Foto | Luis Fernando Rodríguez | LA PATRIA
La publicidad política se tomó las calles, postes y fachadas en Colombia. El Parque de Bolívar de Salamina no fue la excepción, así cubrieron varios candidatos una casa de este pueblo patrimonio.
JORGE GIL ÁNGEL
Colombia elegirá mañana a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, una votación crucial para la gobernabilidad que tendrá el presidente que suceda a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto.
Estos comicios anteceden a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, a las que llegan como favoritos, según las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella.
Para el profesor Yann Basset, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, es difícil que las elecciones de mañana “digan de antemano si habrá un Congreso más o menos afín” al próximo presidente porque la lucha por la jefatura de Estado está totalmente abierta.
La disputa legislativa se centra en el oficialista Pacto Histórico, del que hace parte Petro, y el opositor Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, quien busca volver al Senado. Ambos partidos son los favoritos para obtener la mayor cantidad de escaños en ambas Cámaras.
Sin embargo, el experto asegura que en el medio están “los partidos tradicionales” -como el Liberal, el Conservador, la U, Cambio Radical y la Alianza Verde- “cuyo comportamiento es siempre muy difícil de anticipar y que no votan en bloque”, así como las coaliciones “entre muchas fuerzas”.
“Vamos a tener un cierto nivel de fragmentación que no permite una lectura tan sencilla”, añade Basset.
Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán mañana, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales. Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidas 182 curules y la 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia.
Política de alianzas
En 2022, cuando Petro ganó la Presidencia, su Gobierno se alió a sectores de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y la U y conformó una coalición que se fue desmoronando con el paso de las semanas por los ataques del mandatario a sus nuevos aliados.
La relación entre el presidente y el Congreso resultó más tortuosa de lo que se esperaba, con enfrentamientos públicos por temas como el poco avance de las reformas sociales del Gobierno en Senado y Cámara.
“Con él (Petro) fueron muy difíciles las relaciones por su manera de ser. Él es un caudillito venido a más y entonces se cree salvador del mundo”, asegura el profesor Alejo Vargas, investigador de la Universidad Nacional.
Sin embargo, el experto vaticina que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, cualquiera que sea el ganador de la Presidencia, serán mejores porque, en su opinión, el problema en esos cuatro años fue la actitud de Petro. “Creo que las relaciones van a ser distintas”, subraya.
Riesgo electoral por fragmentación del conflicto
Colombia llega a las elecciones legislativas con un escenario de seguridad desafiante por el aumento de los ataques armados y del número de municipios en riesgo electoral extremo, lo que plantea un retroceso a los niveles de violencia e inseguridad de los comicios de 2018.
Tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las Farc el conflicto no desapareció sino que mutó hacia un escenario más fragmentado, con disidencias de la guerrilla activas y grupos narcotraficantes que compiten por el control territorial y las economías ilegales y tratan de influir en la política local y regional.
El mapa actual está dominado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln); el Estado Mayor Central (Emc) y la Segunda Marquetalia, ambas disidencias de las Farc; el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), también conocido como Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y grupos regionales como los Comuneros del Sur y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El mayor riesgo se concentra en zonas como el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, donde hay disputas entre el Eln y disidencias de las antiguas Farc, choques que han causado una crisis humanitaria y el desplazamiento forzado de cerca de 100.000 personas en el último año.
En el sur del país, especialmente en Putumayo y Caquetá, hay enfrentamientos entre disidencias y los llamados Comandos de la Frontera por rutas del narcotráfico y enclaves cocaleros. Mientras que en el Caribe y el noroeste, el pulso es entre el Clan del Golfo y el Eln.
En este escenario de guerras regionales superpuestas pueden presentarse restricciones a campañas, prohibiciones de ingreso a candidatos o presiones a comunidades para orientar el voto, así como sabotajes puntuales a puestos de votación bajo apariencia de disturbios civiles.
Frente a este panorama, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que unos 170 municipios presentan algún nivel de riesgo por coincidencia entre violencia e indicios de fraude, lo que amenaza al 11,02 % del censo electoral.
La incógnita de Comunes
El Partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla de las Farc, tuvo en los dos últimos periodos (2018-2022 y 2022-2026), diez escaños adjudicados a dedo, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, beneficio otorgado por el acuerdo de paz de 2016, sin necesidad de elección popular, que termina este año.
Para continuar con representación legislativa, el partido bajó a la arena política y debe obtener este domingo al menos un escaño para mantener su personería jurídica (registro legal), un reto nada sencillo por su escaso apoyo popular.
Por esa razón, Comunes se alió al movimiento izquierdista Fuerza Ciudadana para presentar una lista conjunta al Senado.
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