El traslado, solución parcial al hacinamiento de las URI

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

El hacinamiento que afecta por igual a todos los establecimientos carcelarios en el país es un problema de nunca acabar, y menos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), primer lugar al que son trasladadas las personas imputadas antes de que un juez de Control de Garantías les resuelva su situación jurídica.

Muestra de ello es lo que sucede en las URI de la Fiscalía en Bogotá, que reportan más del ciento por ciento de hacinamiento, pues hoy (ayer) el sobrecupo es de 234 personas cuando su capacidad da apenas para 225. Solo en el caso de la URI de La Granja, hay al menos 60 detenidos custodiados por personal del Inpec en el parque del barrio.

A las URI de Paloquemao, Puente Aranda, Engativá, Kennedy, Usaquén y Ciudad Bolívar no les cabe un detenido más.

En Engativa hay capacidad para 45 detenidos pero los internos son 105 puesto que, según el coronel Néstor Cepeda, “llegan retenidos de distintas localidades, de TransMilenio, de Antinarcóticos, del Aeropuerto, y de la Terminal de Transportes, entre otros”.

En Puente Aranda, la capacidad de 60 internos se sobrepasa por 40, ya que al menos hay 137 detenidos; en Kennedy, el cupo máximo es para 70 detenidos, pero hay 104, mientras que en la URI de Ciudad Bolívar hay 78 detenidos, cuando solo tiene capacidad para 50 personas.

Violación de garantías

Pensando en soluciones, las autoridades hacen los ajustes necesarios para descongestionar estos lugares, pues organismos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, hablan de "violación de las garantías fundamentales" de los internos.

Entre las soluciones planteadas por las autoridades está el traslado de internos a la Cárcel Distrital.

En ese sentido, el secretario de Gobierno de Bogotá, Hugo Zárrate, luego de una reunión con el ministro de Justicia, Yesid Reyes; el comadante de la Policía Metropolitana, general Humberto Guatibonza; personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de la Fiscalía General de la Nación, indicó que los reclusos de la Distrital serán llevados por el Inpec a la cárcel La Picota y a otros centros penitenciarios ubicados en diferentes partes del país.

De esta manera, quedarán disponibles 450 cupos para las personas que están en proceso de judicialización y que, según el Secretario, se encuentran hacinadas no solo en las URI sino también en las Estaciones de Policía.

En espera

Para el general Guatibonza, la solución al problema podría darse en al menos tres semanas. Así las cosas, el Inpec se comprometerá a recibir a esas 450 personas, aunque las cifras aproximadas no son nada alentadoras.

En todo el país la capacidad carcelaria es de aproximadamente 77.000 cupos y hay 138.000, es decir un hacinamiento del 60 por ciento.

Esto sin contar que la ‘operación reglamento’ que adelantan los guardias del Inpec impide el ingreso de más presos a las cárceles del país, lo que agrava aún más la situación.

A su turno, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que la preocupación es que los delincuentes estén en las calles.

“Lo hemos hablado con el Ministro de Justicia, ojalá de las cárceles no salgan delincuentes a las calles, hay que ejecutar un plan conjunto para dar respuesta a los delitos menores con más herramientas y asegurar que los delincuentes tengan castigo”, puntualizó Pinzón.

Pero el ministro de Justicia, Yesid Reyes, indicó que el problema del hacinamiento en las URI es por los jueces y “los excesos en las órdenes de detención preventiva”. El ministro Reyes, no obstante, aseguró que “el Estado está en la obligación de crear nuevos centros carcelarios, y que es necesario revisar la mecánica judicial”.

Habla la defensoría

La situación es, para el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, una "violación a los derechos humanos".

"Tenemos un hacinamiento de más de 40 mil internos sin contar que ya los parques están habilitando como centros de reclusión, y eso es una violación a los que están privados de la libertad y a los niños que no tienen acceso a los parques a disfrutar”.

En ese sentido, Otálora señaló que es necesario replantear el sistema, “no hay que poner tanta medida de aseguramiento, porque aquí se priva de la libertad a las personas y finalmente un juez declara su inocencia", enfatizó.

Para el Defensor, la medida de aseguramiento debe imponerse solo para delitos de alto impacto para la sociedad como homicidios, secuestro y violaciones.

“Hay un grupo importante de delitos que no necesitan de medidas restrictivas. Por ejemplo, que le quiten el pasaporte, le prohíban salir del país, presentarse ante un funcionario judicial permanentemente o una fianza. Y solo si al final del proceso es vencido en juicio, pues que se haga efectiva una condena como tal y no que se prive a una persona meses y años y finalmente se le diga que es inocente”, puntualizó.

Hacinados

En la Cárcel Modelo, el cupo está determinado para 2.950 personas y hay al menos 4.950, es decir 2.000 de más; en La Picota hay espacio para 6.000 pero son cerca de 10.000 los internos, y en el Buen Pastor, los cupos son 900 pero hay 2.100.