EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El asesinato de tres personas en el Catatumbo, de las más convulsas del país, pone de nuevo en el mapa de las masacres a esa zona fronteriza con Venezuela, sojuzgada por la violencia de los grupos armados.
Las víctimas fueron asesinadas a tiros el martes en una zona rural del municipio de Ábrego (Norte de Santander), y sus cuerpos encontrados apilados al borde de la carretera que conduce al caserío de Capitanlargo.
Esa fue la octava masacre perpetrada en Colombia en las dos últimas semanas, matanzas que han acabado con la vida de 40 personas en zonas azotadas por la violencia de Arauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
Los asesinatos en el Catatumbo hacen parte del recrudecimiento de la violencia por la confrontación entre grupos armados como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), esta última dedicada al narcotráfico, que se declararon la guerra tras la desmovilización de las Farc.
La disputa por el territorio, un corredor estratégico para las bandas dedicadas a las economías ilícitas, donde hay alrededor de 1.500 hectáreas de hoja de coca sembradas, pone en peligro la vida de 250.000 personas de la región que son obligadas a desplazare en algunos casos, o quedan bajo el fuego cruzado o atrapadas en sus casas por los "paros armados" que hacen ambas guerrillas para mostrar quién tiene más poder.
En esa guerra también se enfrentan organizaciones criminales y grupos paramilitares como los Rastrojos, el Clan del Golfo o la disidencia del frente 33 de las Farc.
"Detrás de este desbordamiento de violencia hay un resurgimiento de actos atroces y también de actores que hemos relacionado ligados al paramilitarismo y al narcotráfico en zona de alto control de la fuerza pública que es lo que más nos llama la atención", dijo desde Norte de Santander el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares.
En alerta roja
Entre el 1 de enero y el 30 de junio en el Catatumbo ocurrieron 72 violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, según un informe elaborado por el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y la Asociación Minga que denunció además la falta de presencia estatal evidente en la precariedad de los servicios públicos.
La Fundación Progresar ha hecho seguimiento a seis masacres perpetradas en lo corrido de este año en la región, matanzas que se han cobrado la vida de al menos 30 personas en una ofensiva de los grupos armados contra la población civil para ganar terreno e imponer entre ellos el control social.
Sobre la masacre del martes, el líder social dijo que según las primeras versiones de la comunidad las víctimas eran jóvenes cuyos cuerpos hasta el momento no han sido reclamados por ningún familiar, y que así como ha ocurrido en el resto de las matanzas de agosto, en esta tampoco hay una explicación clara sobre lo que ocurrió.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó ayer a Ocaña, la principal ciudad de la zona, para presidir un consejo de seguridad en el que analizó con autoridades locales la información que se tiene de la matanza en Ábrego y del orden público en general.
"El conflicto, la ilegalidad y la violencia hacen parte de la cotidianidad de la comunidad, pero hay mucho miedo. La gente está muy alarmada (...) Hay una oleada de masacres en el país y todo eso genera temor y desconfianza", agregó.
La solución
Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, reconoció que existen dificultades para garantizar el acceso a la justicia, un déficit de garantía de derechos económicos, sociales y culturales para las comunidades, y que la ausencia del Estado se traduce en la falta de servicios esenciales para la gente. En su opinión, la solución para esas áreas está en "acelerar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)", una iniciativa del Gobierno que busca la transformación en un periodo de 15 años de los 170 municipios más afectados por la violencia, por los cultivos ilícitos, la pobreza y el abandono estatal.
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