El proyecto vial está retrasado, además de que se le adicionó casi la tercera parte del valor inicial.

Fotos | Cortesía Elefante Blanco | LA PATRIA

El proyecto vial está retrasado, además de que se le adicionó casi la tercera parte del valor inicial.

Como una obra con sobrecostos, inconclusa y sin utilidad califica el colectivo Elefante Blanco la avenida Los Colibríes de Pereira, que comunicaría a Pereira, a través de la vereda El Tigre, con Cerritos.

La Alcaldía prometía este proyecto como una solución vial a los trancones que se generan en la carretera que se dirige hacia Cartago (Valle del Cauca). Aunque se inició en la Administración de Juan Pablo Gallo, fue en la de Carlos Maya (2020 - 2023), ficha del primero, que se empezó a ejecutar.

Ciudadanos preocupados por los retrasos e irregularidades en la construcción de la avenida, llevaron sus quejas hasta el Elefante Blanco que en diciembre realizó un recorrido y puso en evidencia lo que ocurría.

Un representante del colectivo sostuvo que al saber esto, el actual alcalde, Mauricio Salazar Peláez, los buscó e inició una gestión paralela, con lo que pretendía demostrar que sí se estaba actuando y hasta los invitó a la inauguración, lo que les pareció incluso, un acto irrespetuoso y politiquero.

Pero ante un derecho de petición no contestado y una posterior tutela, no le quedó más de otra como representante del municipio, denunciar a Carlos Maya ante la Fiscalía.

"Vio que estábamos grabando en el sitio entre noviembre y diciembre, después hizo la inauguración de un elefante blanco y hasta empezaron a aparecer congresistas", mencionó el miembro del Elefante, al recordar cómo quisieron sacar provecho y réditos de algo ajeno.

Agregó que este es un ejemplo de cómo un sobrecosto puede generar prisión rápidamente y a pesar de que se ha perdido dinero, es un mensaje importante contra la corrupción y lo que pueden alcanzar a hacer los ciudadanos y sus iniciativas.

Según la denuncia, la avenida Los Colibríes, avaluada en $32 mil millones, pasó a costar $52 mil millones, es decir, con unos sobrecostos de $20 mil millones, tras un par de adiciones presupuestales, pero solo lo que hay comprobado hasta el momento.

"Esa avenida no sirve para nada, no hay pavimento, no hay cunetas ni diseño. Lo otro es su utilidad práctica, no se sabe para qué sirve, tenía que haber planeación", reclama el Elefante Blanco.

Fue así que el pasado 21 de junio, miembros del CTI detuvieron a Maya López y al exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado, por posible detrimento patrimonial. Mientras en noviembre pasado, a punto de entregar su puesto, su Administración anunciaba que la avenida iba en un 82% de ejecución, mientras el colectivo sostiene que no pasa del 30%.

 

Antecedente contra los peajes

Según el colectivo, la acción penal que instauró el municipio de Pereira por presión ciudadana es un ejemplo para situaciones en las que el Estado es, en algún grado, víctima de algún proceso. Esto llevaría a que denuncie a contratistas o funcionarios con cuestionamientos y comportamientos contrarios a la moralidad pública.

Hoy, el kilómetro de vía pavimentada cuesta $4 mil millones, sin embargo por la Ruta Caribe II se habrían pagado $25 mil millones. $21 mil millones que habrían provocado sobrecostos de $4 billones.

Por eso, hace poco, el Elefante Blanco efectuó una solicitud al presidente, Gustavo Petro, y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que actúen contra Menzel Rafael Amín, propietario de KMA Construcciones, a cargo de ocho concesiones, incluida la del polémico peaje de Turbaco y de otros 31 que están vencidos.

"Aquí ya no es una presión tan mediática, sino legal con petición o tutela. Lo que se quiere es que el presidente haga lo mismo como con Pereira, se accione penalmente toda vez que varias concesiones presentan sobrecostos. Ya hay acción penal por la Ruta Caribe II y se va a hacer otra contra esta misma", asegura el Elefante Blanco.

Lo que busca, indica, es que la Nación se declare como víctima y así se logre una mayor eficacia porque contrario al desgaste que implica para un ciudadano del común, solicitar documentos, la Presidencia y la ANI los tienen todos en su poder.

Curiosamente, como prueba hay cinco trinos del colectivo en la red social X (antes Twitter) contra KMA, que ejerce presión a la Fiscalía y se denuncie a Amín. Recientemente se reabrió una investigación por lavado de activos en el caso de Odebrecht.

La ciudadanía cumplió y mostró pruebas. Lo que se espera ahora es que las autoridades actúen con eficacia y el caso de Carlos Maya y la avenida de Los Colibríes sienten un precedente ante la rampante corrupción asentada en el país.

¿Y el contratista?

A cargo de la construcción de esta primera fase estaba el Consorcio Prosperidad Social Cerritos, y el contrato para inicio de obras se firmó en septiembre del 2021. Disponía de 31 meses para estas labores, las que deberían finalizar en abril de este año, por lo que se inició un proceso administrativo sancionatorio. Según la denuncia del Elefante Blanco, esta lleva una ejecución del 30%.

 

La promesa

En noviembre del año pasado, la Alcaldía de Pereira indicó que los trabajos avanzaban en un 82% y consideró esta vía como una obra de infraestructura sin precedentes y descongestionaría la doble calzada Pereira - Cerritos.

“Consta de la construcción de dos amplias calzadas, que cuentan con un total de 6 carriles para facilitar el flujo vehicular en ambas direcciones. Además, la avenida está diseñada pensando en la sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que incluye zonas verdes y una moderna ciclorruta, que promoverá la movilidad en bicicleta y la interacción con la naturaleza”, aseguraba en el comunicado.

 

Los capturados

Carlos Maya, exalcalde de Pereira; exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado; representante legal de la firma interventora, José Alberto Rojas; Carlos Alberto Ballesteros, contratista, y José Gabriel Vargas, representante legal del consorcio.

Enfrentan cargos por falsedad en documento público, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos y fraude procesal. El miércoles se decidirá si los envían a la cárcel.


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