Esta es una de las 12 fincas incautadas.

Fotos | Cortesía Fiscalía | LA PATRIA Esta es una de las 12 fincas incautadas.

Autor

EFE | LA PATRIA | Bogotá

Un juez impuso medidas cautelares a cuatro millonarias fincas rurales que supuestamente pertenecieron a dos exjefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, informó este lunes la Fiscalía.

Se trata de cuatro fincas que pertenecieron a "Jorge 40", excomandante del Bloque Norte de las disueltas Auc, valoradas en un total de más de 25.000 millones de pesos (6,1 millones de dólares o unos 5,7 millones euros).

La primera, denominada finca Matuzalén, está ubicada en Sabanas de San Ángel, en el caribeño departamento de Magdalena, y habría sido utilizado como centro de reuniones del Bloque Norte de las Auc, según la Fiscalía, que indica que realmente está vinculada a Leónidas Duque Hurtado, hombre de confianza de "Jorge 40".

Los otros tres inmuebles son las fincas El Joropo, El Prado y la Pechichona, también en Magdalena y Valledupar (Cesar), que estarían a nombre de una empresa y de la esposa de Jorge 40, quien fue extraditado en 2008 a EE.UU. acusado de narcotráfico y en 2020 fue devuelto a Colombia, donde se le acusa de numerosos crímenes, desplazamiento forzado, entre otros.

A Macaco se le vincula con los otro ocho lotes ubicados en la vereda Las Cruces de Filandia (en el departamento del Quindío, en el Eje cafetero), los cuales tienen una extensión de 152 hectáreas y están avaluados en más de 12.171 millones de pesos (casi 3 millones de dólares o 2,7 millones de euros).

"La Fiscalía ha identificado patrones comunes usados con el fin de ocultar las propiedades de alias Macaco, como transacciones, testaferros y la constitución de fiducias para esconder la negociación, los dineros y la titularidad de los predios", apuntó el ente acusador.

Todos los bienes cuentan ya con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo y serán entregados por la Fiscalía al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración.