JEP documenta 2 mil desaparecidos en área de Hidroituango

EFE | LA PATRIA | Bogotá

2 mil 95 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, todos del área de influencia de la central eléctrica de Hidroituango, en construcción en Antioquia, señaló ayer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El alto tribunal estableció que las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por paramilitares como el Bloque Mineros y el Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de la antigua guerrilla de las Farc, y por unidades de la fuerza pública.

De acuerdo con la JEP, los datos "permiten constatar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50% de las víctimas)".

El auge de estos crímenes se dio durante los años 2001 y 2002, cuando fueron desaparecidas 358 personas, mientras que las cifras se redujeron de manera consistente a partir del año 2010.

Emergencia de Hidroituango

La central eléctrica fue declarada en emergencia en mayo del 2018 por problemas técnicos al parecer por supuestas irregularidades en los procesos de contratación de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsable de la construcción del proyecto.

El problema comenzó con un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce del país, que quedaron represadas por el embalse en construcción.

En octubre del año pasado la antropóloga Timisay Monsalve, de la Universidad de Antioquia, encargada del traslado de cementerios que quedarían inundados por la presa de Hidroituango, reveló que 349 cuerpos fueron exhumados de los camposantos informales de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, pero solamente 25 fueron identificados.

Por este caso la JEP avanza en la práctica de pruebas para contrastar información relacionada con la existencia de lugares de inhumación en zona de influencia de Hidroituango, entre ellas una inspección aérea y fluvial a las zonas inmediatas afectadas por el proyecto.

Ocho cuerpos encontrados

La JEP atiende las solicitudes de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), "que procura el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio" colombiano en los que se sospecha que pueden estar enterrados cuerpos de desaparecidos, entre ellos el área de influencia de Hidroituango.

En el proceso han sido encontrados ocho cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, en el municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa.

Los cuerpos se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia y sobre ese hallazgo la JEP investiga posibles irregularidades en el traslado y manejo de los restos.

Según la JEP, las víctimas halladas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecuciones y en estado de indefensión.

"Estos ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango", detalló el tribunal.

Los resultados revelados fueron construidos con información del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía, la Unidad de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD).

Comisión de la Verdad eleva queja a la CIDH

La Comisión de la Verdad, creada a instancias del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc, alertó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los obstáculos que ha tenido para acceder a información pública sobre el conflicto, informó ayer el organismo.

Puntualmente, la comisión hizo cinco peticiones a la CIDH para que reconozca la labor e importancia de su trabajo frente a los derechos de las víctimas del conflicto y que en su informe anual, en el capítulo relativo al seguimiento a Colombia, presente un balance de la situación que han sorteado para hacer su trabajo.