Para Maydany Salcedo, cada vez que se extrae petróleo de la Madre Tierra es como si le “sacaran la sangre a un ser humano”. Argumentos de este tipo, en pro del medioambiente, hacen que esta lideresa social sea una de tantas mujeres del mundo rural colombiano que viven bajo la sombra de las amenazas.
“Allá asesinan y desaparecen, pero pareciera que no pasa nada”, lamenta Salcedo sobre la situación que actualmente se vive en Piamonte (Cauca).

Las cifras corroboran su denuncia, octubre, con 17 asesinatos, fue el segundo mes más violento este año para los líderes sociales, según un informe de la Fundación Pares.

Oriunda de Río Blanco (Tolima), Salcedo siente una especial conexión con el agua ya que, para ella, siempre fue su “psicóloga y consejera”. Por eso no dudó en denunciar y redactar comunicados cuando las multinacionales que llegaron a Piamonte empezaron a arrojar crudo a ríos y caños, afectando a la potabilidad de las aguas y al río Caquetá.

Sin embargo, asegura que ninguno de los requerimientos presentados ante la Justicia prosperó porque “aquí en Colombia, ser defensor del medioambiente y de los derechos humanos es como ser un criminal”, dice.

“Es mejor ser un delincuente, un narco o un grupo al margen de la ley porque hay más protección para ellos que para los que somos defensores”, agrega.

Cambiar de estrategia

Uno de los reclamos que la defensora hace desde la Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca (Asimtracampic) es que se cree una “mesa humanitaria en la región andino-amazónica” para evitar que los civiles sigan “en medio del conflicto.

“No queremos hacer parte de esa disputa por el territorio que tienen grupos nacidos de la noche a la mañana y que ahora quieren hacer diálogos con el Gobierno”, manifiesta mientras pide al Ejecutivo que hable primero con los campesinos y luego con los actores armados.

Crítica similar hace la lideresa de la etnia wayúu Jakeline Romero Epiayu, que pide al Estado a replantearse el modo en que desea “inducir la garantía del derecho a la consulta previa”, para que obedezca al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Este documento reconoce el derecho de los indígenas a participar en las decisiones que las afectan de forma directa; el derecho a mantener y fortalecer su cultura, formas de vida e instituciones, y a establecer sus prioridades en relación al desarrollo.

Mercantilizar el hambre

Romero denuncia que las multinacionales sumieron al departamento caribeño de La Guajira en la “mercantilización del hambre” mediante una “asimetría en el diálogo” y al azuzar los “conflictos interclanes”.

“Cuando una comunidad está en proceso de consulta previa con la empresa, esta le dice que si no tiene agua le contratará un carrotanque que le traiga semanalmente. Luego, cuando la comunidad cuestiona algo que va mal, esta amenaza con no mandarlo más”, denuncia.

El activismo de esta defensora natural de Barrancas, municipio de La Guajira destacado por la explotación del carbón, se despertó en los años ochenta cuando un tío suyo comenzó a trabajar en la mina de El Cerrejón para “limpiar la mierda”, el único trabajo que entonces se le permitía a los wayúu, según dice.

“Cuando volvía de trabajar, siempre cuestionaba el trabajo que hacían. Fue un wayúu muy adelantado para su época por su conocimiento. Desapareció un 13 de agosto de 1985 y nunca supimos de su paradero”, relata. Ver a su abuela “morir de tristeza”, pese al “espíritu rebelde” que siempre admiró de ella y que la llevó a convertirse en la gestora de la primera escuela de su comunidad fue el germen de lo que es hoy: una defensora de la tierra y los derechos humanos.

“Yo crecí en esa angustia porque, para las familias wayúu, enterrar a nuestros muertos es sagrado y hace parte de la espiritualidad del pueblo. Fue muy humillante no poder enterrarlo (al tío)”, recuerda.

Un sistema que olvida a las mujeres

Para Romero, la vulnerabilidad de las defensoras se agudiza no solo porque las amenazas de los actores armados también caen sobre sus familias, sino porque la Justicia carece de cualquier atisbo de perspectiva de género.

A la fecha, Romero y Salcedo coinciden que “el aparato de Justicia en Colombia es injusto”. Sin embargo, ninguna de ellas se plantea cesar su lucha porque, en palabras de la segunda, “a pesar de todo, seguimos resistiendo porque preferimos morir de pie antes que vivir arrodillados”.

162 líderes sociales y defensores de DDHH han sido asesinados en Colombia en lo corrido del año 2022