La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes al Estado colombiano por el "plan de exterminio" del partido izquierdista Unión Patriótica (UP) implementado a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.

"La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", indicó el Tribunal.

Según la sentencia, los actos cometidos por el Estado "constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad".

La UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985 como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, detalló la CorteIDH.

"Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP", indica la sentencia.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, notificó este lunes la sentencia a las partes e indicó que valoró positivamente un reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por el Estado, como una herramienta para el desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas.

El tribunal interamericano estableció que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos del niño y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento.

También fue vulnerada la libertad de expresión, la libertad de asociación y derechos políticos de las víctimas, ya que su actividad política fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra del partido que era calificado como un “enemigo interno”, detalló la CorteIDH.

La CorteIDH señaló "la ausencia de investigación y persecución penal de los hechos de violencia contra la UP" y que "el Estado vulneró el derecho a la verdad como derecho autónomo".

En el fallo, la CorteIDH ordenó al Estado "iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir".

El Estado colombiano también deberá efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Otro punto de la resolución ordena al Estado establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos, así como construir un monumento en memoria de las víctimas, y elaborar un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la UP.

El Estado colombiano también deberá rendir un informe a la CorteIDH en el cual acuerde con autoridades de la Unión Patriótica cuáles son los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán, con el fin de garantizar la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes de la agrupación.

Los jueces también ordenaron una serie de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales en favor de las víctimas y sus familias. 

Gobierno, acatará 

El Gobierno colombiano aseguró este lunes que examinará en profundidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH) que condenó al Estado por el "plan de exterminio" del partido izquierdista Unión Patriótica (UP), puesto en marcha a mediados de los años 80, pero se comprometió a acatarlo.

"Vamos a examinar las órdenes y recomendaciones de la CorteIDH que ha determinado la responsabilidad del Estado colombiano por la muerte de tantos miles de integrantes de UP", aseguró en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Esperanza

El partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) recibió con esperanza el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que este lunes condenó al Estado colombiano por el "plan de exterminio" del cual fueron víctimas unos 6.000 de sus militantes a lo largo de dos décadas.

Entre las víctimas figuran el excandidato presidencial Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987; el aspirante a la Presidencia Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y otros altos dirigentes de la UP como el abogado José Antequera (1989).

"Hoy es el día de la justicia, es el día en el cual vemos que tantas víctimas han sido reconocidas", dijo a EFE la presidenta de la UP, Aída Avella, al referirse a la decisión judicial que se conoce más de tres décadas después de que comenzara la campaña de exterminio.

La senadora, que hace parte de la coalición de Gobierno, añadió que el fallo de la CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), es "demasiado valioso para Colombia, para la UP pero también para el grueso de mártires que ha tenido América Latina".

En el fallo, la CorteIDH dijo que "pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica" que se manifestó a través de "desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros".

Según Avella "el genocidio fue un hecho en Colombia y lo que se quiere también resaltar es que todos esos genocidios que sucedieron en América Latina, que fueron por el estilo del de Colombia, se hicieron por dictadores pero aquí fue como una supuesta democracia".

Voces de las víctimas

Familiares de las víctimas de ese exterminio se reunieron este lunes en el Centro de Memoria Histórica, en Bogotá, que los recibió decorado con figuras de tamaño real con los nombres de los asesinados.

En el lugar hubo también pancartas que decían: "Es hora ya de justicia para las víctimas del genocidio contra la Unión patriótica", todo en medio de rosas amarillas y verdes, los colores que identifican a esa colectividad política.

Entre lágrimas, Orseni Montañez, viuda de José Alfredo Ávila, un joven estudiante de Medicina que antes hizo parte del Partido Comunista y que fue víctima de una de las primeras masacres de 1987, aseguró experimentar "sentimientos encontrados" porque ellos no deberían "estar ahí".

"Nosotros nacimos de un proceso de paz, nuestra esperanza era la paz, era vivir, era la alegría. Eso fue la Unión Patriótica para nosotros", insistió, refiriéndose a los orígenes de este partido de izquierdas, que nació en 1984 de un proceso de paz entre las FARC y el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur.

Al mismo tiempo, Montañez reivindicó el papel de mujeres como ella que, durante tres décadas, se mantuvieron firmes en su lucha para pedir "verdad y justicia" y que luchan por dejarle a las generaciones venideras "esa paz total con que tanto hemos soñado".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del partido de Gobierno Pacto Histórico, definió la sentencia de la CorteIDH como una manera de hacer "justicia a tres décadas de lucha de las víctimas" al tiempo que consideró que la decisión sienta un precedente para garantizar que "en el futuro en Colombia no se vuelva a repetir un genocidio político".

"Esta decisión dice claramente que el Estado colombiano ha tenido responsabilidad en ese exterminio y dicta una serie de medidas de reparación, verdad y justicia que son fundamentales para, de alguna manera, resarcir a más de 6.000 víctimas dire