Imputan cargos a funcionarios de la Alcaldía de Manizales

Por presuntamente pedirles dinero a vendedores ambulantes de Manizales, la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos a tres funcionarios de la oficina de Espacio Público por el delito de concusión (ver recuadro).

Los cobijados con la acción judicial son Lina Yohana Páez Zapata, Francisco Molina Gómez y Jairo Alonso Marulanda Loaiza, quienes fueron sorprendidos cuando, al parecer, recibían 50 mil pesos diarios en efectivo de un vendedor informal, a cambio de dejarlo seguir trabajando en la carrera 23 durante la Feria.

Pese a que los tres procesados fueron capturados por la Policía, no recibieron medida de aseguramiento, por lo que gozarán de libertad mientras transcurre su proceso.

Los hechos

El caso lo conocieron las autoridades municipales el martes pasado. Los comerciantes informales denunciaron que ellos ocupan unos puestos frente al edificio de La Gota de Leche, y que tres personas de Espacio Público, oficina adscrita a la Secretaría de Gobierno Municipal, llegaron a exigirles documentos que ellos no tenían.

Para dejarlos tranquilos, dicen los denunciantes, les habrían exigido los $50 mil diarios o $250 mil por toda la semana. Les dijeron que lo pensaran y que por la tarde volvían.

Los vendedores ambulantes denunciaron el hecho. Las autoridades coordinaron el operativo en el que lograron la captura en flagrancia. A los señalados los detuvieron cuando recibían el dinero.

La Alcaldía de Manizales rechazó el comportamiento de los funcionarios. Confirmó que la plata exigida era inclusive para permitirles a los vendedores ocupar "un lugar no autorizado".

Explicación

El delito de concusión, llamado también exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.

De acuerdo con el Artículo 40 del Código Penal Colombiano "El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otro utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.