En Santa María del Camino, conjunto cerrado, se fueron hoy de demolición

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Sin más recursos se quedaron en el conjunto cerrado Santa María del Camino, vecino del Bosque Popular El Prado. La Alcaldía de Manizales demolerá hoy los patios de 10 casas por incumplir normas urbanísticas.

La última carta era una tutela que interpuso la Defensoría del Pueblo regional Caldas a favor de las familias propietarias, pero el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías estimó improcedente la demanda, pues la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para frenar la demolición, como intentaban demostrar, y se considera que es un asunto de la justicia contenciosa administrativa.

Con esto, la demolición se iniciará a las 8:00 de la mañana, como lo tiene previsto la Secretaría Municipal de Obras Públicas (ver recuadro Habla la Alcaldía).

Intentos

Este problema se fue a demanda en el 2011, a petición del conjunto cerrado Arboletes, vecino de Santa María del Camino, porque el urbanizador de este último, ingeniero Gustavo Castaño Loaiza, no dejó el retiro obligatorio de tres metros, en límites con el primer conjunto.

El caso lo resolvió en primera instancia el Juzgado Segundo Civil de Manizales el 4 de octubre del 2016, y fue confirmado en segunda instancia por la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior, el 26 de enero de este año. El fallo le ordenó a la Alcaldía, a través de las secretarías de Planeación y de Obras Públicas, demoler las propiedades si en 30 días hábiles el constructor no corregía la situación. Como no lo hizo, fijó el 6 de abril como fecha para demoler.

Vulnerados y desplazados

Los propietarios de Santa María habían presentado tutelas, invocando derechos fundamentales, ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la decisión, pero no los favorecieron.

El 30 de marzo de este año el Juzgado Segundo de Ejecución Civil de Manizales le ordenó a la Alcaldía, como fallo de una nueva tutela, suspender de manera inmediata la orden, como una medida provisional, argumentando evitar un perjuicio irremediable. Solicitó más pruebas, debido a que los documentos presentados no reflejaban las actuaciones desplegadas para establecer las razones de la demolición. Sin embargo, esta tutela no prosperó, y se determinó que hoy será la demolición.

Los propietarios dicen que compraron de buena fe, algunos incluso posterior a la sanción. Afirman que se quedarán sin poder lavar la ropa, sin agua caliente, y en algunas casas sin poder tener nevera porque adentro no tienen espacio. También afirman que se sienten tratados como delincuentes, cuando no han cometido ningún delito, y que sufrirán un desplazamiento forzado del Estado, bien sea en su propia casa o porque tengan que irse a otro lugar, vulnerando derechos de los menores de edad y derechos fundamentales a una vivienda digna.

Señalamientos

Los propietarios también insisten en que en el fallo hay inconsistencias porque la medida solo debe aplicarse a una vivienda, la 12, y no a las 9 anteriores que contempla la Alcaldía.

Señalan además que la Administración definió, a su libre albedrío, las áreas para demoler, y que en algunas se aplicará sobre 3 metros y en otras sobre 2,70 metros, pues al tener su sistema estructural dentro de los 3 metros, colapsarían.

Fuera de eso se quejan de que la identificación catastral de las casas es diferente a la que aparece en el fallo. Agregan que es responsabilidad de la Alcaldía haber frenado la construcción cuando estaba en obra en el 2011, pero que se permitió y toleró avanzar el proyecto y hasta comercializarlo.

Habla la Alcaldía

El secretario de Obras Públicas de Manizales, César Alberto Gutiérrez, responde que están cumpliendo una orden judicial que les indica ejecutar el decreto que pide tumbar lo que no cumple con la norma. "Según la interpretación que le hemos dado es el retiro de más o menos tres metros, de las viviendas al predio vecino. Se han tomado las medidas y se espera que el retiro cubra el área de los patios. Si no lo hacemos estaríamos incurriendo en una falta grave".

Gutiérrez explica que ya están avisados los propietarios, las autoridades, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería y el ICBF que estarán hoy en el proceso.

El secretario aclara que la resolución señala que el proceso sea sobre las 10 casas y no solo en una, y explica que hay casas que sufrirán menos con la demolición porque el terreno es inclinado.

"No somos quién para juzgar a un juez. Lo que hacemos es cumplir sus órdenes, y el fallo es claro indicando que se tumba lo que no cumpla con los retiros.

"Obviamente ellos defienden su patrimonio, se han gastado toda una vida para tener una vivienda, y uno hace todo lo humano y sobrehumano para que no se la tumben, porque es de entender que fueron engañados en su compra, pero ese no es un proceso nuestro, es de un juzgado, si ellos fueron engañados deben denunciar a quien los engañó".

Fuera de la ciudad

Francia Gallego, esposa de Gustavo Castaño Loaiza, ingeniero constructor de Santa María del Camino, contestó de un número de celular que el ingeniero había dejado como contacto. Señaló que él se encuentra fuera de la ciudad y dio otro número para ubicarlo, pero el ingeniero no contestó la llamada que le hizo LA PATRIA. En otras 6 ocasiones, entre las 6:10 p.m. y 6:20 p.m. el teléfono sonó apagado. Se le dejó un mensaje de voz.