LA PATRIA | MANIZALES
La Contraloría General de la República anuló las actuaciones adelantadas desde el 29 de enero pasado, en el proceso que se adelanta en Caldas por el presunto detrimento patrimonial del contrato del chance entre el 2007 y 2011.
La investigación se inició tras la firma del otrosí o modificación del contrato en el 2009, durante la administración de Mario Aristizábal. Eso implicó una reducción de las transferencias a la salud en unos $ 9 mil 231 millones.
La decisión del ente de control de anular el proceso desde enero pasado tiene como fin garantizarle el debido proceso a Adolfo León Mejía, quien era gerente de la Empresa Departamental para la Salud (Edsa), para la época de los hechos.
En el texto de la decisión, la Contraloría recuerda que abrió el proceso el 12 de abril del 2011, cuando Aristizábal aún estaba en el poder. El pasado 29 de enero del 2013 la entidad les imputó a los implicados su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial, toda vez que el otrosí implicó que Susuerte, empresa que maneja el chance en el departamento, redujera las transferencias de unos $ 50 mil 497 millones en el período del contrato, a unos $ 40 mil millones.
Sin embargo, la Contraloría indica que Mejía había solicitado la práctica de unas pruebas antes de la imputación, el 14 de noviembre del 2012, pero esto nunca se hizo. Esa es la razón por la cual el ente de control decidió anular lo actuado desde el 29 de enero pasado, y garantizarle el derecho al exfuncionario de que se practiquen las pruebas.
Cabe recordar que dentro del mismo proceso la Contraloría ordenó, en septiembre del 2011, suspender a Aristizábal como gobernador, a tan solo tres meses de terminar su mandato, por considerar que podría afectar la investigación. Sin embargo, hasta ahora esa entidad no emitido una decisión que lo declare culpable o inocente del detrimento.
Por los mismos hechos, en cambio, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 10 años, en decisión de primera instancia que está en apelación. Ese fallo también incluyó a Mejía, a quien inhabilitaron por un año y ya había sido sancionado por ese ente de control. A María del Pilar Joves, quien fue secretaria privada del exmandatario, la absolvieron.
Los implicados
En el proceso que adelanta la Contraloría por el presunto detrimento patrimonial que implicó la firma del otrosí del chance en Caldas, están implicadas, además de Susuerte, las siguientes personas: Mario Aristizábal, exgobernador; María del Pilar Joves, exsecretaria privada de la Gobernación; Pedro Javier Misas, exsecretario de Hacienda; Martha Isabel Valencia, exdirectora Territorial de Salud; Pablo Uribe, exrepresentante de Fasecolda; Adolfo León Mejía, exgerente de Edsa; Hernán Marín y María Yesmith González, exsupervisores del contrato de concesión del chance; Juan Carlos Sánchez, exsuperintendente delegado de Salud.
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