Estudio, último chance para Manizales Segura

MARGARET SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES

El Municipio continuará con el cobro del Impuesto al Teléfono, pero no puede girar el recaudo a Manizales Segura, encargada de ejecutar los recursos en seguridad ciudadana, hasta que un grupo designado por el alcalde demuestre que es apta para continuar la labor.

La orden es de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, que el pasado 13 de marzo falló en segunda instancia la acción popular instaurada por Enrique Arbeláez en el 2009. En ella se pedía dejar de cobrar el impuesto, o que fuera invertido en más CAI y pie de fuerza.

La Sala de Decisión autorizó continuar con el recaudo y revocó la liquidación ordenada en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo de Manizales el 30 de julio del 2010.
Apoyó el reclamo de los apelantes al afirmar que esa orden excedía las competencias y facultades de la jueza, ya que la disolución y liquidación de las sociedades de economía mixta están reguladas por el Código de Comercio.

"Además, según las pruebas, el hecho que genera la vulneración de los derechos colectivos no es la existencia de la entidad en sí misma, sino el ineficiente manejo por parte de esta de un recurso público, como lo es el Impuesto al Teléfono, el que por ende debe ser objeto de protección", precisa el fallo.

A estudio
Los magistrados ordenaron al Municipio suspender el giro de recursos con cargo al Impuesto al Teléfono a Manizales Segura, hasta que no superen las falencias administrativas que dieron lugar al ineficiente manejo del tributo.

"Sólo se podrá ejecutar dicho recurso a través de la sociedad cuando un estudio económico, financiero, administrativo y jurídico, debidamente sustentado en cada uno de dichos aspectos, determine la conveniencia y oportunidad de contratar nuevamente con la misma sociedad. En todo caso, la decisión de contratar o no una vez elaborado el estudio le corresponderá al alcalde municipal".

También confirman la responsabilidad del Municipio y de Manizales Segura en la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.
Indican que Manizales Segura no ha cumplido como debe el objeto para el que se creó con el Acuerdo 0627 del 2006, para la implementación, operación y administración de los sistemas de seguridad, así como la gestión de sus recursos, lo que evidencia falta de impacto social en la política de seguridad del municipio.

"La gestión de la sociedad no se ha desarrollado dentro de los parámetros de celeridad, economía, eficiencia y eficacia exigibles a quienes cumplen funciones administrativas y ejecutan dineros públicos", agregan.

Hallazgos anteriores
Para sustentar el fallo, los magistrados se remiten a los hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales que la Contraloría Municipal encontró luego de dos auditorías a Manizales Segura, una presentada en agosto del 2007 y la otra en junio del 2010; al igual que cifras del Comando de Policía Caldas y de los estados financieros de la sociedad entre 2006 y 2011.

En estos informes se indica que Manizales Segura se limitaba a los dineros que recibía del Municipio y no gestionaba recursos propios para los gastos de administración y funcionamiento, que entre el 2006 y el 2011 fueron $2 mil 682 millones, de los $11 mil 734 millones 892 que les giraron por Impuesto al Teléfono.

También se mencionaba el incumplimiento en las metas de reducción de delitos, instalación y funcionamiento de cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, y la falta de dotación en el parque automotor de la Policía.

Sobre las funciones del Municipio, apuntan que la Administración no cumplió con el seguimiento y control de los recursos trasladados a Manizales Segura, función de interventoría que acordaron en el convenio interadministrativo que firmaron el 25 de agosto del 2006.

La Sala reitera que el Municipio debe reasumir la gestión del proceso de cobro, administración e inversión de los recursos por el Impuesto al Teléfono.

"Por parte del Municipio de Manizales deberán rendirse cuentas públicas a la ciudadanía en general, sobre el proceso de cobro, administración e inversión de los recursos que por concepto de 'Impuesto al teléfono', lo anterior, pasados 12 meses desde que el mencionado ente territorial asuma nuevamente la administración y recaudo directo".

Reacciones
Carlos Andrés Duque, gerente de Manizales Segura, dijo que respetan la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas y que jurídicamente tienen recursos para actuar. "Estamos tranquilos porque la situación que refleja este fallo está supeditada a que se arreglen unos hallazgos anteriores emitidos por la Contraloría Municipal. Eso está superado hace mucho tiempo".
Indicó que con $2 mil 352 millones del Impuesto al Teléfono y $7 mil 817 millones del Ministerio del Interior han financiado la primera fase de 53 cámaras de seguridad y la segunda de 60, la adecuación del centro de monitoreo, la activación de 1.400 alarmas comunitarias, la compra de 60 motos para la Policía, la construcción del CAI de Estambul y la renovación de 15 centros más.

El gerente apuntó que gastan $300 millones en gastos administrativos de siete funcionarios. "La tarea se viene haciendo bien. Estamos dispuestos a aplicar la sentencia y que el comité que designe el alcalde verifique si hemos cumplido", expresó.
Por su parte, Carlos Iván García, abogado de los socios privados, aseguró que este lunes interpondrán un recurso de aclaración ante el Tribunal.
Dijo que los magistrados no tuvieron en cuenta el convenio marco entre el Municipio y Manizales Segura para ejecutar los recursos del Impuesto al Teléfono que tiene vigencia hasta 2026 y que la empresa creó la sociedad después de ganar una licitación pública.
"Concluimos que la decisión nos vulnera ciertos derechos como contratistas y socios de una entidad pública. Dado el caso de que Manizales Segura no pase el estudio y se cancele el contrato, le traería repercusiones al Municipio, porque como socios privados demandaríamos".

Juicio en suspenso
El 4 de marzo pasado debía iniciar el juicio oral contra 22 exfuncionarios, entre ellos el exalcalde Luis Roberto Rivas, por el caso Manizales Segura, en el que la Fiscalía investigó supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de recursos, por hechos ocurridos en el 2007.
Sin embargo, la Fiscalía recusó al juez de conocimiento por considerar que el administrador dejó de ser imparcial el día anterior, cuando permitió terminar una argumentación a una acción de nulidad. La audiencia se suspendió hasta que el Tribunal Superior resuelva el recurso invocado por el ente acusador.