Mejorar diálogos con los pueblos indígenas y ver cómo la industria extractiva los afecta, incluida la deforestación, son parte de la estrategia que Ecuador adoptó para proteger el medioambiente.

Eso expresó Daniela Salazar Marín, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador y abogada de la Universidad San Francisco de Quito, quien expuso durante el panel El derecho constitucional y los tribunales constitucionales ante la emergencia climática, la necesidad de escuchar.

En Manizales se lleva a cabo el XIX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, que irá hasta este viernes y consta de ocho foros, cuyo cierre estará a cargo del presidente, Gustavo Petro.

En un punto de inflexión

Salazar Marín sostuvo que el cambio climático está exigiendo acciones inmediatas, dado que el mundo está cerca del punto de inflexión, en el que el daño será irreversible y es necesario actuar.

Son 2.500 litigios climáticos actualmente en el mundo para judicializar la crisis y buscar la supervivencia de los ecosistemas y la población, y mostró su preocupación por las limitaciones que tienen las cortes, frente a la inacción del legislativo y el ejecutivo.

A eso se suman las dificultades para probar la acción u omisión, pues exigen pruebas y métodos que no son del resorte de las cortes. Sin embargo, cree que países como Colombia y Ecuador están avanzando y son ejemplo.

Para eso, indicó la ecuatoriana, existen pequeñas herramientas como, por ejemplo, las consultas previas. En Ecuador ya se ponen de manifiesto casos para proteger parques naturales (de donde expulsaron a las mineras), ríos y manglares.

Colombia, sin inversión en innovación

Bridgitte Baptiste, bióloga de la Universidad Javeriana, y magíster en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida (Estados Unidos), quien también participó en este panel, también abogó por la necesidad de abogar por los pueblos indígenas.

Sostiene que hoy, estas comunidades están en condiciones críticas y son las guardianas del 40% de las selvas de Colombia. A eso se suma la dificultad para la delimitación de páramos y los cuestionamientos de las cortes por falta de consulta a la comunidad.

Baptiste cree el país se centró en “discusiones maniqueas” al preguntar sobre si se prefiere el oro o el agua, cuando se debe apostar por acuerdos sociales, a la adaptación del ser humano ante la crisis climática.

De acuerdo con la bióloga, Colombia no invierte en innovación y tampoco en la protección de la biodiversidad, pues caso contrario, se puede apreciar que la deforestación amazónica seguirá empeorando.

¿Choque o no de poderes?

El magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández Andrade, sostuvo que no ve ningún riesgo ni un choque de trenes, pese a los continuos enfrentamientos y críticas del Gobierno con las cortes y demás poderes del país.

En su concepto, el equilibrio se mantiene entre las ramas del poder público y aunque haya críticas, esta es una actividad normal dentro del ejercicio de la política, del ejercicio jurisdiccional y dentro del Congreso. "Igualmente el presidente del Congreso tiene sus percepciones y así mismo las valida y las presenta", defendió. "Eso solo es el ejercicio de la política".

Contrario a este concepto, el expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero Pérez, sí indicó que es evidente el enfrentamiento continuo de poderes, aunque indicó que hay una confianza en las instituciones, que además tienen capacidad de resistir estos embates y excesos verbales, basados en la prevalencia del orden constitucional y la garantía de la separación de poderes, y su actuación por ese mandato constitucional.

"Claro que no es deseable ese escalamiento del lenguaje y sí genera preocupación e incertidumbre, porque hay veces se piensa en que esto no solamente se va a quedar en palabras y qué va a venir después, si no hay una correspondencia con lo que es el marco constitucional, pero confío en que las instituciones sean lo suficientemente sólidas para responder a situaciones como esta".

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