Colprensa | LA PATRIA
El Juzgado 42 de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la orden para que Catalina y Francisco Uribe Noguera no puedan salir del país, para que respondan penalmente por su presunta participación en el crimen de Yuliana Samboní.
En una apelación presentada por la defensa de los procesados, pedían que se les levantará la medida de aseguramiento, sin embargo, la jueza del caso consideró que se debía mantener la prohibición para que no puedan salir al extranjero, y además deberán tener buena conducta y notificar la dirección de su domicilio, ante las autoridades.
La jueza acogió los argumentos de la Fiscalía, luego de que la entidad indicará ante el despacho que los hermanos podrían huir de Colombia, al no tener una medida restrictiva en su contra.
“Se confirma el auto del Juzgado 68 de Control de Garantías que en audiencia del 7 de enero, a través de la cual se impuso una medida no privativa de la libertad, consistente en no poder salir del país”, señaló la jueza.
En los próximos días, la Fiscalía radicará en el Centro de Servicios de Paloquemao el escrito de acusación contra los hermanos por los delitos de favorecimiento al secuestro y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio, por su presunta participación en el crimen de Yuliana Samboní, ocurrido en diciembre de 2016.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, los hermanos habrían buscado favorecer a su hermano Rafael Uribe Noguera, confeso agresor de la menor, borrando una serie de mensajes de texto y registros de llamadas telefónicas, que habían realizado entre ellos el día de los hechos.
El ente acusador pudo establecer que los Uribe Noguera borraron parte de las comunicaciones, incluso las hechas en el celular de Rafael Uribe Noguera, en busca de darle credibilidad a la versión que inicialmente quisieron dar ante las autoridades.
La Fiscalía tuvo la cooperación de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), entidad que pudo establecer que las llamadas e interacciones por whatsapp que tuvieron el 4 de diciembre del 2016, y los días posteriores al crimen fueron alteradas, y borradas. Los celulares de los tres hermanos fueron entregados a la Fiscalía el 14 de diciembre de 2016.
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