FOTOS | EFE | LA PATRIA El vicepresidente de Recinto San Martín, Vicente Garrido, muestra los escombros de un predio destruido durante una operación militar en el Recinto San Marín, zona rural de Lago Agrio (Ecuador).

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El vicepresidente de Recinto San Martín, Vicente Garrido, muestra los escombros de un predio destruido durante una operación militar en el Recinto San Marín, zona rural de Lago Agrio (Ecuador).

Autor

ESNEYDER NEGRETE
EFE | LA PATRIA | LAGO AGRIO

Las operaciones militares de Ecuador contra el crimen organizado en la frontera con Colombia, que han elevado la tensión entre Quito y Bogotá, suman un nuevo factor de preocupación: el temor en la zona limítrofe, cuyos habitantes denuncian abusos y posibles violaciones a los derechos humanos por las fuerzas ecuatorianas.

Entre el verde de la selva amazónica sobresalen los restos de una casa reducida a escombros: láminas dobladas, madera quemada y objetos personales esparcidos sobre la tierra, como si la vida cotidiana hubiera sido detenida de forma abrupta.

Frente a ese escenario el vicepresidente del caserío de Recinto San Martín, del cantón de Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, Vicente Garrido, reconstruye una secuencia que, según dice, nunca había ocurrido en esa zona que comparten los dos países.

"El 1 de marzo vinieron (militares ecuatorianos) y quemaron dos viviendas. El día 3 detuvieron a unos muchachos, dejaron todo incendiado y se los llevaron, y el 6 regresaron a bombardear otra vez", relata.

El líder campesino indica que uno de los ataques impactó una vivienda ya intervenida días antes, durante los operativos ordenados por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra el crimen organizado, como parte de su política de enfrentar a grupos declarados terroristas, incluidos algunos de origen colombiano.

"Ya habían dejado todo quemado: camas, colchones, ropa, todo. No entendemos por qué volvieron a bombardear si ya no había nada", afirma Garrido, mientras señala los escombros de la vivienda.

 

Temor a nuevas operaciones

Más allá de los daños materiales, Garrido insiste en que el principal impacto de estas operaciones es el miedo que se ha instalado entre sus vecinos, que viven con temor a nuevas acciones militares, algunas de ellas anunciadas por el Gobierno de Ecuador en coordinación con fuerzas estadounidenses.

"Uno ya no puede salir a trabajar ni dejar la casa sola, porque si la encuentran dicen que es de algún grupo delincuencial", explica, al describir cómo la vida cotidiana se ha visto alterada en su comunidad.

El dirigente comunitario dice además que, tras hacer públicas las denuncias, ha recibido amenazas directas, lo que aumenta la preocupación entre los habitantes del sector.

"Me dijeron que la próxima visita iba a ser en mi vivienda por haber hecho esto público. Directamente me tienen amenazado (...) Nos tienen tildados como terroristas", agrega.

 

Tensión por explosivo en territorio colombiano

A este panorama se sumó el hallazgo de una bomba de gran poder explosivo, aparentemente lanzada desde un avión ecuatoriano, artefacto que no detonó y fue a dar al sector de Jardines de Sucumbíos, del lado colombiano, a pocos kilómetros de Recinto San Martín.

"Una avioneta soltó algo que cayó como un bulto y no explotó. Después lo encontraron cerca de una vivienda", relata Garrido, al referirse a versiones de pobladores que presenciaron el hecho.

La bomba fue encontrada por campesinos colombianos y posteriormente detonada de manera controlada por militares, en medio de denuncias del presidente Gustavo Petro sobre su origen tras los operativos en la zona.

El mandatario colombiano pidió investigar lo sucedido y durante un consejo de ministros llegó a afirmar que "están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", lo que elevó la tensión entre ambos países.

Petro denunció además que los bombardeos en la frontera dejaban "27 cuerpos calcinados", versión que posteriormente fue matizada por su ministro de Defensa, quien aclaró que se trataba de 14 personas fallecidas en explosiones ocurridas en enero en laboratorios de cocaína en el departamento de Nariño.

 

Comisión binacional y distensión diplomática

Sin embargo, tras la polémica, ambos países optaron por bajar el tono de la confrontación. Una comisión técnica binacional, integrada por especialistas de Ecuador y Colombia, inspeccionó la zona donde fue hallado el artefacto explosivo.

Según informó el Gobierno colombiano, tras la visita conjunta se concluyó que, aunque no existe certeza absoluta, hay una alta probabilidad de que la bomba impactara primero en territorio ecuatoriano y luego, tras rebotar, cayera en Colombia, recorriendo unos 210 metros sin causar daños a personas o bienes.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, comunicó al presidente Petro que ambas naciones coincidieron en la necesidad de superar el incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad.

En ese sentido, se acordó fortalecer la cooperación mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares y la consolidación de protocolos operacionales en la frontera.

Ecuador, por su parte, sostuvo que la operación se realizó de manera legítima dentro de su territorio, con el objetivo de enfrentar amenazas criminales, y sin intención de afectar a Colombia.

 

Noboa dice que Colombia "en un mes saldrá con otro cuento"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró ayer que "así haya o no haya disculpas" por parte de Colombia, que descartó la existencia de 27 cuerpos calcinados en la frontera por supuestos bombardeos, como dijo su homólogo, Gustavo Petro, "en un mes saldrán con otro cuento".

"Yo creo que así haya disculpas o no haya disculpas, en un mes me saldrán con otro cuento. Están en época de elecciones allá y también están teniendo ciertos problemas en su misma campaña", dijo el mandatario ecuatoriano en radio Centro en referencia a los comicios presidenciales colombianos del próximo 31 de mayo.


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