EFE | LA PATRIA | LA HAYA

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró ayer que las políticas israelíes de asentamientos “violan el derecho internacional” y su "presencia continua" en Palestina es "ilegal", y le exigió la “evacuación de todos los colonos”, el “desmantelamiento” del muro de separación y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

La CIJ consideró que los asentamientos israelíes y su régimen asociado en Cisjordania y Jerusalén Este fueron “establecidos y se mantienen en violación del derecho internacional”, y la “presencia continua” de Israel en los territorios palestinos (incluida la Franja de Gaza) es “ilegal” y debe llegar a su fin “lo más rápido posible”, afirmó el juez presidente, Nawaf Salam, que leyó las conclusiones de una mayoría de los 15 jueces que conforman la CIJ.

El máximo órgano judicial de la ONU emitió su opinión consultiva a solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2022, sobre las consecuencias legales que tienen las prácticas y políticas de ocupación israelíes en los territorios palestinos ocupados, después de declararse la CIJ competente para pronunciarse sobre esto, en contra de los deseos de Israel y otros países aliados.

El tribunal advirtió a Israel de que debe “revocar todas las leyes y medidas que crean o mantengan la situación ilegal, incluidas aquellas que discriminan al pueblo palestino en los territorios palestinos ocupados, así como todas las medidas destinadas a modificar la composición demográfica de cualquier parte del territorio”.

Agregó que la ONU y el Consejo de Seguridad “deben considerar las modalidades precisas y las acciones adicionales necesarias para poner fin lo más rápido posible a la presencia ilegal del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se comprometió ayer a entregar sin demora a la Asamblea General el fallo no vinculante de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ocupación israelí de Cisjordania, dado que fue la Asamblea la que lo solicitó.
"Ahora le toca a la Asamblea General decidir cómo proceder con este asunto", expresó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en la primera reacción del secretario general a este fallo tan esperado y extremadamente sensible.

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