La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a cinco congresistas y un excongresista por el delito de cohecho impropio, tras una investigación relacionada con presuntas dádivas ofrecidas a cambio de comprometer su función legislativa en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria realizada en Bogotá este miércoles (11 de marzo). En ese mismo pronunciamiento, la Sala ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.

Según el alto tribunal, la investigación reunió material probatorio que permite inferir que los implicados habrían aceptado beneficios a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito del Gobierno nacional.

Los hechos investigados ocurrieron durante el segundo semestre del 2023, periodo en el que los congresistas integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Además de Manzur Imbett y Manrique Olarte, la Sala de Instrucción también acusó dentro del proceso a Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya (exalcalde de Pereira y actual senador), Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. A diferencia de los dos primeros, estos cuatro procesados continuarán vinculados al proceso en libertad, mientras avanza la siguiente etapa judicial.

De acuerdo con la Corte Suprema, el expediente reúne documentos, registros de reuniones y otras pruebas que permitirían establecer la posible comisión del delito de cohecho impropio, figura penal que se configura cuando un funcionario acepta beneficios por actos relacionados con su cargo.

El tribunal aclaró que la acusación surge después de analizar el material recaudado durante la fase de investigación, que incluye testimonios y evidencias sobre los encuentros sostenidos entre los implicados.

Presuntas dádivas por conceptos favorables en créditos del Gobierno

La investigación se centra en el papel que desempeñaban los legisladores dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, un órgano del Congreso que revisa y conceptúa sobre operaciones de endeudamiento del Estado colombiano.

Según la Sala de Instrucción, algunos integrantes de esta comisión habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda.

El objetivo de esos ofrecimientos habría sido obtener conceptos favorables para operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

El proceso señala que los presuntos acuerdos se habrían dado en reuniones realizadas durante el segundo semestre del 2023, en las que se discutió la forma en que se concretaría la contraprestación para los congresistas.

De acuerdo con la Corte Suprema, esas reuniones quedaron documentadas dentro del expediente judicial.

Según el tribunal, en esos encuentros se habría planteado que la contraprestación consistiría en impulsar procesos de contratación y obras de interventoría relacionados con proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las iniciativas mencionadas en la investigación estaban ubicadas en tres departamentos del país: Córdoba, Arauca y Bolívar.

La Sala de Instrucción sostiene que en las reuniones se habrían definido los montos o beneficios que recibirían los congresistas, presuntamente gestionados por representantes del Ejecutivo.

En ese contexto, el tribunal considera que los acuerdos buscarían comprometer la función pública de los legisladores, al vincular decisiones del Congreso con beneficios derivados de contratos estatales.

*Con información de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.