Concejal liberal Víctor Hugo Cortés Carrillo. Este proceso no quiere decir que sea culpable. Será un juez de la República quien determine si hay o no responsabilidades.

Fotos | LA PATRIA Concejal liberal Víctor Hugo Cortés Carrillo. Este proceso no quiere decir que sea culpable. Será un juez de la República quien determine si hay o no responsabilidades.

 

Autor

LA PATRIA | MANIZALES

Han pasado 2 años, cuatro meses y 14 días desde que una fiscal de delitos sexuales de Caldas imputó al concejal liberal Víctor Hugo Cortés Carrillo por posible acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14, y el caso aún no ha sido resuelto.

Mientras tanto, el político está libre, por orden de un juez penal del circuito, sigue en sus labores y recibió el aval de su movimiento para aspirar de nuevo a un escaño en esa Corporación Municipal.

Y el proceso va para largo, pues según la Rama Judicial, las partes se encontrarán de nuevo dentro de cuatro meses, si es que no se da otro de los tantos aplazamientos que ha tenido este caso.

A la par, la víctima y su familia siguen a la espera de justicia y sufriendo las consecuencias de esa situación. Según conoció LA PATRIA, el supuesto afectado, ahora mayor de edad, se descompensa al ver en las calles los carteles publicitarios con el rostro del político.

"Solo queremos justicia, que no engañe más a los electores diciendo que nosotros lo estábamos extorsionando y que somos una familia disfuncional. Estamos unidos y trabajamos juntos para reparar este suceso tan terrible, ayudando a mi hijo. Nos sentimos desprotegidos por la justicia, cada vez aplazan más la audiencia preparatoria", contó la mamá del posible afectado.

Este medio recogió diferentes voces sobre este caso y elaboró un paso a paso de lo que ha ocurrido en los estrados judiciales.

 

 "Asunto ético": Corporación Cívica

Sania Salazar Gómez, gerenta de la Corporación Cívica de Caldas, habló con LA PATRIA.

-¿Debería lanzarse a un cargo de elección popular quien tenga un proceso judicial pendiente?

En Colombia hay una presunción de inocencia, pero quien tenga un proceso judicial debería pensar en la afectación al bien público que causa al lanzarse a un cargo de este tipo. Primero, esos procesos requieren tiempo y energía que se le van a restar al desempeño de las labores propias de un cargo público. Y, segundo, si llega a ser condenada esa persona deberá abandonar su cargo, lo que causa un impacto en el electorado y en la ciudadanía.

Es un servidor público menos trabajando por el bien común, es alguien que no podrá cumplir el plan de trabajo que propuso para ser electo. También es un asunto ético, pues si se afronta un proceso que pone en duda la integridad e idoneidad, debería reflexionar y pensar en si realmente le sirve a la comunidad en ese momento en particular de su vida.

 

-Si se lanza, gana y luego resulta condenado, ¿qué debería pasar con él o ella?

Debe abandonar su cargo y eso genera efectos sobre la gobernabilidad por los traumatismos que ocasiona una nueva elección y en el caso de tener que designarse un gobernante encargado. Esto también envía un mensaje negativo sobre el sistema político y electoral, que termina deslegitimizando la institucionalidad, junto con los costos económicos que genera para el Estado realizar nuevas elecciones.

Los efectos que ocasiona también dependen del cargo elegido, para el caso de un alcalde o gobernador afectaría la ejecución de un plan de desarrollo. Para Concejo y Asamblea se vería afectada la representatividad política o social que ejercen quienes las conforman.

 

 "Goza de presunción de inocencia": Partido Liberal

El diputado Jorge Hernán Aguirre González, Presidente del Directorio Liberal en Caldas, le explicó a este medio que en esta ocasión la solicitud de avales se hizo a través de una plataforma del Partido, en la que el interesado subía todos los documentos requeridos, especialmente los certificados judiciales, de multas y fiscales.

"En Bogotá, la Dirección Nacional, revisa todo eso por medio de diferentes organismos y da el aval. En caso de ciudades capitales y gobernación el visto bueno sale de la capital de la República".

Añadió que el Artículo 29 de la Constitución habla de la presunción de inocencia y que Víctor Cortés goza de ella, pues no ha sido vencido en juicio.

"No hay herramienta jurídica o constitucional para negarle el aval. Si el Partido lo hace y él entutela exigiendo el debido proceso, terminaría ganándole el debate al Movimiento, por ese se le da el visto bueno. Es uno de los tantos candidatos del país investigados, pero no condenados. Todos gozan de presunción de inocencia".

 

Sobrecarga de trabajo

El lunes, durante una audiencia, una fiscal de delitos sexuales se quejó por la apretada agenda para los procesos y la cantidad de trabajo que tiene. Incluso, el juicio por el caso de ese día debió programarse para el 1 de julio del 2025. Contó que hay mucho trabajo y no nombran fiscales de apoyo, además de que cada día existen más denuncias sobre este delito.

LA PATRIA conoció que había cuatro representantes del ente acusador: 2 para indagaciones y 2 para juicios. Ahora son 3 para esto último, lo que creen que ayudaría a descongestionar.

 

El paso a paso del proceso

-2021

  • *11 de marzo. Fiscalía retira la solicitud de audiencia para recopilar nuevos elementos de prueba, útiles para el proceso.
  • *6 de abril. Al concejal lo acusaron y no aceptó cargos. Lo mandaron para domiciliaria. La defensa del investigado y la Procuraduría apelaron de la decisión de darle medida de aseguramiento.
  • *19 de abril. Procesado pide permiso para trabajar y se lo otorgan.
  • *13 de mayo. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales revocó la decisión emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad, en la cual impuso domiciliaria. Quedó libre.
  • *15 de mayo. El abogado del político, César Augusto López, indicó que en la denuncia se dice que los hechos fueron del 8 de noviembre de 2018, pero "para esa fecha Cortés Carrillo se encontraba en Pereira cursando clase de especialización en la Fundación Universitaria del Área Andina, hasta el 10 de ese mes".
  • *24 de junio. Fiscalía presentó escrito de acusación.
  • *29 de septiembre. Se adelantó la audiencia de formulación de acusación. Se fijó la preparatoria para juicio para el 18 de enero siguiente.

 

-2022

  • *18 de enero. Se instaló la audiencia preparatoria. Aplazada por petición de la defensa.
  • *30 de junio. Juzgado de Garantías no legaliza los resultados de una búsqueda selectiva en base de datos. Defensa apela.
  • *6 de julio. Se remitieron las diligencias de audiencia de legalización de los resultados de una búsqueda selectiva en base de datos, por un recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la decisión de no legalización.
  • *22 de septiembre. Aplazada por una acción de tutela ante la falta de unos elementos materiales de prueba.

 

-2023

  • *12 de enero. Se postergó para el 17 la diligencia porque aún no habían nombrado fiscal. La que llevaba el proceso se pensionó.
  • *17 de enero. Se aplaza la diligencia porque aún no habían nombrado fiscal. La que llevaba el proceso se pensionó.
  • *8 de febrero. Cambio de fiscal. El nuevo tuvo cruce de audiencias y pidió empaparse del proceso.
  • *30 de junio. La audiencia preparatoria para juicio, que es donde se enumeran las pruebas que llevarán las partes al juicio, quedó para el 18 de diciembre.

 

El caso

  • *Delitos: acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14.
  • *Pena que se maneja: de 12 a 20 años.
  • *Posibles víctimas: tres hombres. Dos a los que les habría insinuado vejámenes (de menos de 14 y uno con 14 cumplidos para la época de los hechos) y otro del que habría abusado en 2018, cuando tenía 13 años, en un apartamento de Palermo. El afectado le contó lo vivido a una amiga, en medio de una crisis depresiva por esa situación, y ella le recomendó narrarle los hechos a la mamá. Ahí interpusieron la denuncia contra el político quien, al parecer, había amenazado al menor con hacerle daño a la familia o con que no le creerían.