Corte Constitucional tomará medidas sobre hacinamiento

Ante la insistencia del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, la Corte Constitucional aceptó revisar y estudiar la crisis carcelaria que enfrenta el país por cuenta del hacinamiento, que alcanza el 56% a nivel nacional y en algunas cárceles como la de Riohacha llega al 400%.

Así la Corte analizará la solicitud de la Defensoría para adoptar medidas estructurales que permitan enfrentar el problema de hacinamiento y la vulneración de los derechos humanos de la población reclusa, en medio de la peor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente.

La Defensoría del Pueblo acudió a la Corte para que: “al igual que hizo con los temas de salud (Sentencia T-760 de 2008) y del desplazamiento forzado (Sentencia T-025 de 2004), a través de la figura del estado de cosas inconstitucional, pueda sentar a todos los estamentos concernidos, tanto del orden nacional como territorial, para que adopten las medidas estructurales que permitan superar los problemas de déficit de atención institucional que han contribuido a agravar la crisis de respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

Según Otálora, la crisis carcelaria no es un tema que se pueda solucionar cambiando la legislación o con una declaratoria de emergencia carcelaria. “El hecho de que la Corte Constitucional haya decidido seleccionar este caso, permitirá que todo el Estado se movilice de manera articulada en torno a la búsqueda de los mecanismos necesarios para mitigar los efectos de esta crisis”, señaló.

El monitoreo que ha venido realizando la Defensoría del Pueblo evidencia la existencia de 30 tutelas en el país, donde se ordena el cierre total o parcial de algunos centros de reclusión.

El Defensor ha denunciado de manera permanente que este problema también se extiende a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o a los palacios de justicia, que a pesar de ser lugares de paso registran niveles de hacinamiento que llegan al 300%.