, estas situaciones tienen una explicación: “Esos sitios secos, con mala energía, pueden ser indicador del espíritu para decir “estoy acá”. Unos piden que los saquen y otros que no. También depende de la manera en que haya muerto o la manera que hubiese sido la persona. Los de muerte natural se dejan sacar más fácil”.

Ellos interrumpen esta vida porque no hay un trascender al mundo de los espíritus, siempre estarán ahí hasta que no sean orientados por un médico. El espíritu debe guiarse porque se alimenta de la comunidad, irradia energía negativa. Costa Rica en la parte alta y La Línea están cargados de esa atmósfera. “Cualquiera que tenga capacidad de percepción puede sentir esa energía, siente angustia y necesidad de abandonar ese sitio. Incluso esa energía cambia a la comunidad, hay conflictos, desunión. Es similar a sacar oro. Usamos conjuntos y liberación para contrarrestar o parar esa energía”, reitera Alexander.

Es una labor que hace que el proceso de recuperación de cuerpos sea especial en San Lorenzo, porque la JEP reconoce que sin el saber ancestral no se puede ingresar ni armonizar el territorio. Hasta el cierre de esta historia aún no habían fijado fecha para la primera exhumación.

Mientras esto ocurre, Sergio Armando Gañán y Paola Andrea Gañán, jóvenes líderes de Costa Rica y Aguas Claras que ayudan con la búsqueda de desaparecidos; Luis Eduardo Gañán, un viejo habitante de San Lorenzo que comparte su memoria oral de la barbarie; las autoridades; los habitantes y el médico Alexander Largo buscan los caminos para sanar las heridas del territorio ancestral de San Lorenzo.

---

Referencias

Amnistía Internacional (1990). Colombia. Violaciones de derechos humanos contra miembros de comunidades indígenas en el departamento de Caldas en 1988. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/amr230611990es.pdf.

Baudó Agencia Pública (2019). Riosucio. Memorias en resistencia. https://baudoap.com/riosucio-memorias-en-resistencia/.

Justicia Especial para la paz (2021a). Audiencia territorial: Trámite de medidas cautelares en el resguardo indígena San Lorenzo (Caldas). https://www.youtube.com/watch?v=w6--PIw5DtA.

Justicia Especial para la paz (2021b). Sesión dos, audiencia territorial: Trámite de medidas cautelares en el resguardo indígena San Lorenzo (Caldas). https://www.youtube.com/watch?v=qdktR4t11sk.

Justicia Especial para la paz (s. f.) JEP avanza en estudio de medidas cautelares en el resguardo indígena de San Lorenzo. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-avanza-en-estudio-de-medidas-cautelares-en-el-resguardo-ind%C3%ADgena-de-San-Lorenzo-(Caldas).aspx.

La Patria (2016). Denuncian destrucción de monumento a líderes sociales asesinados. https://www.lapatria.com/sucesos/denuncian-destruccion-de-monumento-lideres-asesinados-330533.

Organización Movimiento de Víctimas (s. f.). Claves para el esclarecimiento del genocidio del pueblo emberá chamí de Riosucio. https://movimientodevictimas.org/infografias_interactivas/infografia1.html.

Registraduría Nacional del Estado Civil (s. f.). Resultados de elecciones locales 2003, 2010 y 2014. www.registraduria.gov.co.

Universidad de Caldas. Primera audiencia étnica de la JEP sobre desaparición forzada. https://www.ucaldas.edu.co/portal/primera-audiencia-etnica-de-la-jep-sobre-desaparicion-forzada/.

Verdad Abierta (2009). Gabriel Ángel Cartagena, gobernador indígena de Caldas. https://verdadabierta.com/gabriel-angel-cartagena-gobernador-indigena-de-caldas/.

---

[1] Óscar Veiman Mejía Giraldo (1967). Nacido en Manizales. Tiene veintisiete años de experiencia como periodista, en el diario La Patria de la misma ciudad. Fue redactor general y deportivo, editor de la sección Regional y actualmente es editor del área de Educación y Salud. Ha sido colaborador en publicaciones con el Consejo de Redacción.