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LA PATRIA| MANIZALES

Un hombre, de 45 años, adscrito a la Institución Educativa Sipirra, de Riosucio, llevaría 24 años ejerciendo de docente sin contar con título universitario. Así se desprende de una investigación penal que se le inició por fraude procesal, en concurso con uso de documento falso.

LA PATRIA conoció que el pasado miércoles la Policía y el CTI le hicieron un allanamiento en su vivienda, donde le incautaron 10 folios con sellos y firmas de la Fundación Universitaria Luis Amigó, un diploma de esa misma institución que lo acredita como licenciado en Pedagogía Reeducativa y una certificación en Tecnología Informática Aplicada a la Educación.

Este medio supo que el sujeto tiene un título de 1999, de esa universidad, con el que logró ingresar a laborar como docente. Trabajó en tres colegios de Riosucio (San Jerónimo, La Iberia y Quiebralomo). Luego pasó a Sipirra, entre el 2002 y el 2003. Desde esa fecha da clases en primaria, dictando diferentes materias.

Descubrieron su posible fraude desde el 2020, en el inicio de un proceso de nombramiento en propiedad para etnoeducadores. La selección incluía diferentes puntos, entre ellos evaluación pedagógica, conocimiento de la comunidad y acreditación de título universitario.

Fue por este último ítem que se enteraron de que nunca estudió, ni se graduó. El colegio se comunicó con la Luis Amigó para verificar y le respondieron que el investigado no tiene ningún vínculo con esa universidad. Siguiendo los protocolos, la institución educativa riosuceña reportó la situación a la Unidad de Inspección y Vigilancia de la Gobernación de Caldas y luego denunció los hechos ante la Fiscalía. Dos años y medio después se tomaron acciones. El señalado continúa laborando. Ya lo llevaron a audiencia, le dieron al conocer los cargos y quedó libre, vinculado al proceso.

En la diligencia indicó que a ese cargo lo llevó un reconocido político, que paga hoy condena por homicidio.

 

En la investigación también se incluyó, bajo la supervisión de la Dirección de Fiscalías Caldas y el Ministerio de Educación Nacional, el detrimento patrimonial que esta persona pudo ocasionar durante estos años por los salarios y prestaciones recibidas.

 

Colegio donde labora el investigado.

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