La Agencia Nacional de Tierras (ANT), del Gobierno Nacional, recuperó cerca de 3.000 hectáreas de tierra en zona rural del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca.

Estas habían sido utilizadas durante décadas como centros de operación del narcotráfico y refugio de grupos armados ilegales. Estas tierras ahora serán destinadas a comunidades campesinas.

La aprehensión material de las fincas Valle Escondido, Bellavista, La María y La Arcadia, que suman en total 32 predios, fue realizada en articulación con autoridades judiciales, administrativas y de Policía. 

Estas propiedades fueron epicentro de operaciones de capos como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, y Cristian Fernando Borda Gómez, conocido como ‘El Harlista de la Mafia’, quien llegó a movilizar desde esta zona hasta 12 toneladas de cocaína mensuales antes de ser extraditado en el 2009.

El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró desde el lugar: “No venimos a legitimar mafias, venimos a recuperar tierras y devolvérselas al campesinado. Solicitaremos las investigaciones necesarias, porque las tierras del Estado deben estar al servicio del pueblo”.

El procedimiento se llevó a cabo gracias a un convenio interinstitucional entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que permite asignar terrenos incautados en procesos de extinción de dominio para fines sociales y productivos. 

Esta acción concreta es parte de la política de Reforma Agraria del Gobierno, orientada a reparar los daños causados por décadas de conflicto armado y abandono institucional.

En el pasado, estos predios fueron utilizados como corredores logísticos para el tráfico de estupefacientes, puntos de acopio de marihuana y cocaína, y bases para el control territorial de estructuras armadas como las Auc y las extintas Farc. En contraste, hoy se proyectan como espacios para la producción agrícola, la generación de empleo rural y la reconstrucción del tejido social.

La intervención no solo representa una recuperación física, sino un acto de justicia territorial. Los predios pasarán al Banco de Tierras y serán adjudicados a víctimas del conflicto y familias rurales que cumplan con los criterios de acceso a la tierra.

Con esta medida, el Estado colombiano reafirma su compromiso con la transformación del territorio: donde antes operaban redes criminales, ahora se cultivará paz y desarrollo.

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